Sin negar la habilidad de los abogados de ETA para tratar de obviar los más que razonables obstáculos que la legislación opone a la legalización de los amigos políticos de la banda, parece evidente que el camino directo, la mera legalización por los tribunales ha de ser descontado, incluso en la versión venidera del Tribunal Constitucional. Sería, desde luego, bastante escandaloso que la notoria continuidad de Sortu con organizaciones que han merecido su ilegalización, tras procesos sometidos a todas las garantías imaginables, y a las que incluso han considerado como terroristas diversos organismos internacionales, no fuese suficiente motivo para cerrar el paso a ese nuevo disfraz de los mismos enemigos de la democracia que siempre han pretendido la justificación, el enaltecimiento y la colaboración de los crímenes de ETA, del terrorismo puro y duro.
Parece altamente probable que, sin embargo, los de Sortu encuentren una salida lateral para alcanzar sus propósitos, mediante la colaboración de un partido legal como lo es EA. Si esto llegase a suceder, se haría evidente que el Estado democrático ha defendido los intereses de la paz, de la democracia y de la libertad con decisión, pero con escasa pericia. No vale conformarse con el argumento de que “hecha la ley hecha la trampa”, un dicho que muestra lo muy acostumbrados que estamos al uso torticero de la justicia; habría que reconocer que la legislación no estuvo hecha con el suficiente rigor. Como es obvio, además de este presunto fallo en las previsiones jurídicas en defensa de la decencia política, de la paz ciudadana, y del orden constitucional, lo que está ocurriendo aquí es que diversos partidos pretenden sacar provecho de la situación que Sortu está forzando.
El PSOE juega a aparecer formalmente enfrentado a los designios de los terroristas y de sus amigos, pero sería ingenuo ignorar que está manejando este asunto con un tacticismo evidente y que, como es su costumbre, no pierde de vista en ningún momento sus conveniencias electorales que admiten diversas especies de acomodación a las circunstancias del caso. Es evidente que unos están defendiendo lo que les conviene con vistas al electorado general, y otros están diciendo lo que les parece más oportuno con vistas a las elecciones inmediatas en Euskadi y, como todo el mundo puede comprobar, el concierto es disonante.
Por otra parte, el juez Martín Pallín, en uno de sus ratos libres en la cruzada que le ocupa en defensa de Garzón y tratando de tildar de fascistas a sus compañeros del Tribunal Supremo, se ha manifestado partidario de olvidarse de lo que dice la ley para admitir a Sortu en el juego democrático, dando a entender que, detrás de ellos, puede haber miles de votos. Se trata de una tesis que no sorprende en un magistrado capaz de confundir cuanto convenga a sus intereses, porque la cuestión esencial es si el grupo que lo promueve cumple con los requisitos mínimos exigibles para formar parte de una democracia que se respete, y no parece. La democracia ha sido muchas veces débil con el terror y no debería serlo una vez más. Es un problema de dignidad y de valor, cualidades que escasean más de lo que debieran.