Categoría: garantías procesales

Garzón frente a la ley

Seguramente nunca imaginó el Garzón borracho de poder en los días de su gloria que nadie fuere a atreverse a procesarle, porque, con el Gobierno a sus píes, y la vara de la justicia en su mano, se sentiría  omnipotente, inaccesible a cualquier censura. Ésta es, sin embargo, la grandeza de la democracia y de la ley, que nadie, como recordó recientemente el Rey ante otro caso doloroso, está ni por encima ni al margen de ella, absolutamente nadie, ni siquiera Garzón, como empezará a comprobar muy pronto.
La diferencia entre la democracia y el totalitarismo reside fundamentalmente en esa constatación, en que la ley se aplique de manera universal, sin excepciones, también a los jueces. Garzón ha actuado en muchas ocasiones con la convicción de que, dada la supuesta bondad de sus fines, la condena del franquismo, la lucha contra la corrupción, aunque solo fuese la de la derecha, por supuesto, o establecer su muy peculiar idea de la justicia con lo que le conviniera, no tenía que respetar ni leyes, ni procedimientos. Sus instrucciones han sido anuladas en muchas ocasiones precisamente por el descuido de los detalles, por esa obsesión por ir al bulto e, invariablemente, por su afición a provocar la noticia. Para conseguir lo que pretendía, Garzón no ha reconocido frenos ni límites, y su desgracia va a consistir, precisamente, en que la ley sí los reconoce, es más, se asienta precisamente en su respeto, en las normas, los procedimientos y las cautelas que, de manera muy especial, deben respetar los jueces precisamente porque tienen en sus manos la vida, las propiedades y el honor de los ciudadanos que se han de someter a sus juicios. 
Con la débil disculpa de una Justicia absoluta, mostrando la más completa confusión de la Justicia, que es ciega e imparcial, con un izquierdismo ridículo y risible, quienes ahora defienden, contra toda evidencia, a Garzón, tratan de obtener argumentos para ocultar sus fechorías y los disparates jurídicos cometidos en la supuesta excelencia inmaculada de los fines que todos ellos persiguen, de unas quimeras que supuestamente autorizarían cualquier arbitrariedad, como violar los derechos de un detenido, cobrar suculentas cifras de quienes iban a comparecer ante su tribunal, o procesar a los muertos.
Comisiones Obreras ha cometido el desliz de prestar sus salones para que una tribu de exaltados haya confundido la solidaridad con Garzón con un ataque en tromba hacia el Tribunal Supremo dando lugar a un acto en el que se han escuchado las barbaridades más arbitrarias, injustas e inciviles que se puedan decir contra la independencia de la Justicia. Garzón va a tener, sin embargo, la suerte de ser juzgado con el máximo de cautelas, con una dosis masiva de prudencia y rigor en las disposiciones para asegurar la independencia de la Justicia. Garzón va a gozar de todas las garantías que él ha regateado a quienes caían en sus manos. Se enfrenta no a uno, sino a tres procesos, y es difícil esperar que aumenten el esplendor de su gloria. Hay que estar muy fuera de los cabales para ver en el Supremo un “instrumento del fascismo”, un “aliado de la extrema derecha” o un enemigo de la “legalidad nacional e internacional”, como sostuvo Jiménez Villarejo frente a los aplausos delirantes de los incondicionales del juez que ahora se enfrenta a esa Ley que ha de ser siempre igual para todos, incluso para él y sus secuaces. Hay que esperar que la ley brille, pero, lamentablemente, también se puede dar por sentado el espectáculo.


Palabra de Woz

Garzón se salta las garantías

Entre las muchas corruptelas y actos delictivos que resplandecen en lo que se ha ido sabiendo del sobreexplotado caso Gürtel, no debería pasar inadvertido un hecho, que pudiera ser considerado delictivo, y que, en cualquier caso pone en cuestión la nulidad de buena parte del sumario por su insólita gravedad. Al parecer, el juez Garzón, decidió grabar conversaciones privadas entre algunos de los procesados y sus abogados. De ser cierta esta noticia, Garzón habría violado de manera flagrante el marco jurídico que da sentido al derecho de defensa. Tal vez cupiera pensar que el juez Garzón, que, por ejemplo, no se mostró muy cierto de la muerte de Franco, desconozca la legalidad al respecto, pero no parece que una excusa de este jaez pueda servir de mucho, ni siquiera en beneficio de Garzón, un magistrado que pisotea los bordes de la legalidad con la aparente disculpa de ser un profesional ligeramente chapucero.

Afortunadamente, los abogados no han permanecido en silencio frente a la revelación de semejantes irregularidades que han obtenido la repulsa del Consejo general de la abogacía, mientras, tanto el Colegio de Abogados de Madrid, como los profesionales afectados, han anunciado que presentarán querella contra un juez que podría empezar a coleccionarlas, lo que resulta sobremanera llamativo. Se trata de un asunto ante el que el Consejo general del poder judicial tampoco debiera permanecer al margen, aunque eso pudiere suponer algún disgusto a los que habitualmente se erigen en defensores de las irregulares peculiaridades del famosísimo juez.

La doctrina según la cual todo vale con tal de hacer Justicia es, además de muy peligrosa, enteramente ajena a cualquier régimen democrático, y se da de bruces con nuestro sistema jurídico que es absolutamente garantista. Es muy probable que se hayan de modificar o pulir algunos extremos del garantismo, mas esta no es tarea que pueda dejarse al arbitrio de un juez que, audazmente, sea capaz de colocarse por encima de la ley con tal de conseguir tales propósitos. La conducta que pueda estimarse ejemplar en un aventurero romántico no puede servir de plantilla para un juez, cuya obligación no es la obtención de discutibles objetivos, sino la administración de justicia con respeto a las garantías que protegen a los imputados y que, en último término, se fundan en su derecho constitucional a la presunción de inocencia. Ni siquiera en el caso Gürtel, cuya podredumbre lleva espantando desde hace largos meses a los españoles decentes, puede un juez, y tampoco Garzón, tomarse la justicia por su mano.

En fin, parece que puede haber llegado el momento de que, quien actúa como si desconociese por completo normas procesales relativamente elementales, llegue, finalmente, a conocer su existencia y a valorar su importancia, defendiéndose de los graves hechos que se le imputan. Esperemos que la Justicia sepa ser siempre ciega, especialmente ante casos que seguramente puedan obnubilar a más de uno.