Este Gobierno ha resuelto, bien es verdad que a su pesar y a ultimísima hora, apretar el bolsillo de los españoles para que las cuentas públicas mejoren de aspecto, pero no da ninguna sensación de tomarse en serio la receta en lo que se refiere a sus gastos. El mismo Gobierno que se apresta a endurecer las pensiones alargando la vida laboral, y que le ha sustraído a la mayoría de empleados públicos, excepción hecha de un selecto grupo de buenos amigos, un porcentaje de sus sueldos, continúa gastando en las cosas más absurdas y sin sentido, disfrutando con la pólvora del Rey como si esa conducta fuese razonable y ejemplar.
Es comprensible que un gobierno que vive la compra de voluntades, como acaba de verse meridianamente en el caso del pacto con el PNV, se resista a seguir aplicando el procedimiento, pero resulta obsceno que, quienes han limitado tan drásticamente los ingresos del personal, sigan viviendo alegremente y sin hacer el menor sacrificio, como si nadie se diese cuenta de su falta de vergüenza y de sensibilidad.
Gastar por gastar, es lo que muchos ministros entienden por buen gobierno, de modo que cuanto más se gaste, mejor, porque siempre quedará algún margen para la arbitrariedad y el mangoneo. Hoy mismo publicamos varias informaciones que revelan la frivolidad de esta administración con el gasto. Ante el marasmo de la administración de justicia, el gobierno se dispone a gastar a toda prisa y en no se sabe muy bien qué, la friolera de 50 millones de euros, ¡confiando en el buen criterio de los proveedores para que el gasto pueda justificarse de alguna manera! Gastando así, sin programas, sin concursos públicos, sin trasparencia, y sin control alguno, se pueden hacer muchos favores, pero raramente se consigue cumplir los objetivos de racionalidad y eficiencia a los que la administración pública está legalmente obligada. No se trata de ninguna excepción, sino de una tradición de dispendio perfectamente programada y puesta al servicio de los intereses políticos del Gobierno.
Si esta clase de defectos hubiesen sido consecuencia de alguna falta de advertencia, el Gobierno podría haber empezado a poner coto a raíz de la infinita serie de disparates que trajo consigo el desdichado plan E. Hoy mismo damos cuenta del caso de un alcalde que se gastó 200.000 euros del disparatado Plan en hacer una discoteca, pero como todo el mundo sabe, el anecdotario de picardías ha sido infinito en ese rosario de obras perfectamente prescindibles y sin sentido en las que Zapatero decidió gastarse un dinero que no tenía, pero que le venía bien para alegrarles las pajarillas a muchos de sus devotos, para animar el cotarro electoral.
La falta de austeridad en el gasto es un escándalo cuando cada euro que se gasta de más se convierte en una carga insoportable sobre las futuras generaciones, pero eso importa poco a los que ahora están en el machito, sobre todo si consiguen forrarse mientras tanto. Bono, por ejemplo, que ha doblado varias veces el presupuesto del Congreso, ha organizado las cosas para que los fastos del XXXIII Aniversario de la Constitución no se vean privados de su campaña publicitaria, un gasto perfectamente estúpido y cuyo monte debiera ser devuelto a las arcas públicas si hubiese un mínimo de decencia, y a alguno de estos personajes les importase realmente el bienestar de todos. Los millones de electores que están dando la espalda a Zapatero ya han caído en la cuenta de este descaro: se está quedando sin partidarios, y tiene que mantener a los beneficiarios gastando sin medida.