Según ha desvelado La Gaceta, no solo falseó los datos referidos a sus propiedades inmobiliarias, con la intención de pagar menos impuestos, una conducta que, si nunca es defendible, resulta gravemente escandalosa en el encargado de vigilar el cumplimiento de la ley, sino que ha hecho uso de los recursos de comunicación de que dispone como autoridad pública, para llevar a cabo actividades mercantiles que el estatuto fiscal, con perfecto sentido, considera ilícitas para sus miembros, tanto si las llevan a cabo por sí mismos o por interposición de terceras personas. No queremos negarle al señor Horrach su derecho a hacer pingües negocios en sitios de tan acrisolada legalidad y seguridad jurídica como Panamá; efectivamente, el señor Horrach tiene derecho a ser un águila comprando y vendiendo propiedades en condiciones ventajosas para su patrimonio, pero no tiene derecho alguno a hacerlo al tiempo que ejerce como fiscal anti-corrupción en Baleares, y mientras persigue con hipocresía digna de mejor causa a quienes no hacen cosas muy distintas a las que él ha hecho.
Se trata de un caso de burla de la ley absolutamente impropio en una persona especialmente obligada a la ejemplaridad y al cumplimiento escrupuloso de las leyes y de cuantas disposiciones se hayan establecido para garantizar el correcto cumplimiento de sus funciones y su absoluta imparcialidad hacia todos los ciudadanos.
Es interesante preguntarse qué piensan hacer sus superiores ante la gravedad de los hechos sacados a la luz. El Fiscal general del Estado debería tomar inmediatas cartas en el asunto para tratar de restablecer la confianza de los ciudadanos en las acciones de la fiscalía, aunque nos tememos que se pueda refugiar, como ha hecho en los numerosos casos que han afectado al señor Bono, en la curiosa disculpa de que la prosperidad personal y las riquezas no son indicio suficiente para suponer una investigación de los fiscales, curiosa no porque sea incorrecta, que no lo es, sino porque, tanto en el caso de Bono, como el del fiscal Horrach constituye una salida en falso, ya que no se sospecha de ellos por su patrimonio, sino por la inverosimilitud de lograrlo por medios lícitos, en el caso del todavía presidente del Congreso, y por las irregularidades cometidas por el fiscal balear para ahorrarse unos miles de euros, o para gestionar desde la comodidad de su cargo público diversos negocios ultramarinos en Panamá o Argentina. Las andanzas del fiscal anticorrupción constituyen actividades cuya incompatibilidad está prevista en la Ley 50/1981 que regula el estatuto del ministerio fiscal, y suponen una falta muy grave que puede llevar a la definitiva separación del servicio.
Por muchísimo menos que esto hay jueces y fiscales que han sido perseguidos, castigados y expulsados; si fuésemos optimistas esperaríamos que se haga justicia con este personaje, pero nos tememos que sus servicios a la causa acaben por cubrir con un manto de hipocresía sus escandalosas flaquezas.
[Editorial de La Gaceta]