La propuesta sobre la corrupción de este PP en manos de Rajoy y de abogadas del estado, muy propensas a confundir la política con lo que no es, es muy simple: más reglamentos, como si la corrupción fuese un defecto del ordenamiento. ¡Pues no! La corrupción no puede impedirse por decreto, ni siquiera es fácil que pueda hacerse más difícil. La única manera de combatir la corrupción es asumir la responsabilidad cuando se ha consentido, y marcharse a casa, no sin presentarse a declarar ante un juez por si hubiera aspectos penales que examinar. Rajoy hace todo lo contrario: protege a Bárcenas, se dedica a disimular y a refugiarse en que ningún juez haya condenado, de momento, a su partido mientras empeña todo su poder en impedir que eso pueda llegar a suceder.
Se juega su futuro político a la carta de impedir la condena judicial, y, al hacer eso, comete dos errores casi criminales: el primero, confundir la política con el derecho penal, tan garantista que parece hecho a medida para que los chorizos no sufran su peso, y, en segundo lugar, no le importa hundir la imagen moral de su partido con tal de que él y los suyos continúen por algún tiempo en el machito. Es una falta de generosidad y de grandeza política de tal calibre que condena a los españoles a una política miserable, al engaño, el disimulo y el fanatismo, que es el único apoyo con el que podrán contar en el futuro los que no teman ser tenidos por los chorizos de la derecha.
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