Categoría: transparencia

#TransparenciaG2020

He tenido el placer de participar en la confección de un documentado informe sobre transparencia, obra, sobre todo, de Elisa de la Nuez, que esta mañana se ha presentado en el CSIC. Merece la pena echarle algo más que un vistazo. En  mi opinión, si algo queda claro es que la transparencia es imprescindible en democracia, que no cuesta dinero sino que lo produce, y que depende de que los ciudadanos sepamos presionar para que se generalice. Sólo así España podrá aspirar a ser un país de primera, dejándonos de deslizar hacia el abismo  de las democracias y naciones fallidas. 
Movistar no aprende

Una sociedad civil que no quiere saber

Los teóricos del Estado moderno establecieron que, genéricamente, el Estado debiera ser una institución dedicada a proteger la paz civil y a preservar los derechos básicos de los ciudadanos. Algo más tarde, ya en pleno siglo XIX,  Benjamin Constant distinguió lo que llamó la “libertad de los antiguos”, su derecho a participar en las asambleas que decidían las cuestiones públicas, de la “libertad de los modernos” que tenía un objeto aproximadamente contrario, olvidarse relativamente de las cuestiones de gobierno y descansar en las instituciones representativas para que los ciudadanos pudiesen dedicarse a vivir en libertad sin interferencias ni temores, es lo que luego llamó Isaiah Berlin, la libertad negativa, la ausencia de trabas a la iniciativa individual y privada.
Cuando el Estado ha crecido de manera casi exponencial, acrecentando sus funciones hasta inmiscuirse en casi cada uno de los aspectos de la vida humana, su financiación se ha convertido en un problema muy grave y se ha llegado a la situación paradójica de que los Parlamentos, cuya función original fue controlar y fiscalizar el gasto de los poderes públicos, se hayan convertido en los principales demandantes de gasto, aprobando leyes y subvenciones públicas que exigen impuestos cada vez más altos. En esta situación, si los ciudadanos no tienen medios para controlar las actividades y los gastos de las administraciones, si no existe transparencia plena, resultará milagroso que no se produzca una desviación creciente de los fines asignados a los recursos públicos, que no se genere un clientelismo político estéril y que no se produzca corrupción. En eso estamos.

En aquellas democracias, como las anglosajonas, en las que los ciudadanos son muy conscientes de ser los únicos cuyo esfuerzo fiscal soporta el gasto público, porque distinguen, por ejemplo, con toda nitidez, el precio de un producto de los impuestos que soporta, o el salario real de las exacciones a que se ven sometidos, es fácil mantener un nivel alto de transparencia porque los ciudadanos saben que se está gastando su dinero. En los otros casos, los más comunes, o se establecen sistemas para promover y controlar la transparencia en el gasto, o la corrupción tenderá a hacerse cada vez más estructural y más incontrolable. Lograr esto debiera ser la principal preocupación de las instituciones de la sociedad civil.
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Los acampados y un manifiesto

