Una azaña atlética de Rubalcaba que conviene recordar


Cuando, en diciembre pasado, el señor Rubalcaba decidió poner en la picota a una de nuestras glorias nacionales, a Marta Domínguez, fue fácil advertí que las circunstancias ayudaban a que el Gobierno sintiese la urgencia de ofrecer una imagen justiciera, una conducta de ejemplar independencia y respeto a la ley que pudiera engañar a una buena mayoría de personas incapaces de imaginar siquiera el retorcimiento al que llegan algunos con tal de conseguir apartar de la cabeza de los españoles lo que realmente les importa. El sensacionalismo de esa justicia espectacular manejada a su antojo por los fiscales, esto es, por Rubalcaba, siempre ha sido una excelente maniobra de distracción de la opinión menos maliciosa.
La persecución a la atleta palentina vino a coincidir, seguramente que no por pura casualidad, con un resonante éxito parlamentario de Mariano Rajoy. En su discurso parlamentario Rajoy había dejado en evidencia la demagogia irresponsable de Rubalcaba cuando ejercía de oposición al primer gobierno de Aznar. Lo que hizo Rajoy fue poner en sus labios, con las muy sonoras protestas del patio socialista, siempre exquisito y delicado, las cínicas e irresponsables palabras que el ahora candidato había utilizado en 1999 para enjuiciar la actuación del entonces ministro de Fomento, Rafael Arias Salgado, palabras notoriamente injustas y exageradas, pero que, por una de esas justicias poéticas, definían con entera nitidez la irresponsabilidad y la chapucería demagógica de Rubalcaba y los suyos, en el momento  preciso del aquelarre organizado contra Marta.
Ahora el escrutinio sereno de la Justicia ha puesto las cosas en claro y ha restablecido la inocencia de una atleta ejemplar que, para su desgracia, no había ocultado nunca sus simpatías con el Partido Popular, algo intolerable, como se sabe, y que siempre merece público castigo. La Guardia Civil, ejemplarmente disciplinada, entró en el hogar de la atleta palentina, que, además, estaba embarazada en ese momento, con los modos que debiera haber usado para llevar a cabo la captura del jefe de todas las mafias de la droga. Como de casualidad, las televisiones amigas, estuvieron allí para contarlo. Los españoles hubimos de tragarnos una amarguísima medicina, el derribo de un mito deportivo basado exclusivamente en el esfuerzo, en el coraje, en el orgullo de ser mujer y española.
Nadie pagará jamás el daño causado a Marta, al atletismo español, a todos nosotros, pero Rubalcaba, que amenaza con intentar la conquista de la jefatura del Gobierno, ha sido el responsable moral y político de esa injusticia, de esa irresponsabilidad, y lo menos que podemos hacer es recordar las cosas de que ha sido capaz este personaje con tal de obtener alivio político, por momentáneo que resulte.
La noticia sobre la posible implicación de uno de los ídolos deportivos más populares nos dejó a todos estupefactos, y sirvió admirablemente  para apartar de nuestro magín el demagógico modo con el que Rubalcaba enjuiciaba al gobierno de Aznar y la tonta pretenciosidad con que el grupo socialista consideraba inaplicables esas palabras de Rajoy, que eran repetición literal de las que en su día pronunciara Rubalcaba,  a cualquiera de los miembros de su gobierno, porque cualquiera que se refugie bajo el manto incorruptible del socialismo está siempre por encima de toda sospecha, y al abrigo de cualquier crítica, como es público y notorio. El afán de Rubalcaba por manejar la opinión pública ha llegado al extremo de utilizar a la Guardia Civil para que invada el domicilio de cualquiera que le pueda convenir con tal de apartar de las portadas de la prensa las muchas y frecuentes noticias inconvenientes para su fama y el prestigio de su Gobierno. A pesar de tanto fuego de artificio, es evidente que Rubalcaba no ha conseguido su objetivo. Tendría que haber asaltado varias veces al día el domicilio de personas tan respetables como famosas para poder ocultar el desastre absoluto en el que se ha convertido el Gobierno de Zapatero, ese grupo de políticos desnortados que Rubalcaba fue llamado a salvar con un resultado que queda a la vista. 
Ahora que ha salido huyendo de la quema, sigue aplicando la manguera de gasolina en ciertos focos para apagar los incendios que le amenazan a él. ¿Cómo juzgar, si no, sus demagógicas palabras contra la Banca española en un momento de auténtico desastre para la imagen exterior de nuestra economía? Este hombre es un peligro porque carece completamente de principios, de límites morales, aunque presuma continuamente de lo contrario. Su principal preocupación es hacer creer a los electores que nunca ha tenido nada que ver con esos chicos, que no conoce a Pajín, que nada sabe de Aído, que pasaba por allí, y que lo único que ha hecho es dedicarse a detener terroristas, amansar a los del 11 M, y detener al malo de la película, a Teddy Bautista, uno de sus últimos montajes, mal instrumentado, como siempre, porque la chapuza es marca de la casa.

