Si hay algo que irrite a los ciudadanos en el comportamiento de la Justicia es la mera apariencia de iniquidad, el trato desigual para las conductas iguales, la desproporción en el juicio, defectos que, si aparecen muchas veces, siempre lo hacen en relación con el poder, con la posibilidad de torcer en beneficio propio la vara de la justicia.
El caso Bono nos está proporcionando ejemplos realmente sorprendentes de la facilidad con que la Fiscalía hace un uso alternativo de la ley y de las cautelas procesales dependiendo de quién sea el afectado. Es rigurosamente incomprensible que el presidente de la Comunidad Valenciana haya de vivir pendiente de los tribunales por la supuesta aceptación de unos trajes, y que el señor presidente del Congreso de los Diputados, antiguo ex ministro de Defensa y ex presidente de la Comunidad de Castilla la Mancha, sea puesto al abrigo de cualquier sospecha por más que sea evidente el inexplicable incremento de su patrimonio, y por mayores pruebas que existan de aceptación de regalos y de inauditas permutas, siempre en su beneficio, con empresarios que tenían excelentes motivos para ganarse su benevolencia.
Al parecer, cuando se trata de Bono, cualquier posible sospecha carece completamente de fundamento. Hay que preguntarse qué habría de hacer un político socialista para que a los subordinados de Conde Pumpido se les ocurra que merezca la pena investigar el tema a fondo, lo que, entre otras cosas, tal vez pudiere eliminar de una vez por todas la sombra de falta de honorabilidad que se cierne sobre la tercera autoridad del Estado. Como beneficio adicional, se podría dar lugar a nuevas doctrinas jurídicas que ampliasen notablemente el panorama de lo permisible, lo que incrementaría la tranquilidad y el relajo con el que los políticos podrían dedicarse a incrementar su patrimonio, como tan sabiamente ha hecho el señor Bono. Pues bien, la Fiscalía se niega a que un tribunal independiente juzgue sobre el fondo de estos asuntos y nos condena a mantenernos en un estado de perplejidad insalvable.
Por otra parte, los argumentos que formula la Fiscalía en el escrito de recusación no dejan de ser surrealistas. Sostiene el Fiscal que en una permuta en que el sospechoso ha obtenido un beneficio económico de, al menos, 549.460 euros, se han cumplido los criterios de igualdad económica, de manera que no haya lugar para suponer que la permuta sea un favor encubierto. Ignoramos cuál sea la experiencia del Fiscal en permutas, y si ha tenido la suerte de beneficiarse de momios similares, pero podemos asegurarle que, digan lo que digan los legajos, esa operación levanta toda clase de sospechas. No menos sorprendentes son los restantes argumentos sobre el aspecto económico de las operaciones objeto de la querella. Es directamente ridículo que la fiscalía pretenda hacer pasar como el regalo normal de una madrina de bautizo la lujosa decoración de una vivienda puesta a nombre de la amadrinada. El universo económico que dibujan las operaciones de Bono pertenece por derecho propio al reino de la literatura fantástica, pero, desgraciadamente, nos recuerda también al universo orwelliano, ese mundo en el que se predica que todos son iguales, pero en el que, efectivamente, unos son más iguales que otros. Que la justicia contribuya con sus argucias procesales a que no se sustancie este asunto es una burla contra el más elemental sentido de la equidad, y una muestra evidente de que nos queda mucho para gozar de una justicia independiente, sin la cual nuestra democracia no deja de ser una triste caricatura de lo que debiera ser.
[Editorial de La Gaceta]