Sobre la acampada se han podido escribir casi tantas crónicas y reflexiones como visitas ha tenido. La consecuencia es inevitable: agotamiento y disolución, decidan lo que decidan los últimos en llegar, esos que deben apagar la luz, según el dicho popular y no lo saben. Puede que eso signifique frustración para algunos, pero no será mayor que la que ya tenían, será, si acaso algo más de luz. Estoy seguro, sin embargo, que la curiosa noticia de este suceso, una realidad a medias entre alguna esperanza insensata y una más que mediana muestra de africanización, habrá dejado en quienes sean capaces de ello un poso de reflexión, de remolino sobre la pertinencia de nuestras ideas y lo que nos pasa, eso que se sabe tan mal. No, desde luego, entre los partidos, máquinas pensadas para lo inmediato y lo obvio, que son, a estos efectos, tontos pertrechos de guerra y de poder, ni entre los muy seguros, pero sí entre los que no estén ciertos de si van o vienen, que somos los más, aunque no se sepa. Hay, además, una enorme dificultad para pasar del síntoma al diagnóstico y, no se diga, al remedio. La acampada ha sido, por eso, también un escenario de locura en que había muchos enfermos seguros de ser los mejores doctores, de tener la solución a un mal que no comprendían pero que les duele, y eso siempre merece algún respeto, cuando no es cinismo, que lo era en muchísimos casos.
Ahora hay que esperar que tanta palabra y tanto gesto no hayan sido del todo vanos y que produzcan alguna chispa de reflexión, como la de este manifiesto de la Escuela Contemporánea de Humanidades que tiene su miga y no es nada africano, con perdón. Todo lo que subraya es importante, y eso no es poco. Apenas aflora sentimiento de impotencia, lo que es mucho; mi única crítica estaría en anteponer el cambio de lenguaje a la idea de justicia, la que más subyugó a Platón, porque poner el carro delante de los bueyes no conduce a nada, y lleva a incurrir en el desdichado  equívoco de la transparencia.

La SGAE critica el modelo de negocio de Google

Hay noticias que no pueden leerse sin estupor. Ahora resulta que nuestra benemérita SGAE critica la «opacidad» del modelo de negocio de Google y la posición dominante del gigante de Internet. Trato de hacerme cargo del asunto: se ve que como SGAE es modelo de trasparencia, quiere que todos practiquen esa virtud. Asombroso. No hay cristiano que sepa cómo y cuáles son las cifras de negocio de la SGAE, pero ellos se ponen como modelo de trasparencia.
Todavía tiene mayor gracia la acusación de posición dominante, ellos que tanto facilitan la competencia a sus posibles y temerarios rivales.
Que unos pájaros que viven del menudeo con ayuda de los poderes públicos, y de leyes más que discutibles, se atrevan a criticar a una compañía que vive únicamente del valor de sus hallazgos, es realmente increíble. Definitivamente, en este país los mentirosos son los amos, unos artistas.

