Categoría: derechos civiles

La inmersión lingüística y la Ley


El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón a una serie de familias que recurrieron a la Justicia frente al hecho de que las autoridades educativas les negasen su derecho a escolarizar a sus hijos en español, en un auto que establece con claridad lo que solo alguien muy ofuscado por los prejuicios puede negar: que cualquier español que resida en Cataluña tiene derecho a ser educado en la que considere su lengua materna, sea el español, la lengua común que todos tenemos el derecho de utilizar y el deber de conocer, según establece la Constitución, o el catalán que es la lengua propia de esa Comunidad Autónoma. Este derecho esencial, cuyo respeto debiera ser una exigencia elemental de cualquier autoridad en una democracia, no puede ser pisoteado invocando razones puramente políticas o aludiendo al respeto debido a la lengua catalana, que nadie pone en duda.
Los nacionalistas catalanes, con la impagable ayuda de los socialistas, y con cierta tibieza del PP, han establecido un sistema que impone la inmersión lingüística como norma general; pues bien, independientemente de lo que se piense de dicho sistema, lo que establece el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que los alumnos que así lo desearen siguen teniendo el derecho a ser escolarizados en su propia lengua, de manera que no se puede imponer por razones puramente políticas o administrativas una lengua distinta a la que el alumno y sus padres prefieran, puesto que tienen un derecho previo a cualquier ley o estatuto a ser educado en la lengua de su elección, especialmente cuando esa lengua en la que exigen ser educados es la lengua  común de todos los españoles y que, además, goza de plena vigencia y poderío en la sociedad catalana que acepta y usa el bilingüismo de manera completamente natural como, por lo demás, se viene haciendo desde época inmemorial.
Los nacionalistas catalanes tienen una muy amplia capacidad para convertir cuanto no les gusta en una agresión, en un imaginario choque de trenes. Dice mucho de su ideología que consideren una agresión la defensa de un derecho tan esencial como es el que nos ocupa. Los nacionalistas catalanes, y sus comparsas, aunque sean ministros de Defensa, tienen que respetar los derechos y tienen que cumplir las leyes como todo el mundo y, en caso de duda, someterse a los Tribunales y acatar lo que estos establecen de manera incuestionable. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es particularmente claro y solo quienes estén moralmente ciegos por su totalitarismo cultural y político pueden ver en él una agresión a los derechos de nadie.
Por más que lo puedan desear, el nacionalismo no puede ser una patente de corso para hacer lo que les plazca con el Estado de derecho, con la ley y con los derechos de quienes no forman parte de su comunidad imaginaria, del paraíso nacionalista en sus formas más puras. La libertad, decía Hayek, consiste en que pueda haber quienes hagan cosas que no nos gusten, y la libertad consiste en Cataluña en que quienes lo deseen puedan ser educados en la lengua materna de su elección, también cuando ésta sea el español, por mucho que les moleste a los nacionalistas catalanes.
Los que se han mostrado supuestamente tan respetuosos del consenso constitucional para rechazar la reforma reciente de la Constitución no debieran ignorar que el consenso más básico de cualquier democracia debe ser siempre el respeto a la ley y el acatamiento de las sentencias firmes. Está claro que los nacionalistas catalanes, y sus comparsas, creen que pueden sermonear a todo el mundo con una supuesta superioridad política y consideran un abuso intolerable que ellos tengan que cumplir con las exigencias básicas de cualquier democracia.
El líder del PP, en contraste llamativo con el silencio aquiescente y cobardía de los socialistas, ha advertido a Mas de lo dramático que resultaría que la Generalidad se aprestase a aplicar a la sentencia cualquier disculpa que llevase a su incumplimiento. Es razonable que recurran, aunque seguramente volverán a perder, pero sería intolerable que no cumpliesen desde ya mismo las exigencias que se derivan de los derechos vulnerados a esas familias que han acudido al amparo de los Tribunales de Justicia, lo que permite ver los importante que es que estos conserven plena independencia y que no hayan caído bajo las garras insaciables del poder político de los nacionalistas. Cuando no se acata una sentencia se liquida el Estado de Derecho, y cuando se pretende liquidar el Estado de Derecho los poderes constitucionales deben salir en su defensa haciendo uso de los abundantes recursos de los que les provee la Constitución para evitar excesos tan caprichosos como totalitarios y fuera de cualquier razón.
El estado de derecho debería ser una preocupación conjunta de todas las fuerzas políticas: desgraciadamente no lo es, porque absurdos y equívocos intereses electorales ayudan a los partidos a mirar para otra parte cuando creen que no les conviene. Es hora ya de que asumamos que el respeto a la ley no solo es una exigencia ineludible de la democracia, sino una clave maestra de la credibilidad de nuestra economía, de nuestra supervivencia. Es de esperar que las palabras de Rajoy no se queden en nada si, cosa que sería funesta, los nacionalistas catalanes llevan a efecto sus baladronadas e incumplen la sentencia.
Libros y textos