La prensa, la justicia y el poder

El poder, decía Lord Acton, tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente. La prensa ejerce también un poder y lo ejercería de modo corrupto si confundiese su función, la de informar con veracidad, con, por ejemplo, la función del poder ejecutivo, o con la del legislativo o la del poder judicial. Nuestra función no es mandar, ni legislar ni juzgar, y, aunque algunos medios jueguen con descaro a suplantar esos poderes, nosotros sostenemos con claridad, y procuramos atenernos a ello, que nuestra función se limita a informar, a hacer que el público sepa lo que ocurre, sin emitir sentencias ni imponer castigos. Sabemos muy bien que nuestra función no es ni juzgar conforme a la ley ni, menos aún, sancionar como si el delito estuviese probado con todas las garantías que la presunción de inocencia exige.

Esta cautela ética y jurídica nos mueve a informar solo de lo que sabemos con certeza, refiriéndonos exclusivamente a hechos que hayamos comprobado de manera fehaciente a través de diversas fuentes independientes, de manera que lo que se nos puede exigir es que nuestras informaciones se correspondan con la verdad, con situaciones que, caso de no ser ciertas, se podrían desmentir con facilidad por los afectados negativamente por ellas. Pues bien, en nuestro caso, podemos decir con orgullo que nunca ha sido así. Tras las abundantes y precisas noticias que hemos ido dando sobre las conductas sorprendentes, escandalosas y presuntamente delictivas de algunos personajes públicos, como la ex vicepresidenta De la Vega, el presidente del Congreso señor Bono, o, más recientemente, los casos de algunos fiscales y jueces de las Baleares, nunca ha podido nadie demostrar que hayamos mentido, falseado o deformado ninguna de esas informaciones que han sido, evidentemente, de enorme interés público, porque a los ciudadanos les interesa muy mucho saber cómo actúan sus representantes, y cómo son las personas que tiene la responsabilidad y el poder de juzgarles. No ha sido nuestra misión condenar, sino informar, y hemos confiado siempre en que el estado de derecho tendrá los medios adecuados para sancionar, cuando sea el caso, las conductas que nos ocupamos en descubrir por su interés, su relevancia y, en su caso, por su falta de ejemplaridad, por su hipocresía.

Esa es nuestra misión y la cumplimos con orgullo, poniendo todo el interés y el esfuerzo profesional del que somos capaces. Al hacerlo, estamos seguros de contribuir a consolidar la libertad, la democracia y la ética pública. Precisamente por eso nos sentimos con derecho a reclamar que los demás cumplan también con sus obligaciones, sin pretender que seamos nosotros quienes agotemos el significado judicial y político de estas cuestiones. En este sentido, es especialmente llamativa la actitud remisa y sumisa del PP balear quien parece víctima de un síndrome de Estocolmo que le lleva a no apreciar en su gravedad el tipo de hechos que estamos denunciando y a no sacar las consecuencias políticas pertinentes. El PP balear ya ha pagado en términos de desprestigio y electorales las actuaciones de su exlíder, de manera que debería sentirse libre para denunciar las conductas de quienes dicen una cosa y hacen otra, de quienes practican la ley del embudo, de quienes consideran que el delito depende de quién lo cometa, y no de la ley que debería regir para todos. Al guardar un silencio cómplice, el PP aumenta su debilidad y se prepara para recibir golpes aún más arbitrarios que los que ha recibido: sus votantes no se merecen una conducta tan cobarde.

[Editorial de La Gaceta]