Los teóricos del Estado moderno establecieron que, genéricamente, el Estado debiera ser una institución dedicada a proteger la paz civil y a preservar los derechos básicos de los ciudadanos. Algo más tarde, ya en pleno siglo XIX, Benjamin Constant distinguió lo que llamó la “libertad de los antiguos”, su derecho a participar en las asambleas que decidían las cuestiones públicas, de la “libertad de los modernos” que tenía un objeto aproximadamente contrario, olvidarse relativamente de las cuestiones de gobierno y descansar en las instituciones representativas para que los ciudadanos pudiesen dedicarse a vivir en libertad sin interferencias ni temores, es lo que luego llamó Isaiah Berlin, la libertad negativa, la ausencia de trabas a la iniciativa individual y privada.
Cuando el Estado ha crecido de manera casi exponencial, acrecentando sus funciones hasta inmiscuirse en casi cada uno de los aspectos de la vida humana, su financiación se ha convertido en un problema muy grave y se ha llegado a la situación paradójica de que los Parlamentos, cuya función original fue controlar y fiscalizar el gasto de los poderes públicos, se hayan convertido en los principales demandantes de gasto, aprobando leyes y subvenciones públicas que exigen impuestos cada vez más altos. En esta situación, si los ciudadanos no tienen medios para controlar las actividades y los gastos de las administraciones, si no existe transparencia plena, resultará milagroso que no se produzca una desviación creciente de los fines asignados a los recursos públicos, que no se genere un clientelismo político estéril y que no se produzca corrupción. En eso estamos.
En aquellas democracias, como las anglosajonas, en las que los ciudadanos son muy conscientes de ser los únicos cuyo esfuerzo fiscal soporta el gasto público, porque distinguen, por ejemplo, con toda nitidez, el precio de un producto de los impuestos que soporta, o el salario real de las exacciones a que se ven sometidos, es fácil mantener un nivel alto de transparencia porque los ciudadanos saben que se está gastando su dinero. En los otros casos, los más comunes, o se establecen sistemas para promover y controlar la transparencia en el gasto, o la corrupción tenderá a hacerse cada vez más estructural y más incontrolable. Lograr esto debiera ser la principal preocupación de las instituciones de la sociedad civil.
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