Las leyes y la cultura democrática

Popper dejó escrito que las instituciones no bastan si no se ven acompañadas por tradiciones correctas. Creo que el que no pase eso es el primer problema español. Aquí entendemos que la democracia consiste en hacer lo que se le antoje a un grupo cualquiera, sin que nadie se lo impida, eso es el derecho a decidir en brillante invención catalana («mucho ruido y pocas nueces», decía Unamuno), pero claro, eso supone olvidar que la ley es expresión de una voluntad general más amplia y que nunca debe sobrepasarse. La buena cultura política aconseja ni acercarse al límite de lo tolerable por la ley, mantenerse en una zona clara y plácidamente legal, pero aquí se entiende que no puede haber ninguna ley contra el deseo organizado. Es la consecuencia de haber vivido demasiado tiempo a la fuerza y haber descubierto tarde la fuerza de la movilización, además de darle un objetivo inadecuado, como lo es el ir contra la ley y contra su espíritu y su fundamento, que no es otro que la unidad política, y nacional, del conjunto de sujetos que la legitimaron y la continúan legitimando.  Se puede ir contra eso, naturalmente, pero no se puede ir saltándose la ley, mintiendo y chantajeando, ni con derechos a decidir ni con reinserciones de asesinos que no se arrepienten de nada, ¿cómo podrían arrepentirse si piensan haber ganado? 
Se trata, siempre, de la estrategia de ETA, unos pocos, muy duros, contra todos los demás, con el auxilio de quienes creen beneficiarse de esa lucha o se protegen de ella para no ser víctimas. Lo sorprendente es que la cobardía política, y no poca ignorancia, haya permitido darles la razón, justificarlos a posteriori, y legitimar, de paso, cualquier nueva forma de barbarie, que puede haberla, no nos engañemos, porque resultaría rentable. En esto tenemos que cambiar, y hacerlo en nombre de la democracia, de la ley, y no solo de la paz. 
Timos digitales

Cuestiones simbólicas

Un alcalde de CiU se ha sentido molesto porque el Delegado del Gobierno le ha exigido que ponga la bandera nacional en el Ayuntamiento de su localidad. Además de alegar que la había quitado por razones no políticas, el alcalde listillo ha dicho que lamenta que el Gobierno se preocupe de cosas simbólicas en lugar de preocuparse de la crisis económica. El argumento es de coña, y más viniendo de quien viene. Buena parte de nuestra crisis económica se debe al exceso de simbolismos nacionalistas, y a que unos y otros se dediquen a vaciar las ubres del Estado, el bolsillo de todos, con argumentos identitarios, casi siempre bastante peregrinos. Esta vez el Gobierno ha hecho lo que debía, y si lo hubiese hecho más veces tendríamos menos problemas simbólicos, y menos problemas económicos, porque nunca es barato pasarse la ley por salva sea la parte con el bello motivo de que uno es de no se dónde o se siente no sé cómo. No es simbolismo, es la ley, que es también un símbolo. 
Escaramuzas legales contra el éxito de los Androides

El juez meticuloso

Esto de ser juez debe ser cosa difícil, sin duda. Si siempre es peliagudo no equivocarse, más rudo será no hacerlo cuando se ha de decidir sobre historias complejas, y que acaso no se entiendan bien. Se supone que la tarea debiera ser simple sabiendo derecho, pero me temo que no sea el caso. Lo que los jueces deciden no tiene que ver solo con el derecho, sino con la vida, que se complace en ser excepcional de manera casi continua.

Me parece que el juez que ha condenado a unos periodistas de la cadena SER pertenece a la rama de los meticulosos, que es una de las formas de ejercer la judicatura (la fama, como es bien notorio, es otra, muy vocacional, al parecer), es decir, una manera de actuar que se atiene a la letra de la ley para evitar cualquier extravío. Esa forma de actuar tiene sus ventajas, pero cualquier exceso puede convertirnos en necios.

Al parecer, el juez argumenta que el derecho que ampara a los medios de comunicación no es aplicable a Internet. La razón se me antoja clara: no debe haber ninguna ley que diga que Internet sea un medio de comunicación y, seguramente sucederá, además, que la ley que establece el tal y cual de los medios no menciona a Internet. En consecuencia.., al trullo.

Sospecho que este juez haya podido estudiar filosofía analítica, o cosas aún peores, porque me parece estar oyendo a Russell cuando decía aquello de que la lógica es la ciencia de no sacar conclusiones. Nuestro juez, muy puesto en lo suyo, ha acudido a los libros y la respuesta ha sido clara: si no se dice que Internet sea un medio de comunicación, y la ley los enumera para que quede claro de que se habla, no hay que sacar torpemente la consecuencia de que lo es, pese a todo.

Podemos imaginar al juez perdido entre millones de páginas para tratar de establecer qué es Internet, y poder juzgar en consecuencia, pero también podemos imaginarlo menos curioso, más positivista, constatando que la ley no menciona a Internet entre los medios. El juez ha podido pensar: ¿Qué debiera ser así? Pues que lo pongan, porque de momento hay que aplicar la legislación vigente.

Esto es lo malo de preferir la ley al buen sentido, pero que quede claro que, de preferir el buen sentido a la ley, acabaríamos en una revolución, y no parece que los magistrados estén deseando eso, entre otras cosas, porque podrían perder parte del no escaso poder que tienen.

