A muchos españoles se les hace difícil comprender la huelga de futbolistas. La razón de ese rechazo no debiera depender de que los futbolistas, al menos los más conocidos, ganen mucho dinero, pues lo obtienen merecidamente y en un mercado muy reñido, sino de que parece absurdo que el mundo del fútbol tenga que recurrir a un procedimiento tan radical para arreglar sus problemas. Para desgracia general, los sindicatos, pero no solo ellos, ahí está la asombrosa y extemporánea huelga de las farmacias de Castilla la Mancha para recordarlo, nos han acostumbrado a que el recurso a la huelga se haya convertido con demasiada frecuencia en un instrumento al servicio de ciertos privilegios.
Las huelgas las suele pagar, con sospechosa frecuencia, quienes no tienen culpa alguna, terceros completamente ajenos al conflicto. Es lamentable que los aficionados, de cuyo interés viven tanto los jugadores como la Liga Profesional, tengan que ver frustrada su expectativa de entretenimiento por las malas artes y las escasas capacidades de negociación de todos. No es que no se pueda vivir sin fútbol, que naturalmente se puede, sino que resulta particularmente indefendible el desprecio a los espectadores que se oculta tras las amenazas de no saltar al campo, para empezar, durante las dos primeras jornadas de Liga. El fútbol es un negocio que, aunque pudiera parecerlo, no es de la exclusiva propiedad de quienes lo administran y más se lucran con él. No es de recibo, por lo tanto, la demagogia de las partes que hablan del fútbol como algo de su exclusiva propiedad, ni tampoco la presentación de este conflicto ante la opinión pública como un asunto en el que se ponen en juego intereses vitales de trabajadores o empresarios. Es inadmisible que ni la Liga ni la AFE sean capaces de comprender que, más allá de sus derechos, que nadie niega, tienen la obligación de servir al público, y que es bastante difícil asumir que puedan existir unos problemas que no son capaces de resolver sin recurrir a medidas tan extremas. Que no les quepa duda de que están dando una imagen de irresponsabilidad e incapacidad de gestión que resulta muy penosa en unos momentos en que son millones los españoles que sí padecen unas circunstancias especialmente difíciles, y que no está en sus manos poder cambiar. Debiera bastar esta somera consideración de respeto al público para que unos y otros comprendieran que es de su interés, y del de todos, resolver de manera razonable los problemas que les afectan, sin echar sobre las espaldas del público un conflicto al que es enteramente ajeno. No estaría de más, tampoco, que los deportistas de mayor nivel económico arbitrasen fórmulas que permitieran proteger, al menos temporalmente, a sus compañeros más débiles de la incompetencia e irresponsabilidad de algunos directivos: al fin y al cabo, sus éxitos se asientan en la existencia de una pirámide de muy amplia base, y debieran sentir una cierta obligación de ser ejemplares, también en la solidaridad con sus compañeros más modestos.
Las causas del conflicto derivan en último término del lamentable confusionismo y vacío legal en el que se mueven muchas oscuras actividades de algunos oportunistas e irresponsables que se han hecho con los derechos de ciertos equipos. Ya sabemos que este Gobierno es bastante inútil y ha resultado completamente incapaz de resolver razonablemente los problemas de nuestra economía, pero ese Ministro del Deporte que ha recogido tantas Copas debería ser capaz, al menos, de evitarnos este espectáculo.