Lo que se conoce como caso Urdangarin y que, independientemente de lo que acabe estableciendo la Justicia, es una desafortunada mezcla de equívocos, supuestas buenas intenciones y picaresca multidireccional, parece a punto de cobrarse una primera víctima, sin que esté claro que no estemos ante uno de esos casos en que el implicado, simplemente, pasaba por allí. Sería muy deseable que este desagradabilísimo episodio terminase cuanto antes y que no se fuese a caer en la tentación de ir cargando con las responsabilidades a unos y otros hasta ver si el caso se disuelve. Según ha publicado La Gaceta, en las próximas semanas podría producirse el cese de quien ha sido secretario personal de Doña Elena y Doña Cristina tras un largo trabajo de más de 18 años junto a las Infantas. Carlos García Revenga fue profesor de las Infantas en sus primeros años, y desde ese momento ha mantenido una relación personal y de servicio con la familia del Rey, sin que esté claro que tenga ninguna responsabilidad en los presuntos delitos que se investigan, por más que haya ejercido de secretario de tesorero en Nóos, entidad a la que se incorporó, y seguramente obedeciendo instrucciones, después de que se hubiesen cometido las acciones que ahora merecen la atención de los Jueces. No sería ni medianamente inteligente que se intentase desviar la atención de un caso desafortunado hacia el protagonismo de alguien que, de cualquier modo, no tenía poder alguno ni para dar órdenes ni para establecer planes de negocio, sino que, según todos los indicios, cumplía una función meramente formal.
Todo lo que rodea este caso es lamentable, y debería servir para establecer de una manera clara y transparente el status en el que deben situarse las personas y las conductas de quienes contraen vínculos familiares con el Rey. No cabe tampoco estirar nuestra habitual hipocresía en esta clase de asuntos hasta la esperpéntica afirmación de que, al fin y al cabo, el señor Urdangarín, es un ciudadano corriente y moliente, porque, aunque la Justicia deba tratarle como tal, es obvio que no lo es en absoluto, y que habrá podido hacer lo que haya hecho, mediante una mezcla deletérea de buenas intenciones, gestiones ciertas, malas prácticas, y actividades presuntamente ilegales, precisamente por no ser un ciudadano nada normal.
El hecho de que el señor García Revenga fuese presentado como asesor de la Casa Real para facilitar que pudiera llevar a cabo ciertas gestiones sin necesidad de desgastar directamente al Duque de Palma, no muestra otra cosa que la confianza que, hasta su traslado a Washington, tenía el señor Urdangarín en esta persona, y el hecho de que nadie trataba de ocultar la relación de la familia de Don Juan Carlos con las actividades de Noos, como lo muestra que la propia Infanta Doña Cristina estuviese presente en la dirección de esa entidad, al menos a efectos de su publicidad.
Está claro que es esa cercanía a nuestro Rey lo que causa una profunda desazón en todo este asunto, pero no sería razonable ignorar que ha sido precisamente esa relación tan directa lo que le otorgaba a la firma de Urdangarín, que por otra parte quiso tener la apariencia jurídica más inobjetable como entidad sin ánimo de lucro, la capacidad para acceder a un ámbito que estaría vedado a cualquier otro competidor, y, no menos importante, la posibilidad de establecer unas tarifas y emolumentos completamente fuera del alcance de cualquier mercado realmente competitivo. Es seguro que nada de eso, si es que resulta ser delictivo, o ha llevado a que se haya cometido delito, puede ser imputado a una persona al servicio de las Infantas y de la Zarzuela.
Hay que acabar limpiamente con este escandaloso y feo asunto, y evitar a cualquier precio la sensación de que se está buscando que una figura casi decorativa acabe pagando el pato.
El año del libro digital
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