La vuelta a las listas socialistas para la alcaldía de Benidorm de los que abandonaron aparentemente el PSOE para hacerse con la alcaldía, muestra con toda evidencia el nulo aprecio de ese partido por la ética, la idoneidad y la coherencia. Los socialistas van a los suyo, al interés de su organización y de quienes de ella viven. La sordidez de la política es cada vez mayor, y hace falta una ingenuidad rayana en el delirio para seguir creyendo que se pueda esperar de los partidos algo que se justifique porque convenga a todos, si no les favorece a ellos. El despilfarro del Senado en traducciones inútiles es otra muestra del alejamiento de los políticos del buen sentido, del descaro con el que imponen lo que en cada caso les conviene aunque resulte ridículo, obsceno y perjudicial. En el caso de Benidorm, fueron unánimes los dirigentes socialistas en decir de todas las maneras posibles que sería impensable que pudiera suceder lo que ahora acaba de ocurrir, pero era tan evidente que la maniobra para desalojar al PP de la alcaldía había sido orquestada por el clan de Pajín, su madre, su padre y las personas a su servicio, que lo único que asombraba de tales declaraciones era su inagotable cinismo.
El transfuguismo es, en realidad, un vicio del sistema, una consecuencia de que los partidos no cumplan con su función, de que sus dirigentes no representen a sus votantes sino que, por una serie de mecanismos inverosímiles, se hayan convertido en pequeños dictadores que imponen sus conveniencias a los electores. Nada de esto tendrá arreglo hasta que cese el ciego fanatismo de millones de electores que siguen votando a sus representantes aunque sean delincuentes reconocidos, con la presumible excusa de que, puestos a robar, prefieren que sean los suyos quienes lo hagan.
El transfuguismo es una de las muchas caras de la corrupción, la prueba de que muchos políticos no piensan en otra cosa que en llenarse los bolsillos cuanto antes. La increíble tolerancia de una Justicia politizada, lenta y miope, hace que se sientan seguros de que nada vaya a ocurrirles, porque, además, gozarán de la protección de sus máximos dirigentes que, con tal de negar que la corrupción les afecta, serían capaces de cualquier cosa, de mantener en sus candidaturas, por ejemplo, según datos que publicó ayer Gaceta, a decenas de candidatos procesados. Los cuadros más altos del PSOE pregonan que no admiten a corruptos, pero en Ronda, en Denia, en Ibiza, en Torrox, en Estepona, en Melilla, en Elche, en Cartaya, en Jerez de la Frontera, en Ávila, en Plasencia, en San Fernando de Henares, en Llanes, por citar solo los casos de que da noticia el periódico, hay personas en sus listas que han mercido las pesquisas de los jueces, pese a la levedad con la que la justicia consideran esta clase de conductas contra el interés público. Lo mismo se podría decir de algunos casos del PP, porque, aunque su número sea considerablemente menor, el partido también prefiere casi siempre defender su honorabilidad con el frágil tamiz de la justicia que promover a personas cuya decencia conste de manera inequívoca.
Se trata de cosas que deberían cambiar porque están manchando de manera irresponsable a la democracia, pero para ello haría falta que los partidos abandonasen la moral de mafia, y se decidiesen a trabajar de verdad por el bien común, por la decencia, la ejemplaridad y el mérito, un escenario en el que no sobrevivirían esas mediocridades que se han adueñado de tantos aparatos de poder.