Categoría: legislación laboral

Segunda carta a Pablo

Me pregunta también Pablo sobre la forma de reducir el número de funcionarios, al tiempo que se interesa por las razones que hay para que los requisitos de las pensiones hayan subido para todos menos para los parlamentarios, y muestra su indignación con el hecho de que los políticos cobren varios sueldos al tiempo por hacer, en el fondo, una única cosa.
Las dos últimas cuestiones son muy simples, porque demuestran, únicamente, que los políticos, como colectivo, han perdido el respeto a los electores. Que se atrevan a aprobar leyes y prácticas tan claramente beneficiosas para su situación, al tiempo que endurecen, aunque fuere necesario hacerlo, las condiciones de todos los demás, muestra su desvergüenza, sin excepciones.
Lo de los sueldos es algo más discutible, pero me parece que roza el esperpento en muchos casos. Al comienzo de la democracia había una mayor sensibilidad para esto, pero con el paso del tiempo se han ido perdiendo las maneras y se ha hecho normal el acumular salarios con toda naturalidad. Creo que es algo que debería someterse a criterios objetivos y de ejemplaridad, pero, con todo, no alcanza el grado de sinvergonzonería de lo de las pensiones.
Lo de los empleados públicos es también sencillo de explicar y relativamente fácil de arreglar, pero los políticos tratarán de evitarlo porque más funcionarios significa para ellos, indefectiblemente, más poder y, dado que los principios constitucionales para proveer las plazas de la función pública, mérito, capacidad y libre concurrencia, se suelen olvidar por supuestas razones de urgencia, eso se traduce en la posibilidad de hacer más favores, naturalmente a los amigos y correligionarios que, aunque hayan entrado por la puerta de atrás o por la ventana de la pura recomendación, años después, se convertirán en funcionarios de carrera.
Hay que subrayar que, en los dos últimos años, el empleo en el conjunto de las Administraciones Públicas, ha crecido en cerca de 300.000 personas, al tiempo que se cerraban  casi medio millón de empresas. Es decir, que la clase política seguía gastando dinero de los impuestos que nos ahogan en gastos innecesarios y en sueldos que, en su gran mayoría, también lo son, porque no responden a nada más que a desorganización, descaro y nepotismo político.
Ayer mismo almorcé con un diplomático, que ha sido  Embajador de España, que es uno de los muchos al que el Ministerio  mantiene sin hacer nada, no tiene ni que ir a la oficina. No se trata de un caso excepcional. Los españoles armarían una revolución si pudiesen comprobar el enorme número de personas que supuestamente trabajan para ellos y que, en realidad, no hacen nada, a veces ni siquiera aparecen por el puesto de trabajo, además de que hay otros que, si van, es peor.
No sirve el consuelo de que en Europa pasa, más o menos, lo mismo, que es un argumento que se suele emplear por los que se dicen defensores de lo público. No es verdad y, en todo caso, en ningún país serio se pueden dar los casos realmente increíbles que aquí tanto abundan. Es evidente que hay funcionarios que trabajan mucho e incluso que trabajan bien, pero invito a cualquiera que tenga un amigo o un conocido funcionario a que le pregunte si en su trabajo sobra o no sobra gente (¡ojo! que no sea sindicalista, que dirá que hay que  meter a muchos más!).
A mi me parece que el caso actual de España es que sobra, como mínimo, un 30 por ciento de empleo público, y en algunos sectores bastante más. ¿Cómo se podría arreglar todo esto? Creo que habría que hacer varias cosas bastante radicales:  primero, acabar con el carácter vitalicio de la función pública salvo en casos muy especiales, como el de la inamovilidad de los jueces, por ejemplo. Se trata de una medida a largo plazo pero importante. Otra cosa que habría que hacer es facilitar la salida, incluso mediante incentivos, de todos los que, tras una auditoria bien hecha, se muestre que son innecesarios. Tercero, favorecer muy intensamente la competitividad interna de los funcionarios que hoy es prácticamente nula.
Nada de esto se puede hacer con la legislación laboral que tenemos, los jueces devolverían sus empleos a todos los despedidos con sustanciales indemnizaciones, ni con los actuales sindicatos, que son meros conservadores de privilegios laborales particulares, ni mientras los españoles sigan premiando en sus votos una cultura política estatista y de izquierdas, que también promueve, a mi modo de ver con gran irresponsabilidad, el PP cuando habla de los gastos sociales como si fuera algo intocable, que no lo es.
Como verás, soy pesimista. Puede que, de continuar el deterioro económico del país, al que, sinceramente no veo freno eficaz a corto plazo, los españoles que viven de su trabajo se den cuenta de que no pueden soportar por más tiempo el mantenimiento de unas administraciones tan costosas y tan ineficientes; también puede suceder que nos intervengan desde fuera y nos impongan, de uno u otro modo, medidas serias en este terreno. En cualquier caso, me parece que habría que impulsar una toma de conciencia de que es insostenible un crecimiento continuado del sector público en la economía, y de que es necesario mejorar nuestra ética pública, introducir la accountability, que los organismos den cuenta de lo que  hacen y de en qué emplean a sus trabajadores.
Como muestra baste un botón: Telemadrid, que es la TV autonómica más barata de toda España, tiene un share medio del 8% y se gasta en ello unos 138 millones de euros, con un déficit de explotación de unos 17 euros por madrileño al año, que, insisto, es el más bajo de todas las autonómicas, de manera que si hubiese puesto el ejemplo de cualquier otra televisión pública el caso sería más grave. Pues bien, las televisiones privadas, ganan dinero y no nos cuestan nada, en principio. Y así, en muchas otras cosas que el Estado, las Autonomías y los Ayuntamientos hacen de manera menos eficiente que las empresas privadas. La función pública debería quedar, en exclusiva, para los jueces, los militares, los inspectores de hacienda.. y poco más. Y por supuesto, cuando el inspector de Hacienda, o similar, pida excedencia para irse a ayudar a una empresa privada, debería perder su condición de funcionario público. Bueno, vale.
¿Una campaña contra Google?

