Faisán jibarizado

El caso Faisán constituyó  a lo largo de la anterior legislatura uno de los puntos de continuada oposición del PP a la política antiterrorista de Zapatero. No faltaban razones para que así fuese: se trataba, nada menos, que de un desgraciado episodio en el que responsables de Interior habían evitado que se detuviese a un comando de ETA que estaba a punto de caer en manos de las fuerzas de seguridad. Nadie ha negado el hecho de que ese comando pudiese evitar a sus captores, ni tampoco que los criminales hayan recibido el aviso determinante para evitar su detención de un teléfono directamente ligado el Ministerio que se ocupaba, supuestamente, de desarticular a la banda terrorista. Sin embargo, es obvio que los intereses políticos del Gobierno no estaban en detener un comando  más, sino en fortalecer el malhadado proceso de paz en el que el Gobierno se había embarcado y que quería llevar a feliz término a cualquier precio.
Lo que llama la atención es que, años después y con el PP en el Gobierno, la Fiscalía pretenda circunscribir las responsabilidades del caso a la actuación de dos policías que, al parecer, hacían la guerra por su cuenta, aunque, eso sí, usando un teléfono del Ministerio para que los terroristas pudieran tomarse en serio sus humanitarias advertencias.
El Gobierno está adquiriendo una notable experiencia, aunque no mucha habilidad, en decir lo contrario de lo que decía el PP cuando estaba en la oposición. Que eso lo haga en materia de política económica es indisculpable, pero cabe la excusa, poco elegante en cualquier caso,  de que ha de llevar a cabo políticas de necesidad o impuestas por terceros. Pero es imposible imaginar  qué o quiénes tienen la fuerza suficiente como para imponer al Gobierno un giro de tal envergadura en su política antiterrorista, un giro que  ya se hizo visible con la sorprendente libertad de Bolinaga.
No hay otro remedio que ver el giro que está experimentando el caso Faisán como un nuevo ejemplo, escandaloso y sorprendente, de una política chapucera, posibilista y cobarde, como una renuncia inexplicable a las ideas y las causas que se defendían apasionadamente cuando se trataba de erosionar al PSOE, y que son también las ideas que defienden los electores que le han dado la mayoría a este Gobierno. No cabe pensar que los españoles acepten como razonable la hipótesis que asume como propia la Fiscalía: es más fácil creer que el Gobierno sea oportunista que el que unos policías avezados decidan hacer política antiterrorista por su cuenta. Se trata pues de una nueva burla a los electores, de una nueva chapucería jurídica y de un caso especialmente escandaloso de cinismo político. 
Cableados y cerebros

Sutilezas y favores

La Audiencia nacional ha llevado a cabo uno de esas acciones que califican a nuestra Justicia: demorar, diluir, dilatar, embrollar.. y un sinfín de verbos más que no serían  suficientes para describir bien lo que ha hecho el pleno con un asunto de no poca enjundia. Las expectativas sobre el caso previo indicaban que se pretendía lograr algo que, al final, no ha sido posible, pero si se ha conseguido lo esencial para el interés de quienes lo tienen puesto en este asunto, que no en la Justicia: ganar tiempo, eso que todo lo mata.
El caso Faisán no es un asunto como para sentirse orgullosos, ni me parece un caso ejemplar para ejercer la oposición, quede dicho; pero cuanto ha sucedido es, además de lo que se determine, una chapuza y habría que castigarla. Detrás está lo de siempre, me parece, la no imputabilidad directa de los políticos, algo que debería cambiarse, para poder ir directamente a por ellos, con garantías suficientes, si de verdad queremos hacer una democracia. Nada más escribirlo me doy cuenta de que estoy soñando, pese al sol reluciente de la mañana madrileña. Pedir equidad en un país educado en la yihad es tontería.
Google en el banquillo

