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1. Es un problema político, de poder, no hay nada que haya que entender bien, mejor o peor. Sea cuál fuere la idea que se tenga acerca del nacionalismo, de las naciones, las patrias, Kedourie, Gellner o Benedict Anderson, estén o no en lo cierto (por cierto, ¿que es estar en lo cierto a este respecto tan brumoso?), lo importante es acertar con una política adecuada. Adecuada, entiendo yo a los intereses españoles,  a las exigencias de la unidad e indisolubilidad de la patria, primero, y de la Nación española y su ordenamiento legal, después.

2. La única historia que hay que tener muy presente es la de estos años de democracia para reconocer que la apuesta del 78 ha sido un error, independientemente de que algunos, más o menos listos, lo supieran ya entonces, o de que ahora se enteren todos, o no todos. Se apostó por conseguir la lealtad de los partidos nacionalistas a base de concesiones, y eso no ha funcionado. Es como el que tiene una serpiente venenosa o un león un poquito manso en casa y apuesta por educarle: lo que conviene cuando se comprueba que no dejan de morder o de picar es matarlos o meterlos en una jaula. No es cuestión de valor, sino de instinto de supervivencia, claro que algunas regias cabezas parecen tan necias que ni siquiera ahora lo ven así. 

3. En consecuencia, hay que vencer a los nacionalistas, y hay que vencerles con las reglas de juego de la democracia, si no perderemos más y será peor. Eso incluye, en su caso, la amenaza inteligente, hacia los Pujoles, que salieron de naja el 23F, pero sobre todo a los que van a seguirles, me da igual si por convicción o por miedo, la presión cierta e insistente e incesante sobre toda especie de poderes, empresas, prensa, etc.

4. Es imprescindible dejar de seguir funcionando al ritmo que les conviene: o independencia o exitazo electoral y vuelta a empezar, a base de llevar la iniciativa frente a la indefensión política de España.

5. No creo que a los ingleses se les ocurra mirar a ver qué hacemos nosotros con Cataluña para tratar el problema escocés o el de Irlanda del Norte. En eso, sí deberíamos imitarlos. En todo lo demás, el problema no es que sea distinto, que lo es, es que es el nuestro, no el de ellos, y en política nunca existen dos situaciones iguales, ni siquiera similares. 

6. Sin embargo, a estas alturas de la historia europea, al llegar las cosas a donde han llegado, y al ir a celebrarse un referéndum en Escocia, creo que sería un error, otro, no coger el toro por los cuernos, y, en consecuencia, considero indispensable: 

a. reformar la constitución, que además hay diez o doce motivos más para hacerlo,

b. admitir el principio de la secesión, pero introduciéndolo en la Constitución y yendo de la ley a la ley,  para que quienes no quieran seguir  en la casa común, sea Cataluña, Euskadi, la Bureba, o la acera izquierda de la calle Serrano, puedan ejercer ese derecho que no me importa nada reconocer, tan seguro estoy del chantaje emocional y partidista que supone el secesionismo actual, y así fijar las reglas conforme a las cuales se debiera hacer la pregunta decisiva y clara, las fórmulas de negociación de la separación amistosa, como hizo Suecia con Noruega a comienzos del pasado siglo, el plazo en el que no podría volver a repetirse la consulta, todo en plan canadiense, y disponerse a ganar la batalla. 

c. admitir que se puede perder es la mejor manera de ayudar a que ganemos y de poner a los españoles de Cataluña frente a su responsabilidad, que no es exactamente la mía, sino más exigente. 

Detrás de todo el montaje secesionista hay una concepción pre-democrática, antiliberal y austracista que se ha resucitado para ponerse  al servicio de la partitocracia catalana (que es idéntica a la del resto de España, pero mejor organizada y con mayor consenso social debido a la intoxicación historicista y etnicista que han cultivado con absoluta dedicación y esmero y con nuestro estúpiido consentimiento), un mal que nuestro sistema actual no ha puesto ningún interés en combatir y superar. Lo que pasa en Cataluña muy bien podría acabar pasando en Valencia, y hasta en Madrid, es cosa de ponerse a ello: en el fondo eso es lo que está detrás de la delirante expresión de deuda histórica que ha tenido tanto éxito, y de la confusión entre los derechos de las personas y los derechos (inexistentes) de los territorios, de la puesta en cuestión de la legitimidad fiscal de un Gobierno común, argumento que implícitamente acepta el Gobierno español cuando se sienta a negociar con presidentes, cosa que no debería hacer nunca más en el futuro. 