Los problemas de los españoles

EL CIS viene preguntando desde hace tiempo a los españoles sobre cuáles son, a su juicio, los tres problemas que más nos afectan. Se ha subrayado el disgusto con los políticos, puesto que un 21,6 por ciento de españoles los identifican como uno de los problemas que padecen. Los otros dos problemas son el paro, identificado por un 82,9 por ciento, y la crisis económica que es señalada por un 45,3 por ciento.
¿Qué quiere decir todo esto? Desde que la democracia se estableció en España, no ya como un ideal, sino como un sistema político, se han hecho muy frecuentes los halagos al ya casi proverbial buen sentido de los electores, a la responsabilidad de los ciudadanos, a su sentido de la oportunidad política y un largo etcétera de supuestas virtudes cívicas. Sin embargo, si se mira más de cerca el asunto, esos elogios pueden ser, además de interesados, bastante improcedentes.
Nadie puede negar que el paro y/o la crisis constituyan una amenaza seria, ni que los políticos actúen de manera escasamente admirable. La cuestión importante es, sin embargo, muy otra. ¿Hasta qué punto es la sociedad española consciente de que esos problemas no constituyen un mal sobrevenido, sino que son la consecuencia obvia de nuestros comportamientos personales, de nuestras acciones y omisiones?
En lugar de elogiar al pueblo soberano, sería interesante hacerle ver que eso que nos pasa es, sobre todo, consecuencia de lo que hacemos, de las decisiones que tomamos, de nuestras costumbres y de nuestros valores.
Que los españoles prefieran la seguridad al riesgo, por ejemplo, no es algo irrelevante, de modo que cuando eligen ser funcionarios, en lugar de atreverse a iniciar nuevos negocios, no están ayudando mucho a fortalecer la economía productiva. Que los españoles abusen de las normas laborales (creando formas de absentismo que debieran ser delictivas), o usen los recursos de la sanidad pública de manera irresponsable, tampoco es algo que contribuya a hacernos más solventes y eficientes. Es preocupante que los españoles puedan ver la crisis económica o el paro como acontecimientos geológicos enteramente ajenos a sus hábitos y a sus conductas, y es sangrante que continúen sosteniendo a gobiernos que les repiten esa explicación insensata, o que les prometen el cielo, omitiendo cuidadosamente que habrán de pagarlo ellos, pese a que no lleguen disfrutarlo nunca.
Los españoles deberían acostumbrarse a ser menos indulgentes consigo mismos para poder ser mucho más exigentes con los demás. Que, por ejemplo, un profesor no atienda a sus alumnos, no esté al día en su materia, o no procure la mejora de la institución en que trabaja, y se queje de los males del país es de una hipocresía refinada. Nuestra costumbre de buscar chivos expiatorios lejos de nosotros mismos podrá ser psicológicamente interesante, pero es de una ineficacia prodigiosa además de intelectualmente indecente.
Esta manía de atribuir a otros nuestros males es doblemente absurda e impotente en lo que se refiere a la crítica de la clase política. Cuando los miembros de un partido se quejan, por ejemplo, de que la corrupción de algunos les afecta, habría que preguntarles qué han hecho ellos para garantizar que se respete la democracia interna, o para procurar que las cuentas del partido sean limpias, pero si han consentido en el secreto y en la cooptación, no tienen ningún derecho a quejarse de que la corrupción les manche, porque es el fruto maduro, como mínimo, de su indolencia y de su tolerancia con algo frontalmente opuesto a cualquier idea de la democracia.
Cuando se les acusa de corrupción, los partidos corren presurosos a refugiarse en la presunción de inocencia, para que, con la ayuda de la lentitud de la justicia, su politización y su manifiesta incompetencia, todo pueda acabar en rumores irresponsables que extiende el enemigo; con comportamientos de este tipo se permiten no hacer nada para evitar la corrupción, porque su condescendencia con ella es la otra cara de una subversión de fondo del sistema, de la absoluta ausencia de democracia interna, del cesarismo general de sus cargos internos, más intenso cuanto más cerca nos hallemos de la cúpula.
¿Es que los ciudadanos son responsables también de esto? Pues claro que sí, ¿quién si no? Es ridículo pretender que los males se vayan a arreglar por sí mismos, y que quienes viven espléndidamente abusando de los demás vayan a dejar de hacerlo por un ataque súbito de decencia. Esta regla es válida en todos los entornos, los negocios, la actividad profesional, la función pública, las relaciones del consumidor con las empresas, etc. pero es especialmente aplicable a la política. Solo si los ciudadanos promueven una cultura de transparencia, competencia y rendición de cuentas, seremos capaces de acabar con los problemas que se originan en nuestra pasividad y en nuestra boba complacencia con las monsergas que nos endilgan, mientras nos aligeran la cartera.

Las estructuras de la corrupción

La actualidad nos sitúa de continuo ante alguno de los episodios de corrupción política. Tenemos dónde elegir, aunque me imagino que el público tenderá a concentrarse en los episodios de aspecto más chusco, sin pensar en que nadie nos asegura ni de que lo que sale sea verdad, especialmente por venir de quien viene, aunque lo grotesco de los casos nos invite a creerlo, ni, menos aún, de que, con toda probabilidad, serán más importantes y graves los casos que no salgan de ninguna manera a la palestra. Con este tipo de asuntos, casi se puede afirmar lo que los entendidos dicen respecto a los apresamientos de droga a cargo de la policía, a saber, que solo acaban cayendo aquellos que les interesa a los auténticos y más poderosos capos.

