El caso Faisán constituyó a lo largo de la anterior legislatura uno de los puntos de continuada oposición del PP a la política antiterrorista de Zapatero. No faltaban razones para que así fuese: se trataba, nada menos, que de un desgraciado episodio en el que responsables de Interior habían evitado que se detuviese a un comando de ETA que estaba a punto de caer en manos de las fuerzas de seguridad. Nadie ha negado el hecho de que ese comando pudiese evitar a sus captores, ni tampoco que los criminales hayan recibido el aviso determinante para evitar su detención de un teléfono directamente ligado el Ministerio que se ocupaba, supuestamente, de desarticular a la banda terrorista. Sin embargo, es obvio que los intereses políticos del Gobierno no estaban en detener un comando más, sino en fortalecer el malhadado proceso de paz en el que el Gobierno se había embarcado y que quería llevar a feliz término a cualquier precio.
Lo que llama la atención es que, años después y con el PP en el Gobierno, la Fiscalía pretenda circunscribir las responsabilidades del caso a la actuación de dos policías que, al parecer, hacían la guerra por su cuenta, aunque, eso sí, usando un teléfono del Ministerio para que los terroristas pudieran tomarse en serio sus humanitarias advertencias.
El Gobierno está adquiriendo una notable experiencia, aunque no mucha habilidad, en decir lo contrario de lo que decía el PP cuando estaba en la oposición. Que eso lo haga en materia de política económica es indisculpable, pero cabe la excusa, poco elegante en cualquier caso, de que ha de llevar a cabo políticas de necesidad o impuestas por terceros. Pero es imposible imaginar qué o quiénes tienen la fuerza suficiente como para imponer al Gobierno un giro de tal envergadura en su política antiterrorista, un giro que ya se hizo visible con la sorprendente libertad de Bolinaga.
No hay otro remedio que ver el giro que está experimentando el caso Faisán como un nuevo ejemplo, escandaloso y sorprendente, de una política chapucera, posibilista y cobarde, como una renuncia inexplicable a las ideas y las causas que se defendían apasionadamente cuando se trataba de erosionar al PSOE, y que son también las ideas que defienden los electores que le han dado la mayoría a este Gobierno. No cabe pensar que los españoles acepten como razonable la hipótesis que asume como propia la Fiscalía: es más fácil creer que el Gobierno sea oportunista que el que unos policías avezados decidan hacer política antiterrorista por su cuenta. Se trata pues de una nueva burla a los electores, de una nueva chapucería jurídica y de un caso especialmente escandaloso de cinismo político.
Cableados y cerebros
Cableados y cerebros