El proceso en el que anda implicado el señor Urdangarín suscita toda clase de reservas, y puede acabar convirtiéndose, en cualquier caso, en un experimentum crucis de la democracia española, de la voluntad de acabar con la corrupción política. El Gobierno puede pensar que tiene demasiados frentes abiertos como para meterse en éste, pero no se puede seguir sin un estatuto sobre las actividades y servicios de la Casa Real y del propio Rey, salvo que se pretenda que el grado de cinismo del público informado llegue a ser tan grande como el grado de inopia del público desinformado, que es lo que me parece entender pretenden los socialistas, a quienes se les entiende todo.
WMC y Barcelona
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