El Gobierno está haciendo del dar palos de ciego una auténtica especialidad, tal vez para adornar su reconocida habilidad en echar balones fuera. Tras el disparate de los 420 euros, el Gobierno parece haber decidido que la sanidad bien podía soportar una nueva incoherencia, a ver qué pasa. Después de ampararse de manera increíblemente absurda en unas supuestas normas de
Un ejemplo clarísimo, y disparatado, de improvisación es la reciente decisión de excluir a la población reclusa de los llamados “grupos de riesgo” a la hora de las vacunaciones. La medida que ha tomado el Ministerio de Sanidad no encaja de ninguna manera con los principios que, según ellos mismos, deberán inspirar esas campañas. Si hay algún grupo social que esté sometido a riesgo de contagio por hacinamiento es el de los reclusos, que, además, padecen, como es notorio, un alto número de problemas sanitarios (drogas, SIDA, tuberculosis, hepatitis, etc.), y de forma mucho más intensa que el conjunto de la población.
Como la medida es impresentable, Instituciones Penitenciarias ha decidido correr una cortina de humo sobre el número de presos afectados por la gripe, y sobre los que en el futuro pudieran padecerla. Esta vez acierta el Gobierno, porque no hay mejor política informativa que la del cerrojazo cuando se quiere mantener el tipo y se toman medidas claramente absurdas.
A estas alturas no se sabe con entera certeza hasta qué punto puede llegar a ser grave la extensión de la gripe con la llegada de las bajas temperaturas, pero sí se sabe que las medidas preventivas han de ser inteligentes, coherentes y rápidas. El Ministerio de Sanidad no está haciendo nada de eso, por muchas reuniones de coordinación que celebre, o se proponga celebrar. Cuando la prevención suscita alarma, está mal hecha. Cuando se toman medidas que son contradictorias con los principios en que dicen inspirarse, es inevitable temerse que, como dice el refrán, el remedio pueda ser peor que la enfermedad.