Diguem no

Tal era el título de una canción de Raimon (de nombre civil, Ramón Pelejero Sanchís, nacido en Játiva, Valencia), cuya simplicísima letra, por lo demás, desprendía una notable suficiencia moral y estaba rebosante de ese tono de superioridad que era corriente entre las juventudes ricas, izquierdistas e ignorantes de los años sesenta. A pesar de todo, ese título me ha venido a la memoria como grito de rebelión frente a un asunto muy distinto, al que creo que hay que poner claramente la proa antes de que sea demasiado tarde, y demasiado el mal inevitable.

Me refiero a la escalada simbólica y verbal de los independentistas catalanes que parece no contar con ninguna oposición, sino con un desdén fingido y una indiferencia cobarde. No basta a los independentistas tener al Gobierno de la Nación a sus pies y a la Generalidad a su servicio, sino que pretenden que nos traguemos sus referendos tramposos en los que triunfan los suyos de manera indiscutible y comencemos a pedir perdón por tenerlos tan inicuamente sometidos. Creo que somos muchos, en Cataluña y fuera de ella, los que no vamos a quedarnos con la boca abierta y los que vamos a exigir a los poderes públicos que no toleren por más tiempo esas tomaduras de pelo.

Hay que decir que no a la independencia de Cataluña por tres razones fundamentales que no pueden darse de barato. Por amor a la libertad, por el bien de la democracia y por respeto a la ley. Y hay que comenzar a hacerlo con los actos simbólicos que, abusivamente, pretenden dar a entender que la mayoría de los catalanes quieran dejar de ser españoles.

La libertad corre peligro en manos del independentismo que, al saberse minoritario, no tiene otro remedio que recurrir a la coacción, a la violencia, y al miedo, creando un ambiente en el que el miedo impida el atrevimiento de pensar lo contrario.

La democracia no existe sin controles y está claro que los independentistas buscan únicamente la expulsión y el anonadamiento de quienes no se adapten a sus designios; lo que es increíble es que las autoridades se presten a semejantes maniobras de modo que, dicho sea de paso, habrá que pedir las correspondientes responsabilidades a quienes hayan consentido la utilización del censo para la patochada del referéndum reciente.

La ley está para respetarla y para que se respete por todos. Es intolerable que los políticos se la salten y, casi más, que afirmen que se la van a saltar. Cualquier ciudadano que atente contra la ley debe ser sancionado, y de esta regla general no deberían exceptuarse los políticos. Cuando en un Estado se renuncia a que la ley se respete, los responsables de esa dejación traicionan a la patria común, a la democracia y a la libertad, y deberían ser inhabilitados por procedimientos comunes y, en último caso, por los electores.