José Bono es un hombre de recursos y que no duda en inspirarse en toda clase de fuentes cuando se trata de conseguir lo esencial. Ahora, al imponer un abrupto final en la comisión parlamentaria que lleva las relaciones con el Tribunal de Cuentas se habrá inspirado, sin duda, en lo conveniente que resulta dejarlo todo atado y bien atado, conforme a las enseñanzas recibidas en sus años mozos.
Al dar este carpetazo, ha impedido que los diputados ahonden en un tema que él conoce bien, y en el que está seguro de que no hay nada que, saliendo a la luz, vaya a redundar en su bien ganado prestigio de hombre hacendoso y capaz de construir, tacita a tacita, un envidiable patrimonio. Pretende enterrar así un asunto que podría traerle algunos quebraderos de cabeza con quienes no acaban de estar convencidos que las lecciones de economía doméstica de Bono, indudablemente exitosas, puedan servir de texto en cualquier escuela de negocios.
El informe en el que se trabaja, afecta de manera muy directa a la fiscalización de su etapa como presidente al frente de la Junta de Castilla-La Mancha, y en particular a lo que se conoce como “caso Seseña”, un asunto que nada tuvo que ver, seguramente, con los afectuosos detalles que el constructor de esa ciudad, ha tenido con Bono y su parentela más inmediata, como el Porsche Cayenne que le regalo a la entonces esposa del avispado político, que fue, además, uno de los grandes benefactores de la Hípica que Bono levantó sacrificadamente para satisfacer las querencias ecuestres de uno de sus vástagos. El presidente de las Cortes ha debido pensar, en un arranque de humildad, que no pretende que le vitoreen, y que ya es sobradamente conocido lo mucho que él ha hecho siempre que ha podido por facilitar viviendas dignas a sus paisanos.
El “caso Seseña” constituye, sin embargo, uno de los casos más irregulares y sorprendentes en la poco ejemplar historia del urbanismo nacional. Al constructor Francisco Hernando (conocido como “El Pocero”) se le concedieron toda clase de facilidades para llevar a cabo una operación urbanística que afectaba a 1,8 millones de metros cuadrados, y que acabó en la construcción de una urbanización que puede ponerse como ejemplo señero de la cultura del ladrillo. Construir unos miles de viviendas en unos terrenos que poco antes habían sido terreno rústico, y apenas nada valían, es hazaña reservada a muy pocos.
Ahora, la diligencia de Bono en dar carpetazo a un caso que le afecta, trata de evitar que el informe pueda quedar pendiente hasta la próxima legislatura en la que, presumiblemente, ya no podrá controlar con tanta autoridad los ritmos de la investigación y el alcance de sus conclusiones. Los socialistas han hecho causa común con los interese de Bono, muy lejos de cualquier intención de esclarecer definitivamente las cosas y han impuesto, contra la costumbre de aprobar los diversos trámites de este tipo de informes por unanimidad, su ritmo acelerado para terminar cuanto antes la faena.
Aunque el recorrido parlamentario del caso llegue a su fin por el empeño de los afectados, subsistirá la vía jurisdiccional que se sigue en el Tribunal de Cuentas para depurar responsabilidades que están en la raíz de las irregularidades y modificaciones del planteamiento no justificadas en el interés general que se han detectado. Bono se esfuerza en lo contrario, pero la democracia exige que se sepa de una buena vez lo que causó tantos atropellos al interés general, y que se enjuicie a quienes se hayan beneficiado ilícitamente de semejantes artimañas.