Parece que los españoles se escandalizan con la corrupción, aunque lo que realmente sucede, es que el partido en el poder maneja los hilos para que salga a la luz un asunto con tintes escandalosos que perjudique a sus rivales, especialmente cuando están cercanas las elecciones.
Esto debería servir para que nos planteásemos dos cosas elementales: la primera es cómo es posible que siendo la corrupción tan poderosa como sabemos, o creemos saber, que es, sean tan pocas y tan parcas las condenas por esta clase de actuaciones. La segunda es la siguiente: ¿qué es lo que hace que la corrupción sea tan fácil de practicar y, a la vez, tan difícil de castigar?
Las respuestas a ambas preguntas están íntimamente relacionadas porque lo que pasa es, efectivamente, lo que resulta más razonable dado el estado de cosas en que vivimos.
En primer lugar, el conjunto de normas que regulan la utilización del suelo, el ius edificandi, es absolutamente arbitrario y, por tanto, descaradamente intervencionista. El hecho de que un terreno no valga un real o valga millones de veces más no depende de un mercado abierto que atendería a condiciones objetivas, al menos en principio, sino de decisiones administrativas que se argumentan y establecen de modo completamente arbitrario. El propietario de la varita mágica capaz de multiplicar extraordinariamente el valor de un suelo o de dejarlo convertido en un bien sin valor alguno, es siempre una autoridad política. Suponer que no va a obtener beneficio, personal y de partido, de esa prerrogativa suya es más ingenuo que creer en los Reyes Magos. Cualquier procedimiento que no consista en corregir este insigne absurdo está condenado a la esterilidad y obliga al negocio inmobiliario a permanecer en una alocada cerrera de precios, pues es bien conocido que cualquier mecanismo prohibitivo, véase el caso de la droga, eleva de manera extraordinaria la cotización de la mercancía vedada.
Vayamos ahora al otro asunto. La ausencia de una Justicia políticamente independiente facilita enormemente la existencia de jueces oportunistas, de personajes dispuestos a lo que sea, incluyendo hacer, al tiempo, una cosa y su contraria. El que manda, manda y es bueno estar al abrigo del único poder que nunca va a ser juzgado. Se pueden ofrecer así, al escándalo del respetable, diversas variedades de chorizos de escasa monta, mientras se evita rigurosamente alterar el sistema que produce esos casos y otros infinitamente más graves, pero ya ungidos con el prestigio de lo intocable.
Ahora, una pregunta: ¿Qué partido defiende con más ahínco la intervención del suelo y el aumento de toda clase de controles? Porque la corrupción inmobiliaria y el escandaloso e insostenible aumento de los precios puede suceder, únicamente, porque hay unos señores que amparados en la ley pueden tomar decisiones que transformen, ellos lo dicen así, un suelo que no vale nada en un suelo que valga (o valía) millones. La izquierda y sus aliados son los que han montado el chiringo que permite la corrupción y que culmina con un control político de la justicia para que todo esté atado y bien atado.
Una segunda pregunta: ¿Quién comenzó a sujetar a los jueces convirtiendo el CGPJ en una sucursal de los partidos? Una vez respondidas ambas preguntas, podemos dedicarnos a ver cómo se intensifican los virtuosos sentimientos públicos y cómo desprecia el pueblo soberano a los corruptos políticos de la derecha que son tan sinvergüenzas que ni siquiera dejan de cometer sus fechorías en las épocas electorales.
Mientras el PP no sea capaz de convencerse a sí mismo, y a los votantes, de que es necesario cambiar de raíz todo este tinglado es posible que siga siendo incapaz de volver a ganar las elecciones.
[Publicado en El estado del derecho]