Por supuesto, si estamos convencidos de que nos conviene que España siga siendo lo que es, bueno lo que debiera ser y ahora ya es un poco menos, pero no todo está perdido, hay que dar una batalla en toda regla, cosa que ni ha empezado a hacerse, contra los secesionistas, pero no solo con argumentos constitucionales  o de historiador, aunque también con ellos, sino en serio, con la RFEF, con la economía, por tierra, mar y aire: darles la idea de que no nos da igual y de que nos están queriendo robar algo que no estamos dispuestos a dejarnos arrebatar por las buenas, y por las malas ya veremos. 

Con los matices del caso,creo que he dicho lo que me parece esencial: lo hemos hecho mal; hay que rectificar;  es un problema de poder, y no existe poder si no se tiene capacidad de causar miedo; más democracia y no consentir, de ningún modo que se vulneren las leyes, aunque haya que cambiar el sistema constitucional para demostrarles que no defienden una causa realmente respetable ni mayoritaria. Si no fuere así, pues a empezar de nuevo, tras algo que supondrá cinco siglos de retroceso, y se habrá debido, sobre todo,  a la impericia y la cobardía de la clase política española, aunque nosotros la elegimos y la soportamos, incluyendo a su pináculo, pero se deberá también al envilecimiento de una sociedad, la catalana, que se ha pasado en la dosis de agnosia moral que resulta soportable  y en la sumisión al capricho irresponsable de sus líderes/señoritos.

Los partidos separatistas catalanes, CiU, ERC, ICV y SI, han aprobado una resolución en el Parlamento de Cataluña el pasado 27 de septiembre que representa una grave agresión al orden constitucional y que anuncia la celebración de una consulta completamente ilegal en relación con una quimérica autodeterminación, con posterioridad a las elecciones autonómicas del próximo 25 de noviembre. Este hecho sin precedentes en un Estado Miembro de la Unión Europea, en la que rige como principio básico el de lealtad institucional, lo que implica el respeto escrupuloso al Estado de Derecho, constituye un acto de ingratitud, de insolidaridad y de irresponsabilidad.
De ingratitud, por la falta de reconocimiento del inmenso esfuerzo realizado en España a partir del pacto de la Transición para descentralizar el Estado y reconocer los hechos diferenciales.
De insolidaridad, por acometer semejante maniobra de debilitamiento de la imagen de España en la esfera internacional cuando más necesario es inspirar confianza y demostrar estabilidad en momentos en que millones de nuestros compatriotas sufren las consecuencias de la crisis.
De irresponsabilidad, por las imprevisibles consecuencias de un proceso de vulneración de la legalidad de esta naturaleza, que puede abocar a Cataluña y al resto de España a un conflicto interno, que nadie desea, y a un largo período de empobrecimiento material  y moral.
Ante un desafío a la Nación de esta magnitud y que le causa un daño tan considerable, el Gobierno tiene la obligación ineludible de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes vigentes, aprobadas democráticamente por el pueblo español en su conjunto, sujeto único e indivisible de la soberanía nacional. Por consiguiente, el Gobierno, en el caso de que la anunciada consulta se convocase por parte de la Generalidad de Cataluña, deberá aplicar sin la menor demora los artículos 161.2 y 155.1 y 2 de nuestra Norma Suprema, el primero para suspender una convocatoria flagrantemente contraria al ordenamiento en vigor, y el segundo para proceder, previa conformidad del Senado, a la inmediata intervención de la Comunidad Autónoma de Cataluña en los términos previstos por la ley al haber tomado sus autoridades una medida inequívocamente contraria al interés general de España con evidente vulneración de sus obligaciones. 
El Gobierno de la Nación no puede dejar abandonados a los ciudadanos catalanes en manos de quienes violen la Constitución, las leyes y la esencia de la democracia. 
El Gobierno de la República, en el Decreto de 7 de octubre de 1934 por el que declaraba el estado de guerra para atajar la revolución en Asturias y la proclamación del Estat catalá por Lluis Companys, afirmaba: “Todos los españoles sentirán en el rostro el sonrojo de la locura que han cometido unos cuantos”. Tres años después, Manuel Azaña tomaba nota en su Diario en mayo de 1937 de “las muchas y muy enormes y escandalosas pruebas de insolidaridad y despego, de hostilidad, de chantajismo, que la política catalana ha dado frente al Gobierno de la República”. Algunos insensatos pretenden que la Historia vuelva a trazar un bucle desastroso y es deber sagrado del Gobierno evitar que se reproduzca la tragedia pretérita cortando de raíz la presente farsa con todos los medios que le presta su legítima autoridad. Cualquier Gobierno que no procediese de este modo perdería inmediatamente su legitimidad ante los ciudadanos y cualquier forma de respetabilidad en el concierto internacional.