La historia se repite

Comentando a Hegel, Carlos Marx escribió que en la historia tienden a repetirse ciertas escenas, pero a hacerlo sin grandeza, con tono de farsa. Esa es la sensación inevitable al comparar los dos finales de período socialista, lo ocurrido en 1996 y lo que ahora sucede. Una crisis económica espectacular; un alto grado de desafección con el sistema, sobre todo entre quienes quisieran que la democracia se redujese al triunfo permanente de la izquierda; un déficit económico galopante debido a un gasto público descontrolado y estéril; las falsas promesas de recuperación, esos “brotes verdes”  de los que habló Salgado, y que se han secado antes de llegar a nacer; una corrupción generalizada que evidencia cómo muchos líderes de la izquierda no sirven a otro interés político que al crecimiento inexplicable de su patrimonio, propósito que sólo han podido mantener con una Justicia politizada y amordaza, al servicio no ya del socialismo, sino del enriquecimiento de unos pocos; una descomposición total del PSOE moviéndose al grito de “sálvese quién pueda”. 
Sin embargo, lo que llama más la atención es lo que gira en torno a Alfredo Pérez Rubalcaba, el único personaje que ha ocupado un papel decisivo en ambos finales, y que, por insólito que resulte, ha sido finalmente escogido como tabla de salvación de su partido, apostando, sin duda, por el apoyo de unos electores a los que la ley, la justicia y el estado de derecho, deberá importar bastante menos que las llamadas a la fidelidad a unas siglas, olvidando por completo cuanto se ha hecho bajo su amparo, fieles a ese estúpido slogan que establece que socialismo es lo que hagan los socialistas.
El ahora candidato del PSOE, es una figura política indisociable de los crímenes y el escándalo del GAL, y ha sido también el responsable político de la más inaudita actuación imaginable por parte de un Ministerio del Interior. Que los mandos superiores de la policía, directamente a sus órdenes, hayan facilitado a los etarras escapar a manos de la Justicia, es algo cuya enorme gravedad ni siquiera admite la comparación con el GAL. En tal caso, al menos, se trataba de acabar de mala manera con la ETA, y es verosímil que un policía se extralimite, pero no que se invente una “política de paz”. Salvo en ese matiz, en nada pequeño, el resto de la partitura es idéntica: el juez Garzón haciendo méritos a base de guardar el caso en los cajones, el ministro de Presidencia, fiel a la consigna de que se acatan solo las decisiones judiciales favorables, acusando al juez Ruz de politización, o el segundo de Rubalcaba, ahora su sucesor como ministro en este Gobierno terminal, llegando a declarar que los policías actúan siempre “a su aire”, como si no recordásemos todos las proclamas zapateristas sobre la paz, y la exquisita diligencia del Ministerio del Interior para seguir las altas directrices, tan desastrosas como nítidas,  de nuestro visionario presidente que se ha empeñado en “hacer la paz” a costa de la democracia y de la dignidad de los españoles decentes.
El caso Faisán se ha convertido en la guinda amarga de los grotescos intentos del mal llamado proceso de paz, y, en un país cuyas instituciones no estuviesen tan deterioradas por el partidismo como están las nuestras, debería suponer la tumba política de un personaje como Rubalcaba, por más que se haya apresurado a sacudirse el polvo del zapaterismo como si él hubiese estado estos siete años en la inexistente oposición interna, o de vacaciones. 

El riesgo político

Es evidente que la política es una profesión de riesgo, porque casi siempre termina personalmente mal, e imagino que ese es un pensamiento que le venga con alguna frecuencia a la cabeza de Rubalcaba. Ahora bien, una cosa es que ese riesgo sea inevitable y otra, muy distinta, es ser excesivamente arriesgado. Cuando se es se hace mala política, velis nolis, porque el político tiene que vivir de realidades, de resultados, no de experimentos. Cuando las cosas se apasionan en exceso, y entre nosotros ocurre siempre que el PSOE está a punto de perder y, no digamos, a punto de ganar, la moderación es algo especialmente inexcusable.
Ahora los jueces, bueno, sólo uno de ellos, el que toca,  parecen cercar políticamente a Rubalcaba, porque es bastante inimaginable que unos policías, aunque fuesen directores generales, se inventen una operación como la del Faisán, a ver qué pasa. Sin embargo, los líderes del PP no deberían sobreactuar y creo que Rajoy ha estado muy en su punto en lo que ha dicho hoy respecto al caso, que quiere que el Gobierno diga la verdad, y que Rubalcaba, que ya no tiene responsabilidades, es muy libre de hacer lo que quiera.
Hay momentos en que los votos no se ganan a gritos, por curioso que parezca a algunos.