El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón a una serie de familias que recurrieron a la Justicia frente al hecho de que las autoridades educativas les negasen su derecho a escolarizar a sus hijos en español, en un auto que establece con claridad lo que solo alguien muy ofuscado por los prejuicios puede negar: que cualquier español que resida en Cataluña tiene derecho a ser educado en la que considere su lengua materna, sea el español, la lengua común que todos tenemos el derecho de utilizar y el deber de conocer, según establece la Constitución, o el catalán que es la lengua propia de esa Comunidad Autónoma. Este derecho esencial, cuyo respeto debiera ser una exigencia elemental de cualquier autoridad en una democracia, no puede ser pisoteado invocando razones puramente políticas o aludiendo al respeto debido a la lengua catalana, que nadie pone en duda.
Los nacionalistas catalanes, con la impagable ayuda de los socialistas, y con cierta tibieza del PP, han establecido un sistema que impone la inmersión lingüística como norma general; pues bien, independientemente de lo que se piense de dicho sistema, lo que establece el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que los alumnos que así lo desearen siguen teniendo el derecho a ser escolarizados en su propia lengua, de manera que no se puede imponer por razones puramente políticas o administrativas una lengua distinta a la que el alumno y sus padres prefieran, puesto que tienen un derecho previo a cualquier ley o estatuto a ser educado en la lengua de su elección, especialmente cuando esa lengua en la que exigen ser educados es la lengua común de todos los españoles y que, además, goza de plena vigencia y poderío en la sociedad catalana que acepta y usa el bilingüismo de manera completamente natural como, por lo demás, se viene haciendo desde época inmemorial.
Los nacionalistas catalanes tienen una muy amplia capacidad para convertir cuanto no les gusta en una agresión, en un imaginario choque de trenes. Dice mucho de su ideología que consideren una agresión la defensa de un derecho tan esencial como es el que nos ocupa. Los nacionalistas catalanes, y sus comparsas, aunque sean ministros de Defensa, tienen que respetar los derechos y tienen que cumplir las leyes como todo el mundo y, en caso de duda, someterse a los Tribunales y acatar lo que estos establecen de manera incuestionable. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es particularmente claro y solo quienes estén moralmente ciegos por su totalitarismo cultural y político pueden ver en él una agresión a los derechos de nadie.
Por más que lo puedan desear, el nacionalismo no puede ser una patente de corso para hacer lo que les plazca con el Estado de derecho, con la ley y con los derechos de quienes no forman parte de su comunidad imaginaria, del paraíso nacionalista en sus formas más puras. La libertad, decía Hayek, consiste en que pueda haber quienes hagan cosas que no nos gusten, y la libertad consiste en Cataluña en que quienes lo deseen puedan ser educados en la lengua materna de su elección, también cuando ésta sea el español, por mucho que les moleste a los nacionalistas catalanes.
Los que se han mostrado supuestamente tan respetuosos del consenso constitucional para rechazar la reforma reciente de la Constitución no debieran ignorar que el consenso más básico de cualquier democracia debe ser siempre el respeto a la ley y el acatamiento de las sentencias firmes. Está claro que los nacionalistas catalanes, y sus comparsas, creen que pueden sermonear a todo el mundo con una supuesta superioridad política y consideran un abuso intolerable que ellos tengan que cumplir con las exigencias básicas de cualquier democracia.
El líder del PP, en contraste llamativo con el silencio aquiescente y cobardía de los socialistas, ha advertido a Mas de lo dramático que resultaría que la Generalidad se aprestase a aplicar a la sentencia cualquier disculpa que llevase a su incumplimiento. Es razonable que recurran, aunque seguramente volverán a perder, pero sería intolerable que no cumpliesen desde ya mismo las exigencias que se derivan de los derechos vulnerados a esas familias que han acudido al amparo de los Tribunales de Justicia, lo que permite ver los importante que es que estos conserven plena independencia y que no hayan caído bajo las garras insaciables del poder político de los nacionalistas. Cuando no se acata una sentencia se liquida el Estado de Derecho, y cuando se pretende liquidar el Estado de Derecho los poderes constitucionales deben salir en su defensa haciendo uso de los abundantes recursos de los que les provee la Constitución para evitar excesos tan caprichosos como totalitarios y fuera de cualquier razón.
El estado de derecho debería ser una preocupación conjunta de todas las fuerzas políticas: desgraciadamente no lo es, porque absurdos y equívocos intereses electorales ayudan a los partidos a mirar para otra parte cuando creen que no les conviene. Es hora ya de que asumamos que el respeto a la ley no solo es una exigencia ineludible de la democracia, sino una clave maestra de la credibilidad de nuestra economía, de nuestra supervivencia. Es de esperar que las palabras de Rajoy no se queden en nada si, cosa que sería funesta, los nacionalistas catalanes llevan a efecto sus baladronadas e incumplen la sentencia.
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