Cuando se leen textos de historia en otras lenguas, llama la atención, por ejemplo, que lo que nosotros solemos denominar “guerra de la independencia contra los franceses” se conozca como una parte más de las “guerras napoleónicas”, cosa que, sin duda, nos procura una cierta cura de humildad. No vendría mal, sin embargo, que hubiese alguna vez una cierta guerra por la independencia, porque aquí no abundan ni la capacidad de pensar por cuenta propia, ni la objetividad y la libertad de criterio, mientras que podríamos ser primera potencia en sectarismo, parcialidad, y necio dogmatismo.
La falta de independencia que tanto se hace notar está vinculada muy estrechamente con una visión confesional de la política, con la fidelidad, con razón y sin ella, a una ideología maniquea, como suma de bienes sin mezcla de mal alguno, y con el hecho de que aquí sólo se aprecie la fidelidad perruna, la sumisión absoluta al amo.
Lo curioso es que la generalización de ese rasgo de conducta sumisa es más reciente de lo que se suele creer. El otro día leyendo una carta escrita en 1825 por Thomas Jefferson, tal vez el más importante de los padres fundadores de la democracia americana, me encontré con que usaba tanto el término “liberal” como el término “servil”, con el sentido que se había hecho usual entre los políticos españoles del XIX. Tanto “servil” como “liberal” pueden datarse con otro sentido en épocas anteriores de nuestra lengua, pero los liberales del XIX les dieron el sentido político con que las usa Jefferson y con el que se han exportado a la lengua inglesa, entre otras. Serviles o servilones eran los que no querían otra cosa que el absolutismo fernandino, los que detestaban la libertad, la igualdad, los enemigos de la Constitución. Servilismo, en particular, es palabra que describe muy bien la condición de quienes están dispuestos, al precio que sea, a acudir presurosos en auxilio del vencedor, a apoyar al que manda, a obedecer en todo a quien les ha dado lo que estiman que, de otra manera, jamás habrían podido alcanzar. Para nuestra desgracia, casi doscientos años después, el servilismo vuelve por sus fueros, aunque, naturalmente, con los afeites de la época. Servilismo y sectarismo son, pues, sinónimos políticos que expresan dos incapacidades, la de atenerse a otras consideraciones que las establecidas por el que manda, y la falta de valor para mantener dignamente las posiciones propias, en especial cuando se ostente un cargo, por ejemplo judicial, que obligue específicamente a ello.
Creo que esta consideración es especialmente adecuada para comentar la reciente decisión respecto a Bildu. Que el Tribunal Constitucional se haya metido, con prisa y nocturnidad, a reconsiderar una decisión del Tribunal Supremo, inventándose unos motivos de inconstitucionalidad que apenas pueden simular la arbitrariedad y el absoluto menosprecio a lo que establecen las reglas del juego, no es una noticia que pueda alegrar a nadie con dos dedos de frente. Ese Tribunal se ha convertido demasiadas veces en un cayado de la arbitrariedad política en lugar de haberse limitado a ser un árbitro absolutamente irreprochable de la Constitución. Su origen político no debería ser explicación suficiente para esa indignidad. Bastaría con que los magistrados se hubiesen tomado en serio a ellos mismos, pero eso es más de lo que algunos pueden alcanzar sin perder el equilibrio.
Una pregunta importante, y no muy fácil de contestar, es la que se refiere a los beneficios políticos inmediatos que sus impulsores esperan de tamaña cacicada. Mi sospecha es que cuando el asunto del terrorismo estaba razonablemente encarrilado, ha tenido que venir Zapatero a mostrarnos lo genial que es y a liarla de nuevo. Yo no estoy de acuerdo con el fondo político de la sentencia, que me parece un error, pero que, como todo, se puede discutir, pero me parece fuera de dudas que el Tribunal Constitucional en lugar de hacer su trabajo con dignidad y calma, ha decidido probar, una vez más, que a él nadie le gana en servilismo, y que está dispuesto a arrebatar la imagen de eficacia que ofrece la Guardia Civil de los chistes, esa mítica capacidad para encontrar, si fuere el caso, al asesino de Manolete, cuando se le requiera para ello en tiempo y forma.
Pero, ¿qué es lo que gana Zapatero? Si lo que persigue, al parecer, es que los españoles vuelvan a sentir miedo del PP, hay que reconocer que sigue teniendo una habilidad muy especial para calcular los costes de sus iniciativas. Es dudoso que obtenga lo que pretende, y que la apuesta por el miedo vuelva a ser rentable a estas alturas, pero el daño hecho a la objetividad, a la poliarquía, a la democracia liberal, y a la decencia política, me parece mucho más grave y difícil de curar que el hecho lamentable de que la democracia española se deje ningunear tan fácilmente por las triquiñuelas de cuatro abogados al servicio de una banda de criminales.
[Publicado en El Confidencial]
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