A medida que se conocen los gastos de los ilustres miembros del Consejo General del Poder Judicial se comprenden mejor dos cosas, que Divar considere que sus gastos no tienen nada de ilegales, y que el despilfarro y la malversación no parecen ser delictivos para algunos jueces, cuando son ellos quienes lo cometen. Para que lo de Divar no pueda considerarse una cacería, aunque muchos pensemos que está bien que haya tenido que marcharse, independientemente de las intenciones de su verdugo, habría que someter a público escrutinio los viajes y mandangas de estos pajarracos judiciarios. Merecerá la pena intentarlo, porque hay que empezar a luchar contra la corrupción por donde se pueda.