Rubalcaba al aparato

Una leyenda sobre los periodistas indica que no leen los periódicos, pues bien, en el caso de El Mundo podemos desmentirlo, ya que ayer domingo se apresuró a dar como propia la noticia que La Gaceta había dado el sábado sobre la grabación de todas las llamadas telefónicas de los controladores, también las de sus números privados, establecida por el gobierno.

Rubalcaba no se anda con chiquitas: lo malo es que creen que el ordenamiento legal es papel mojado cuando se interpone a sus designios, a sus planes totalitarios. Ya es desmesura declarar un estado de alarma por su incapacidad para meter en cintura a los controladores, pero tienen tan buena imagen de sí mismos que las cautelas les parecen melindres. No se dejan impresionar por el hecho de que ningún gobierno democrático haya recurrido jamás a ese estado de excepción que exige la existencia de un grave peligro para el conjunto de la nación que no se pueda combatir por otros medios. Rubalcaba, como un nuevo Luis XIV, cree que el estado es él, y que si él se ve amenazado, el estado se encuentra en peligro. Ésta interesada confusión ha propiciado que el estado de alarma se prolongue una primera vez, y ya veremos lo que da de sí esta prórroga. Mientras tanto, y llevados de su peculiar sentido de la responsabilidad, que consiste en que el gobierno no tenga que dar explicaciones a nadie, haga lo que haga, los hábiles telefonistas del Ministerio del Interior han sido dedicados a escudriñar las conversaciones privadas de los controladores, a ver si por fin descubren que toda la trama se origina en algún primo del PP, lo que daría al asunto la conveniente dimensión política que muchos de sus seguidores echan lastimosamente en falta.

La patrimonialización del poder es un riesgo moral que afecta a todos los gobiernos, pero el PSOE ha dado muestras más que suficientes de que se trata de una perversión que no se condena en sus códigos éticos. La ley deja de serlo siempre que les convenga, y por el tiempo que les resulte útil. Ningún precepto ético o legal es suficientemente sólido como para impedirles hacer lo que les place. Ellos establecen, por ejemplo, fuertes normas de incompatibilidad para los demás, pero se las saltan cuando el caso les afecta. Ellos consideran que recibir unas baratijas como regalo es grave quebranto de la ley, pero se asombran de que se pretenda empapelar a Bono por los millonarios dones y permutas con que le han beneficiado sus innumerables y generosos amigos inmobiliarios.

Hay que recordar a este gobierno que el estado de alarma y la militarización de los controladores también tiene sus límites. Es muy grave que se viole el derecho a la intimidad de cualquiera, incluso si fuese un delincuente, si eso no se hace con las debidas cautelas y bajo la tutela judicial correspondiente. No se trata ya de la discutible legalidad de una medida como la que hemos dado a conocer al público, sino de que nos asusta la avilantez con la que el gobierno se toma a beneficio de inventario todas las disposiciones que previenen la arbitrariedad y el abuso de poder. Ni siquiera los controladores, que se han ganado a pulso por su insolencia la repulsa de la mayoría de los españoles, merecen un trato vejatorio por parte del gobierno y de sus aparatos policiales. Tienen derecho a la intimidad, tienen derecho a la tutela de las leyes y de los jueces, tienen derecho a defenderse, y el gobierno no puede pretender que le apoyemos cuando pisotea los derechos esenciales, aunque sea con el propósito de vencer a los controladores.

[Editorial de La Gaceta 201210]