La democracia se inició en España cuando Adolfo Suárez se propuso, con el apoyo de todos, hacer políticamente normal lo que en la calle era normal. Pronto comenzaron los políticos a olvidarse de un propósito tan sensato y, en consecuencia, hay de nuevo dos Españas, la de la calle y la de los políticos. El caso más obvio es el de la política territorial. Las autonomías no han evolucionado como la gente deseaba, para acercar el poder a los ciudadanos, para evitar el centralismo y la burocracia; su desarrollo ha supuesto exactamente lo contrario, más burocracia, nuevos centralismos y mayores dificultades para la vida común, para gestiones y negocios.
La actualidad política debería estar centrada en los esfuerzos de todos para superar una gravísima crisis que afecta a nuestro modo de vivir, a nuestras expectativas, pero, gracias al estupefaciente caso del Estatuto catalán, estamos todos en otra cosa. Son muchas las razones del desencuentro entre los intereses de los políticos y las inquietudes de la gente, pero la raíz de todas ellas está en que los políticos se olviden de quienes representan, y se dediquen exclusivamente a manejar en su propio beneficio los resortes del poder que les conferimos.
El caso del Estatuto es ejemplar. El Estatuto no ha nacido, como se empeñan en repetir, de un mayor deseo de autonomía de los catalanes. Los catalanes de verdad no habían manifestado nunca el más ligero descontento con el Estatuto vigente desde 1979. Su modificación fue una ocurrencia de ZP para desmarcarse del PP y romper las reglas del juego que habían permitido las dos victorias electorales de Aznar en 1996 y 2000. Para algunos socialistas, si la democracia permite el triunfo de la derecha es que algo está mal, y Zapatero se propuso arreglar ese algo, “cueste lo que cueste”, como dice ahora. Naturalmente, los políticos catalanistas vieron el cielo abierto y no acababan de creer el regalo que llovía del cielo: un presidente, español y socialista, dispuesto a pasarles por la derecha en su nacionalismo, y pensaron, naturalmente, que quien ríe el último ríe mejor.
Una vez instalados en este escenario surrealista, las anomalías no han dejado de multiplicarse. Muchos barones regionales de ambos partidos decidieron sumarse al festín y se lanzaron a promover absurdos estatutos de segunda generación, justamente cuando la mayoría de los españoles ya estaban pensando que, de ser necesaria una reforma, habría de ser en el sentido de dotar al Estado de mayores medios de control y de coordinación en infinidad de materias en las que el ámbito territorial adecuado era el nacional, y no el de los nuevos territorios regidos por señoritos deseosos de blindaje, boato y embajada.
La farsa del Estatuto bien puede terminar en tragedia porque nunca acaban bien los intentos de los políticos por ir más allá de lo que razonable. Una vez que el Tribunal Constitucional declarase inconstitucionales varios aspectos esenciales de un Estatuto antiliberal, megalómano e innecesario, los disparates han alcanzado el delirio. Montilla, que pretende engañar a no se sabe quién tratando de ser más catalán que la butifarra, se pone al frente de una manifestación contra la sentencia, es decir contra la ley. Zapatero que, al parecer ama a Cataluña sobre todas las cosas, promete corregir la sentencia, que ya es suficientemente chapucera debido a las impúdicas presiones de su gobierno, por la vía de hecho y se une al preámbulo inconstitucional del estatuto al proclamar que Cataluña es una nación política, un nuevo concepto surgido de su inagotable verborrea. Hay que reconocerle que está a punto de lograr un milagro: ahora que no tiene dinero para comprar a los insaciables, ha conseguido ofrecerles leyes de nueva planta a medida de sus intereses.
Todo esto es absurdo, y también desastroso. Es normal que muchos políticos parezcan no inmutarse mientras haya garantías de que puedan seguir en su puesto; lo que no es normal es que les sigan votando los que son preteridos a mayor honra, por ejemplo, de los políticos catalanes y vascos. Lo realmente anómalo, lo verdaderamente misterioso, es que los votantes no tomen nota de lo que están haciendo en su nombre, que siga habiendo andaluces, extremeños y cántabros, por no agotar la enumeración, que vuelvan a depositar su voto en un personaje entregado a los intereses de los nacionalistas, de quienes están haciendo de la democracia una caricatura, a quienes han instaurado una nueva religión civil que incluye mandatos tales como impedir que los niños de un albergue puedan ver la final del campeonato del mundo ¡porque juega la selección española! Pues bien, quienes votan a Zapatero votan también a quienes más odian a los españoles, a quienes nos desprecian, a quienes cobran el sueldo a nuestra costa para levantar murallas de incomprensión y desigualdad, algo que no interesa lo más mínimo a los ciudadanos de Cataluña, ni, desde luego, al resto de los españoles.