Cuando el PP llegó a Moncloa en 1996, los ordenadores carecían de memoria y las estanterías estaban vacías de expediente, como si nadie hubiese hecho nada nunca, todo para borrar pistas, y no precisamente de los aciertos.
Los socialistas tienen alergia a la información: no quieren que se hable sino de lo que ellos vocean, de modo que eliminan lo que pueda dejar en evidencia sus arbitrariedades, su manera de saltarse los controles que indica la ley y aconseja la prudencia para evitar el latrocinio. Con este escamoteo, ocultan la información técnica que revela su forma de entender el buen gobierno, unos expedientes en que, por su exceso de confianza, han podido descuidarse y apuntar en la cabecera el nombre del adjudicatario antes de celebrar el concurso. Se repiten ahora esas escenas absolutamente impropias, porque los que dicen que el dinero público es de nadie se lo llevan todo, para que el poder legítimo tenga que navegar en tinieblas y tapar así sus fechorías.
En Castilla la Mancha se niegan a concertar el traspaso con la disparatada disculpa de que el PP inventa agujeros inexistentes. Es evidente que no van a dar facilidades para que se pueda saber con claridad cuál es el estado de cuentas en que dejan las instituciones. Las auditorias propuestas han levantado sarpulllidos, pero se equivocará Rajoy si se deja llevar por una mal entendida responsabilidad de estado y pasa página, porque no está el tendido como para entender delicadezas, y correrá el riesgo de que el público se malicie algo que más tenga que ver con el hoy por ti, mañana por mí, que con la responsabilidad y el ánimo de salir adelante entre todos. No es el mal estado de nuestras cuentas lo que puede aumentar la alarma financiera en relación con España, sino la impresión de que el PP pueda tragar con prácticas contables que oculten la realidad, como se ha hecho en Grecia.
Esta propensión de los socialistas al ocultismo se volverá a producir en unos meses, a no ser que Rajoy se muestre inflexible, no consienta ni el más mínimo desliz, y establezca una ejecutoria de transparencia, limpieza y rigor en esta clase de asuntos, algo que puede contribuir a que los ciudadanos restauren en parte la pésima imagen que tiene de los políticos.
Los socialistas administran lo de todos como si fuera suyo. No dejan de gritar que ellos son los solidarios y los justicieros, pero el patrimonio de su líderes crece en muchos lugares de manera inexplicable. Castilla la Mancha es un claro ejemplo de la estrecha relación que mantiene la ruina pública y la prosperidad privada de algunos. En Andalucía hay que sospechar otro tanto, a la vista del ingenio con el que andan tratando de torear a los jueces con los expedientes de los ERE delictivos, sometidos a restricciones ilógicas y que no presagian nada bueno.
Los órganos de control, parlamentarios y estatutarios, están habitualmente manejados por el mismo poder que deberían controlar, de modo que siempre pasa aquello de fuese y no hubo nada. Los cambios de gobierno representan un oportunidad excepcionalmente valiosa para que los administrados se enteren de lo que vale un peine, y de lo que se llevan los comisionistas de tantos parabienes y mercedes. Rajoy se enfrenta ahora a una prueba de fuego que va a dar la medida de hasta qué punto está dispuesto a enderezar la marcha de una España que otros han enfilado hacia la bancarrota, aunque echando, como siempre, la culpa al empedrado financiero e internacional.
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