Es verdad que, como ha dicho Regina Otaola, el éxito electoral de Bildu significa haber perdido una batalla, pero no supone haber perdido la guerra. Claro es que para ganar una guerra hay que empezar por reconocerla, y, además, hay que combatir. El gobierno de Rubalcaba, de quién si no, está muy lejos de cumplir con esas dos exigencias. Lo malo para Rubalcaba es que la guerra a la que renuncia es la guerra de la ley frente a la barbarie, la defensa de la democracia y de la libertad política frente a los totalitarios que imponen su voluntad por la fuerza, sin renunciar a ninguna forma de violencia y, muy especialmente, a la violencia cotidiana, a la extorsión política, a la toma de la calle pisoteando el derecho de los ciudadanos comunes y pacíficos a no vivir en un continuo estado de excepción y de inseguridad jurídica.
Pero las grandes batallas se empiezan perdiendo con los símbolos, y por eso han retirado la bandera de los Ayuntamientos que controlan. Los enemigos de la libertad conocen muy bien las debilidades de la democracia española, y las explotan de manera inmisericorde en su beneficio. Así, han conseguido colar para denominarse el término de izquierda abertzale, tratando de ocultar lo que realmente son, partidarios de un orden impuesto por el terror, por una banda de asesinos que trata de disfrazarse de fuerza militar. El PSOE de Alfredo ha coqueteado miserablemente con esa terminología engañosa y, tratando de nadar y guardar la ropa, ha bendecido su presencia en las instituciones con la vana esperanza de que el poder político les quite las ganas de acabar con la libertad.
Hasta aquí se trata de un tremendo error político, un error muy caro desde el punto de vista electoral, pero hay algo más. El gobierno de Rubalcaba tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley, y no puede tolerar que sea violada de manera impune por unas instituciones que pretenden actuar en el marco de la legalidad, aun cuando estén dirigidas por los colaboradores de los criminales. El PSOE de Alfredo puede seguir hablando, si prefiere engañarse y tratar de engañar a sus votantes, de izquierda abertzale, pero el gobierno de Rubalcaba no puede consentir sin mover una pestaña que se incumpla la ley, que la bandera española sea arriada de manera vergonzosa de numerosas instituciones vascas como si España hubiese dejado de existir en aquel territorio, y como si los numerosos vascos que se sienten españoles tuvieran que empezar a sentirse extranjeros por culpa de los nuevos munícipes. La Constitución, las leyes vigentes y la jurisprudencia constante del Supremo son unánimes al respecto. No se puede consentir que la bandera española deje de ondear en instituciones que se nutren del presupuesto común, y que se asientan en el territorio nacional. Es una vileza miserable que el gobierno mire para otra parte y que ni siquiera haga asomo de tomar alguna medida. El gobierno de Rubalcaba se refugia aquí, según sus reiteradas declaraciones, en la acomodaticia doctrina que se olvida de cumplir la ley con la disculpa de evitar un mal mayor. Eso no vale gran cosa con los acampados, pero es de una hipocresía superior con unos personajes que han adquirido la condición de autoridad pública, y que están especialmente obligados a cumplir la ley que les otorga sus poderes. El Gobierno debe dejar de disimular y reponer la bandera nacional en los ayuntamientos, porque somos una inmensa mayoría los que queremos verla allí, y eso es lo que ordena la ley.