La huelga del Metro de Madrid y el paro disimulado de los controladores de Barcelona tienen en común el ser dos acciones que muestran un profundo menosprecio de esos individuos hacia los intereses de los ciudadanos, hacia quienes les pagan por su trabajo. Se trata de colectivos bien atendidos desde el punto de vista salarial, los controladores, mejor que bien, como se sabe, pero que no parecen dispuestos a renunciar al poder del chantaje, a enfrentarse sin trucos y sin chulería a la negociación de un status razonable para ellos.
En el fondo de sus acciones subyace el mito obrerista y organicista que es una de las grandes rémoras que la democracia ha heredado del régimen anterior, un mito que, por más que se trasvista, no deja de ser el disfraz de una inmunidad intolerable. La responsabilidad de los políticos que no se han atrevido a poner en su sitio al poder sindical haciendo una ley de huelga es enorme. Así no se puede vivir, secuestrados par la voluntad de cuatro señoritos de rompe y rasga cuyo único poder es su capacidad de intimidación que se funda únicamente, en el fondo, en el complejo obrerista y paternalista de la izquierda española, y de la derecha, que, aunque pretendan modernizarse, siguen atrapadas en la creencia hipócrita de que determinados derechos sociales no son formas indefendibles de privilegio.