Como nunca se sabe en lo que puede acabar una ley tomada al píe de la letra, habría que recomendar a los jueces la consideración de algunos principios de sabiduría, como, por ejemplo, la lectura del refranero. Prueben con este. “No se pueden poner puertas al campo”. Este juez ha sido sensato en su oficio y temerario en su sentencia porque, salvo que sea un tipo enteramente angelical, habrá podido imaginarse la que se iba a armar. Tal como está lo de los jueces, pudiera tratarse de un intento desesperado de salir en los papeles.

No hay democracia sin respeto a la ley

La democracia liberal se funda en dos principios que, en cierto modo, tienen un sentido contrario. Como explicó brillantemente Ortega, la democracia establece quién debe mandar, mientras que el liberalismo impone unos límites precisos al poder legítimo. La ley es, precisamente, el conjunto de esos límites, porque establece con nitidez qué puede hacer el Gobierno y qué no puede hacer de ninguna manera. 

Entre nosotros, el respeto a la ley no es una costumbre sólida. La ley está ahí, pero eso no suele ser equivalente a que la ley se cumpla. España está inundada de leyes que no se aplican, tal vez porque, en parte, se hayan hecho precisamente para eso. Me parece que esa idea de que puedan existir y existan leyes que no se aplican resultará intraducible, por lo menos, al alemán y al inglés. Si eso se complementa con el abundante conjunto de leyes cuya aplicación resulta imposible o, incluso, absurda, tendremos una primera aproximación a lo que los españoles entienden por ley y al respeto que le profesan. 

Hay que aclarar urgentemente, sin embargo, un equívoco muy común. No es que no cumplamos la ley debido a nuestro supuesto carácter anarquista, a la peculiar manera en que entendemos lo de la soberanía popular. No. La razón de la general falta de respeto que los españoles suelen sentir por la ley se funda en una de las más recias y sólidas tradiciones políticas de nuestra historia, a saber, en que el primero que la incumple es el Gobierno.   Siendo el Gobierno el principal insumiso, no tiene nada de particular que los españoles apliquen habitualmente esa sabiduría popular que establece dar la vida por el amigo, negársela al enemigo, y aplicar la legislación vigente al indiferente, lo que suele tenerse por castigo nada pequeño. 

Estos días que hemos estado con especulaciones sobre el cambio de Gobierno, se ha podido comprobar la ligereza con la que el Presidente se toma la propia estructura del Consejo de Ministros. No es que esa estructura sea inviolable, pero todos sabemos que su cambio no ha producido nunca otra cosa que gasto inútil y confusión añadida. Aquí se añaden Ministerios de Igualdad o de Diferencia por razones tan fútiles que resultan ridículas y lo sorprendente es que el respetable pierde el tiempo indagando el sentido profundo de unas alteraciones que no significan nada. ¿Alguien recuerda algún cambio en la estructura de gobierno de los Estados Unidos? Tal vez se deba a que los americanos no saben hacer política como es debido. Este asunto sirve para mostrar que lo que los gobiernos españoles suelen querer es poder hacer su real gana, sin limitación alguna. En esto siguen siendo franquistas y considerando que el poder y la legitimidad residen en una misma persona, antes en El Pardo, ahora en la Moncloa. 

Ya he dicho que la falta de respeto a la ley por parte del Gobierno se remonta en España, al menos, hasta Fernando VII, pero, por razones de eficacia, me concentraré en ejemplos del presente. ZP ha dado muestras de que la legalidad le importa casi tan poco como la economía, y que ambas realidades le parecen un campo apropiado al ejercicio de la más desenfrenada y creativa imaginación. Al llegar al Gobierno,  dio la orden de retirada de Irak sin reunir al Consejo de Ministros, esto es, actúo como si fuese el Presidente de los Estados Unidos y no el de un órgano colegiado en una monarquía parlamentaria. Minucias, pensaría él, si es que alguien se atrevió a insinuarle que no era claro que pudiera hacerlo de ese modo. Ya puestos, anuló una ley orgánica, la de educación, con un simple decreto y anunció que la ley del Plan Hidrológico nacional era papel mojado, aunque la metáfora no haga justicia a la sequía. 

Así las cosas, no tiene nada de extraño que la Vicepresidenta haya podido votar sin derecho a hacerlo en Valencia, o que el simpático Bermejo se dedicase al furtiveo de modo profuso y aparatoso. Naturalmente, si el Gobierno no cumple las leyes, ¿para qué han de hacerlo los jueces? Aquí, los jueces no entienden que su papel pueda limitarse a aplicar unas leyes que nadie respeta, de manera que los más aguerridos se dedican a la interpretación de la ley, seguros de que nadie les va a meter mano, porque eso no se hace entre compañeros,  y porque el respetable gusta de esta clase de espectáculos de justicia inmediata, y sabe que lo de las garantías y los procedimientos no se aplica nunca al que roba una pera, de manera que al trullo con todos. 

No es extraño que, en esta atmósfera alegal, muchos españoles se sientan muy libres. Ahí es nada poder hacer lo que a uno le da la gana. Es lo que hacen muchos profesores al poner nota, muchos guardias al poner multas, muchos funcionarios al tramitar expedientes. Actúan como soberanos porque nadie les va a discutir a ellos sus atribuciones. España está llena de Ínsulas Baratarias en las que, desgraciadamente, suele faltar el buen sentido y la humildad de Sancho, que algo había aprendido junto a su integro y enloquecido maestro. 

[publicado en El Confidencial]