La corrupción existe porque puede existir, pero puede existir porque los ciudadanos nos desentendemos de los asuntos públicos, descuidamos los mecanismos de control y, llevados de la comodidad, hemos decidido que todos los políticos son iguales y no merece la pena prestarles mucha atención. Este convencimiento es, por cierto, una de las finalidades que persiguen los que se encargan de ofrecernos carnaza abundante, aunque sea con la fórmula de mucho arroz para tan poco pollo.

El nauseabundo caso Gürtel, está consumiendo una porción de actualidad increíblemente desproporcionada con su real importancia especialmente debido a la tibieza y a la torpeza de los líderes, por decir algo, del PP. No estoy diciendo que sea poca cosa, que no lo es, sino que lo que hace que crezca su importancia aparente es una hábil combinación de la torpeza y la insensibilidad del PP, junto con la astucia de sus rivales para apartarles habitualmente de su lugar adecuado. Pero, con todo su fondo de podredumbre y miseria moral, el daño que se ha ocasionado a los caudales públicos es realmente mínimo, si es que ha habido alguno.

Entretenidos con Gürtel, no sabemos mirar hacia otras partes, incluso hacia esquinas directamente relacionadas con el caso de marras. Ayer mismo informaba este periódico de que el Gobierno había adjudicado a Teconsa, una empresa implicada en la trama por el pago de comisiones, un contrato de millones de euros, pese a que resultaba ser el más caro de las más de 20 ofertas presentadas y pese a que la situación patrimonial de la empresa seguramente no cumplía con los requisitos que exige, en teoría, la administración a las empresas que se adjudican sus contratos. Al parecer, según el sumario, el dueño de Teconsa había pedido ayuda previamente a Don Vito y este le recomendó vivamente la vía monclovita que, finalmente, funcionó de perlas, gracias al buen hacer de manos amigas y femeninas. No traigo a colación este caso para igualar al PSOE y el PP, comparación en la que no voy a entrar, ni porque no haya podido encontrar otro caso que afectase al PSOE para dar a este comentario cierto aspecto de neutralidad; no es este, desgraciadamente, el caso porque hay mucho para escoger. Lo que me parece relevante es la diferencia en la atención, como me parece escandaloso que nadie haya preguntado cuál ha sido, por ejemplo, la relación de gastos de nuestra embajada olímpica, un descarado caso de gratis total para nuestros sacrificados y menesterosos, aunque escasamente eficaces, conseguidores olímpicos. Relación, en un doble sentido, de listado de gastos y de relación con lo que se haya gastado la ciudad de Río, que nos ha dado un baño.

Nuestra democracia está universalmente en crisis y el diagnóstico no es muy bueno. Estamos en plena crisis constitucional, territorial, política y económica, estamos, muy probablemente, peor que en ninguno de los momentos de los últimos cincuenta años, peor incluso que cuando, no habiendo democracia, soñábamos en tenerla. Con este panorama hay quien cree que es sano que fijemos nuestra atención en las abundantes gilipolleces de Gürtel. No se trata ni de un buen consejo, ni de una receta desinteresada.

Tenemos una necesidad urgente de poner en píe una auténtica renovación de la democracia, un programa de reformas bastante radical que nos permita salir del atolladero en que estamos. Habría que impulsar, al menos, tres grandes proyectos y, de momento, los partidos están entretenidos en un pin-pan-pun aburrido y estéril. Hay que aumentar de modo considerable la trasparencia de la forma en que se produce el gasto público para evitar que aumenten de manera continua los negocios que se acuerdan en beneficio de los presentes, y a costa de los intereses generales. Claro que nada de esto puede hacerse sin una justicia independiente, siempre atenta a no molestar a Mister X, ni con un Fiscal general dispuesto a recibir cualquier clase de órdenes del gobierno. Tampoco puede haber justicia independiente mientras sigan existiendo jueces a los que ningún otro juez procese, pese a ser evidente que la ley les importa menos que a los delincuentes de oficio. Pero, sobre todo, habrá corrupción mientras la consintamos con una mirada de suficiencia.


[Publicado en El Confidencial]