Los socialistas, y la izquierda en general, han sustentado su fama en la curiosa doctrina conforme a la cual han de ser juzgados por lo que dicen promover, nunca por lo que efectivamente hacen. Cuando se examina la conducta de los gobiernos socialistas se comprende muy bien lo indispensable que resulta mantener esa doctrina exculpatoria, lo que alcanza caracteres de urgencia escandalosa cuando se considera el comportamiento de los socialistas al frente del Ministerio del Interior. La Gaceta publicó ayer la primera parte de una entrevista al señor Amedo, quien hubo de cargar públicamente con todas las responsabilidades derivadas del caso GAL. Meses después de que Felipe González realizase unas declaraciones en que ponía de manifiesto lo atentamente que seguía las acciones encubiertas del Ministerio, aunque para presumir de no haber ordenado una masacre que, a su entender, hubiesen aprobado los electores, Amedo da nuevas informaciones sobre cómo se desarrolló aquella chapuza inmunda que igualó las acciones del poder legítimo con las fechorías de los criminales comunes.
Me gustaría llamar la atención sobre una diferencia esencial entre una acción ilegal y encubierta de carácter criminal, y una orden política que, aunque pueda bordear los límites de la legitimidad, pueda resultar admisible, reside, precisamente, en la disposición a asumir la responsabilidad política correspondiente en quienes la hubieran ordenado. Se entenderá muy bien si se recuerda un ejemplo obvio: cuando, hace ya un par de décadas, los servicios secretos ingleses ametrallaron, de manera completamente ilegal, a un grupo de militantes del IRA en territorio español, la señora Thatcher acudió inmediatamente al Parlamento a declararse responsable de aquella acción, de manera que, se piense lo que se piense, de su conducta está claro que asumió todas las consecuencias que pudieran haberse derivado de su acción sin tratar de escurrir el bulto ni de empapelar a intermediarios que cargasen con el muerto, y nunca mejor dicho, pues fueron varios. La conducta de los socialistas en el Ministerio del Interior ha sido y continua siendo exactamente la contraria. Lo que Amedo nos cuenta remacha algo que ya sabíamos, que no solo las órdenes ilegales en relación con el caso GAL partieron de la autoridad política, el Ministro y el Presidente, sino que toda la preocupación de los altos cargos de Interior y del PSOE se centró en cómo engañar a la opinión pública, en negar cualquier responsabilidad en lo ocurrido, refugiándose en la mentira cobarde y en la manipulación judicial, contando, como no, con Garzón por medio.
Se hace imposible no relacionar estos hechos con casos que son, desgraciadamente, actualidad, tanto más cuanto algunos de los protagonistas de unos y otros siguen siendo los mismos. De la misma manera que los socialistas pretendían negar que el GAL existiese, y echaron todas las culpas sobre los policías que ejecutaban sus órdenes pretendiendo el absurdo de que actuaban por cuenta y riesgo propios, asistimos ahora a un rosario de disparates ridículos en relación con el indigno chivatazo policial que evitó la desarticulación del sistema de cobros ilegales de ETA, eso que se conoce como caso Faisán. Es realmente estremecedor contemplar las similitudes en ambos casos, el empeño en negar la evidencia para encubrir al de más arriba, en la esperanza de que éste los encubra luego a todos. Lo más asombroso es que dos de los nombres clave en este sainete grotesco coinciden con dos de las personas decisivas en el devenir del caso GAL, tal como ponen de manifiesto las declaraciones de Amedo, con Garzón y Rubalcaba. El señor Garzón ha puesto toda su habilidad para desestabilizar procesos judiciales en conseguir que el caso Faisán durmiese eternamente el sueño de los justos en un cajón de su despacho. Pero la justicia, que es lenta pero implacable, y que podría volver a abrir determinados aspectos del caso GAL, a nada que decida estudiar los documentos que un testigo de excepción como Amedo está poniendo en sus manos, ha echado por tierra esas pretensiones y ha obligado a que un juez tan mañoso como siempre ha sido Garzón haya de salir por piernas de su juzgado, y tenga que recurrir a procedimientos de imagen, a cargo siempre de los chicos de la ceja, para tratar de salvar lo muy poco que queda de su supuesto prestigio justiciero. Pero la presión de Rubalcaba sigue en plena faena, pretendiendo el absurdo de que, como en el caso Gal, unos policías pudieran tomar por su cuenta y riesgo la iniciativa de intervenir a su aire en un proceso tan delicuescente como el de las relaciones de este Gobierno, inepto y sin principios, con la banda terrorista.
Hay otro aspecto de las maniobras socialistas en Interior que también ahora se pone manifiesto: no se trata únicamente de su absoluta inmoralidad, de su desprecio a los principios más elementales de la democracia, de su capacidad para intentar cazar como sea los gatos de cualquier color, de su olvido de las normas lógicas acerca de cómo y en quién recae la responsabilidad en las acciones del gobierno. Hay, por desgracia, bastante más, una muestra completa de la chapucería más vergonzosa, de la incapacidad y la ineficacia de quienes no saben hacer bien ni siquiera lo que se disponen a hacer muy mal, por las bravas y saltándose cualquier dique moral, cualquier principio de limitación, algo que, a muchos de ellos, les suena, sin duda alguna, a música celestial.