La entrevista de hoy en El País al Decano del colegio de abogados de Madrid es un ejemplo realmente notable de empecinamiento en que Antonio Hernández-Gil reconozca lo que según el periódico está pasando, esto es que se está molestando a alguien a quien consideran un intocable. Pero no pasa nada de eso, lo que ocurre es que los abogados quieren que se respete el derecho que les asiste a no ser controlados por nadie cuando ejercen la defensa de sus clientes, y esto es algo que el juez Garzón, persuadido de que su poder no conoce límite alguno, no ha vacilado en pisotear sin mayor motivo.
El País sigue uno y otro día mostrando de qué manera entiende la información, como una forma de imponer lo que le conviene que se crea, un estilo de hacer información que desgraciadamente no se limita a ese periódico. Esta conversión de los periódicos en meros órganos de poder y de influencia es seguramente una de las cosas más graves que ha pasado en la política contemporánea española.
Los electores españoles tienen una peligrosa tendencia a ejercer el voto de una manera confesional, más allá de cualquier juicio crítico hacia las fuerzas políticas de su preferencia. La prensa libre tendría que haber jugado un papel decisivo en suavizar los contornos dogmáticos del enfrentamiento político. El País de los últimos años no la ha hecho, desde luego. Pero con el asunto del juez Garzón está desplegando una desvergüenza realmente asombrosa. Cualquiera diría que tienen algo muy grave que agradecerle.