Un trámite vergonzante

El Gobierno pasó ayer por el Congreso su reformita laboral. No contento con evitar encararse con los problemas del empleo, se nos sometió a una de esas sesiones parlamentarias que producen hastío y algo más que un poco de vergüenza. Los grupos parlamentarios fueron a lo suyo, y evitaron, como de costumbre, ir a lo nuestro, a discutir en serio los problemas de la economía, de la productividad y del empleo en España.
Los grupos parlamentarios han hecho suya una actitud un poco ridícula en función de la cual votan lo que les conviene a ellos, y no lo que puedan creer que nos convenga a nosotros, en el caso de que se preocupen de ello. Han confundido tanto sus intereses con los nuestros, que no caen en la cuenta de que a la mayoría de los españoles les resulta hiriente e incomprensible este permanente tacticismo, que nos aburre dejar siempre para luego los auténticos debates, la confrontación de ideas, el intento de convencer a los españoles de que hay soluciones mejores a nuestros problemas.
El Gobierno, lo decíamos ayer, ha presentado un parche a todas luces insuficiente, una prueba más de que este gabinete no da más de sí. Los grupos debieran haber dicho que no a ese remiendo, porque no resuelve nada, y nos va a traer, como advirtió claramente Rajoy, un nuevo impulso judicializador en las relaciones laborales, es decir más inseguridad, menos garantías de efectividad, ningún aliciente para invertir. ¿Por qué se atreve el Gobierno a presentar tamañas reformitas, consciente, de que no van a llevar a ninguna parte? La razón es muy simple: el gobierno juega sus bazas sabiendo que sus propuestas no van a ser tumbadas por miedo a las consecuencias, y eso le autoriza para presentar medidas de medio pelo, le evita tener que reconocer que está de más, que no le queda nada que aportar en esta legislatura largamente agonizante.
Es verdad que podría haberse producido alguna confusión si el voto negativo hubiese aunado al PP y a ERC, a Convergencia y a IU, pero también es muy negativo que la abstención facilite las dilaciones y jugarretas del gobierno. La manera menos negativa de presentar este asunto es suponer que los grupos que se han abstenido lo han hecho por una especie de responsabilidad hacia la inestable situación de la economía española, pero eso es solo media verdad. El PNV ha aprovechado, como suele, para mercadear su no rechazo y tratar de condicionar los presupuestos venideros; Convergencia y Unión sigue en su propio calendario y haciendo caso omiso, en el fondo, a las necesidades de sus electores, que desean, sin duda alguna, un cambio completo del marco laboral para conseguir abreviar el tiempo que nos queda para que la economía se recupere.
El PP ha vuelto a ponerse ligeramente de perfil y a explicar que tiene soluciones mejores y más consistentes, pero sin atreverse del todo a hacerlas nítidamente explícitas. El PP debería perder los temores a mantener en este punto una posición clara, comprensible, y comprometida, como la que mantiene en otros asuntos, por ejemplo, en su negativa a las negociaciones con ETA. El PP gusta de compararse con las virtudes de los años de Aznar, pues bien, habría de preguntarse lo siguiente: ¿Sacó algo en limpio el PP del paso atrás a consecuencia de la huelga? ¿Se benefició nuestra economía de plegarse a las amenazas sindicales? Nosotros creemos que la respuesta es que no, en ambos casos, y nos tememos que el PP no acabe de sacar las lecciones oportunas de ese error del pasado.
[Editorial de La Gaceta]