El poder, decía Lord Acton, tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. La prensa ejerce también un poder y lo ejercería de modo corrupto si confundiese su función, la de informar con veracidad, con, por ejemplo, la función del poder ejecutivo, o con la del legislativo o la del poder judicial. Nuestra función no es mandar, ni legislar ni juzgar, y, aunque algunos medios jueguen con descaro a suplantar esos poderes, nosotros sostenemos con claridad, y procuramos atenernos a ello, que nuestra función se limita a informar, a hacer que el público sepa lo que ocurre, sin emitir sentencias ni imponer castigos. Sabemos muy bien que nuestra función no es ni juzgar conforme a la ley ni, menos aún, sancionar como si el delito estuviese probado con todas las garantías que la presunción de inocencia exige.
Esta cautela ética y jurídica nos mueve a informar solo de lo que sabemos con certeza, refiriéndonos exclusivamente a hechos que hayamos comprobado de manera fehaciente a través de diversas fuentes independientes, de manera que lo que se nos puede exigir es que nuestras informaciones se correspondan con la verdad, con situaciones que, caso de no ser ciertas, se podrían desmentir con facilidad por los afectados negativamente por ellas. Pues bien, en nuestro caso, podemos decir con orgullo que nunca ha sido así. Tras las abundantes y precisas noticias que hemos ido dando sobre las conductas sorprendentes, escandalosas y presuntamente delictivas de algunos personajes públicos, como la ex vicepresidenta De la Vega, el presidente del Congreso señor Bono, o, más recientemente, los casos de algunos fiscales y jueces de las Baleares, nunca ha podido nadie demostrar que hayamos mentido, falseado o deformado ninguna de esas informaciones que han sido, evidentemente, de enorme interés público, porque a los ciudadanos les interesa muy mucho saber cómo actúan sus representantes, y cómo son las personas que tiene la responsabilidad y el poder de juzgarles. No ha sido nuestra misión condenar, sino informar, y hemos confiado siempre en que el estado de derecho tendrá los medios adecuados para sancionar, cuando sea el caso, las conductas que nos ocupamos en descubrir por su interés, su relevancia y, en su caso, por su falta de ejemplaridad, por su hipocresía.
Esa es nuestra misión y la cumplimos con orgullo, poniendo todo el interés y el esfuerzo profesional del que somos capaces. Al hacerlo, estamos seguros de contribuir a consolidar la libertad, la democracia y la ética pública. Precisamente por eso nos sentimos con derecho a reclamar que los demás cumplan también con sus obligaciones, sin pretender que seamos nosotros quienes agotemos el significado judicial y político de estas cuestiones. En este sentido, es especialmente llamativa la actitud remisa y sumisa del PP balear quien parece víctima de un síndrome de Estocolmo que le lleva a no apreciar en su gravedad el tipo de hechos que estamos denunciando y a no sacar las consecuencias políticas pertinentes. El PP balear ya ha pagado en términos de desprestigio y electorales las actuaciones de su exlíder, de manera que debería sentirse libre para denunciar las conductas de quienes dicen una cosa y hacen otra, de quienes practican la ley del embudo, de quienes consideran que el delito depende de quién lo cometa, y no de la ley que debería regir para todos. Al guardar un silencio cómplice, el PP aumenta su debilidad y se prepara para recibir golpes aún más arbitrarios que los que ha recibido: sus votantes no se merecen una conducta tan cobarde.
[Editorial de La Gaceta]