Categoría: uso alternativo del derecho

La fiscalía y el embudo

La Fiscalía de Baleares, que ha propiciado tantas oportunidades para poner de manifiesto los supuestos escándalos y corrupciones de políticos del PP, que ha perseguido con tanto espectáculo y eficacia aparente sus cacareadas fechorías, está en manos de un personaje que no está más allá de toda sospecha, sino que todo indica que, al amparo de su posición, ha podido traspasar, hasta la fecha con total impunidad, las fronteras de la licitud y la legalidad con diversas actuaciones extremadamente discutibles, en unos casos curiosamente similares a las que han dado píe a la persecución de otros, en otros distintas pero no menos inadecuadas, y presumiblemente delictivas.
Según ha desvelado La Gaceta, no solo falseó los datos referidos a sus propiedades inmobiliarias, con la intención de pagar menos impuestos, una conducta que, si nunca es defendible, resulta gravemente escandalosa en el encargado de vigilar el cumplimiento de la ley, sino que ha hecho uso de los recursos de comunicación de que dispone como autoridad pública, para llevar a cabo actividades mercantiles que el estatuto fiscal, con perfecto sentido, considera ilícitas para sus miembros, tanto si las llevan a cabo por sí mismos o por interposición de terceras personas. No queremos negarle al señor Horrach su derecho a hacer pingües negocios en sitios de tan acrisolada legalidad y seguridad jurídica como Panamá; efectivamente, el señor Horrach tiene derecho a ser un águila comprando y vendiendo propiedades en condiciones ventajosas para su patrimonio, pero no tiene derecho alguno a hacerlo al tiempo que ejerce como fiscal anti-corrupción en Baleares, y mientras persigue con hipocresía digna de mejor causa a quienes no hacen cosas muy distintas a las que él ha hecho.
Se trata de un caso de burla de la ley absolutamente impropio en una persona especialmente obligada a la ejemplaridad y al cumplimiento escrupuloso de las leyes y de cuantas disposiciones se hayan establecido para garantizar el correcto cumplimiento de sus funciones y su absoluta imparcialidad hacia todos los ciudadanos.
Es interesante preguntarse qué piensan hacer sus superiores ante la gravedad de los hechos sacados a la luz. El Fiscal general del Estado debería tomar inmediatas cartas en el asunto para tratar de restablecer la confianza de los ciudadanos en las acciones de la fiscalía, aunque nos tememos que se pueda refugiar, como ha hecho en los numerosos casos que han afectado al señor Bono, en la curiosa disculpa de que la prosperidad personal y las riquezas no son indicio suficiente para suponer una investigación de los fiscales, curiosa no porque sea incorrecta, que no lo es, sino porque, tanto en el caso de Bono, como el del fiscal Horrach constituye una salida en falso, ya que no se sospecha de ellos por su patrimonio, sino por la inverosimilitud de lograrlo por medios lícitos, en el caso del todavía presidente del Congreso, y por las irregularidades cometidas por el fiscal balear para ahorrarse unos miles de euros, o para gestionar desde la comodidad de su cargo público diversos negocios ultramarinos en Panamá o Argentina. Las andanzas del fiscal anticorrupción constituyen actividades cuya incompatibilidad está pre­vista en la Ley 50/1981 que regula el estatuto del ministerio fiscal, y suponen una falta muy grave que puede llevar a la definitiva separación del servicio.
Por muchísimo menos que esto hay jueces y fiscales que han sido perseguidos, castigados y expulsados; si fuésemos optimistas esperaríamos que se haga justicia con este personaje, pero nos tememos que sus servicios a la causa acaben por cubrir con un manto de hipocresía sus escandalosas flaquezas.
[Editorial de La Gaceta]

El ministro Sebastián da la nota

Si se tratase de hacer un concurso sobre cuál sería el ministro más adecuado para ejercer el muy necesario papel de bufón gubernamental, un flanco que cualquier gobierno prudente nunca deja cruelmente desatendido, nos enfrentaríamos a una tarea de cierta dificultad, pero, en cualquier caso, siempre podríamos contar con el voluntarioso esfuerzo del alegre y dicharachero ministro de industria: nunca un personaje tan liviano sirvió a menester tan pesado.
Este buen señor ha dado un altísimo nivel en casi todos los controles a que ha sido sometido. Su nepotismo está fuera de duda y queda en muy buen lugar, aunque palidezca en comparación con la más amplia familia de su colega Pajín; su capacidad de usar del cargo para lavar supuestas afrentas personales ha establecido records difíciles de superar; su sectarismo, como no podía ser menos en un tipo tan pagado de sí mismo, raya a gran altura, y eso que todavía no ha dado de sí todo lo que lleva dentro. Veamos una serie de ejemplos: el grupo Intereconomía ha sido multado sañudamente, nada menos que con 100.000 euros, por culpa de un video que, a su entender, y no es que pongamos un duda su pericia en el caso, sino su imparcialidad, resultaba ofensivo para la tropa gay con la que, en el uso de su derecho, mantiene excelentes relaciones, aunque nada se decía en ese corto que no fuese manifestar la preferencia de esta casa por opciones simplemente distintas y sin menospreciar a nadie, pero, al entender de nuestro ministro, no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, y ojo con la frase porque es de Gracián, que era jesuita. O sea que, según nuestro ministro, el orgullo gay tiene premio y derecho, mientras que el orgullo, mayoritario, de no serlo, ha de ser severamente castigado. Lo curioso del asunto es que esa sensibilidad para defender el honor inmancillable de las alegres muchachadas ha experimentado un brusco parón cuando se trata de defender el derecho de los cristianos, sin duda menos interesantes e influyentes en el gabinete del ministro, a mantener una imagen de decencia y dignidad que les ha negado el señor Buenafuente en un video tan insultante como grotesco. El señor ministro no se ha dado por enterado, seguramente por estar entretenido contemplando las joyas audiovisuales que han obtenido los generosos premios de su departamento, aprovechando que el gobierno del que forma parte anda sobrado de fondos para lo que fuere.
La serie de bodrios que han recibido dinero público del ministerio Sebastián incluye auténticos monumentos al mal gusto, la mala educación y la grosería, tales como “España vista desde el culo”, o una animación en que aparecen unos marcianos agresivos y dedicados a la zoofilia y la sodomía mientras el off exalta sus jocosas actividades, o una cinta titulada “Feto y Aborto” que ensalza el carácter surrealista de la biología reproductiva. Es de un cinismo sin precedentes pretender que esta clase de productos puedan servir de sustento a una prometedora industria, cosa que no sucedería ni en Sodoma y Gomorra, menos en un país tranquilo que no acaba de entender como un ministerio que se supone habría dedicarse a asuntos de interés general presta apoyo a semejante bazofia. ¿Quién se ocupará de aplicar a las actividades que promueve este ministro tan peculiar el mismo tipo de vigilancia que él ejerce abusivamente sobre quienes no piensan como a él le gustaría? ¿Acaso no quedan jueces en España? ¿Es que alguien piensa en serio que esta clase de vómitos promueven el interés general?