Categoría: politización de la justicia

Disculpando a Divar

Entre los que disculpan a Divar hay alguna diversidad, pero no mucha. El argumento proferido es el de la venganza, cosa que sirve también para sentar plaza de entendido. Es muy probable que sea cierto, pero me temo que no tiene nada que ver. El caso Divar pasará a los anales porque será un primer ejemplo de corruptela en la que no ha funcionado el escamoteo, aunque desgraciadamente no se ha subrayado lo más grave, sino lo anecdótico, pero por algo se empieza. Más grave que los euros es la costumbre de semana caribeña, desde luego, pero lo peor de todo ha sido el comportamiento inicialmente corporativo de los jueces afines, aunque luego se hayan corregido, por lo que pueda tronar. La Justicia no solo está en malas manos políticas, sino en manos sucias judiciales. Siento decirlo, porque me parece que se puede malentender, pero que se ponga en la picota a un político por unos trajes, y que se considere que no atenta al reglamento lo del juececito es de coña. En fin, entiendo que se haya chapuceado una solución no demasiado sangrienta, pero hay que ir a más y a mejor, no a lo de siempre.
Google se niega

Que la Justicia no se detenga


Lo ocurrido con Camps marca un precedente de exigencia en las relaciones entre Justicia y política del que se sacarán, es de esperar, lecciones positivas, pues ha supuesto un calvario excesivamente largo. Lo más importante es que crea un precedente clarísimo en un asunto que los políticos tienden a oscurecer, la necesidad de asumir responsabilidades políticas en el momento mismo en que exista un procesamiento penal. En medio de tanta mediocridad y disimulo, algo es algo.
Lo que hasta la fecha se sabe del llamado caso Faisán configura el sumario más comprometedor que nunca haya afectado al Ministerio del Interior. Lo que la opinión pública desea saber con certeza es si el Gobierno llevó tan lejos su apuesta, equivocada e indigna, por lo que llamaron el proceso de paz, como para impedir que un grupo de terroristas a punto de ser detenido cayese en manos de la Justicia, que es, precisamente, lo que parece. Eso es lo que cualquiera puede colegir de lo que ahora sabemos, pero la Justicia no puede conformarse con lo que ya ha obtenido, y debe tratar de esclarecer de dónde exactamente salieron las increíbles órdenes que ejecutaron los policías ya procesados y que no eran precisamente unos policías cualesquiera, sino una parte muy importante de la cúpula antiterrorista que actúa sobre el terreno, en el País Vasco. Según publicó recientemente La Gaceta,   la investigación, que aún no está cerrada y ya ha obtenido poderosas descalificaciones de los sectores más asustados del Gobierno, puede dar un giro de ciento ochenta grados durante el próximo otoño, si se confirmara que se pueden encontrar indicios de delito suficientemente graves como para procesar al actual ministro del Interior, Antonio Camacho, quien, desde su puesto en el Ministerio, al lado mismo de Alfredo Pérez Rubalcaba, tenía, en todo caso, la obligación de seguir muy de cerca los que pudieran hacer sus hombres.
El problema es ya de enorme gravedad para el Gobierno, pero  si, en el otoño, se produjera el procesamiento del actual Ministro del Interior, el caso pasaría al Tribunal Supremo, una razón de peso que ha podido influir para nombrar Ministro al señor Camacho, pero, aunque eso supusiese un cierto respiro, la confirmación judicial de las fuertes sospechas sobre la responsabilidad de Camacho, colocaría tanto al actual Gobierno como al candidato socialista en una posición de extrema debilidad política.
Fuentes judiciales han llamado la atención sobre las iniciativas de la Fiscalía general tratando de retirar del caso al juez Ruz para ponerlo en otras manos, y sobre el envío de una circular de obligado cumplimiento exigiendo en los fiscales la “adhesión ideológica” como requisito del delito de colaboración con banda armada, un intento bastante desesperado de modificar  la calificación jurídica que pudieren revestir las acusaciones que resulten de la investigación en curso. Algo así como si una circular de la Fiscalía hubiese exigido para casos como el de los trajes valencianos el deliberado propósito de presumir, por ejemplo.
El juez Ruz no parece persona impresionable, y está dedicando a un asunto tan delicado y grave una atención muy detenida y escrupulosa que contrasta con la proclividad a perder esta clase de sumarios en cualquiera de los múltiples cajones de los que disponía un juez algo más descuidado como era Garzón.
El asunto que el juez tiene entre manos es de una extraordinaria gravedad penal y podría suponer, de llegar a buen término, una impagable lección sobre los límites penales y morales que los Gobiernos no pueden en ningún caso, sobrepasar. No hay doctrina política capaz de justificar una indignidad y una traición a los intereses de la democracia y de la Nación española, tratando de evitar que el conjunto de la sociedad española llegase a conocer lo que el Gobierno de Zapatero ha sido capaz de hacer con tal de conseguir una mínima y falsa apariencia de solución pacífica para un problema que cualquier democracia mínimamente respetuosa con la ley y con su dignidad política habría encomendado en exclusiva a los policías, bajo la atenta vigilancia de los jueces. El deseo de convertirse en aprendiz de brujo podría depararle a Zapatero un último y definitivo disgusto.

Lo de Bildu

Los españoles estamos siendo duramente golpeados por un tema capaz de aburrir a las ovejas, la cosa vasca. Si no fuera por la cantidad de muertos y de daño que han hecho estos sujetos, el asunto no merecería otra cosa que el más profundo desprecio, eso es lo que pasaría en un país digno, pero en España ni hablar. 
Llevamos años empeñados en hacer mal las cosas, y, lo que es peor, en deshacerlas cuando, por un casual, se empiezan a hacer bien. El tostón vasco estaba encarrilado, pero ha tenido que venir Zapatero a mostrarnos lo genial que es y a liarla de nuevo. No voy a gastar ni una letra más en manifestar la repulsa que me produce esa actitud tan cobarde, pero hay un asunto del que no quiero dejar de hablar, precisamente porque no soy jurista. El Tribunal Constitucional en lugar de hacer su trabajo con honor y dignidad, ha decidido, una vez más, que a él nadie le gana en servilismo y que se siente muy capaz de hacer cualquier encargo que se le haga. ¡Qué vergüenza de país! Es increíble la facilidad con la que los más altos honores y dignidades del Estado se postran ante el dedo todopoderoso, la tranquilidad y el cinismo con el que se ciscan en lo que haga falta con tal de no dejar insatisfecho a quien les puso en lugar al que nunca debieran haber llegado. El Tribunal Constitucional es una vergüenza nacional, así de simple, y no porque no esté de acuerdo con el significado político de sus sentencias, esta vez tan rápida que causa espanto, un asunto que no tendría inconveniente en discutir, aunque ya queda dicho que el tema aburre a las ovejas, sino por el hecho de que se hace evidente que este Tribunal se ha quedado para siempre con la imagen que el chiste atribuía a la Benemérita, cualquier día podría declarar a quien conviniere culpable de la muerte de Manolete. ¿Cuándo se hartará este país de sectarios  de soportar, con paciencia infinita, que los que están más obligados a la objetividad y el respeto a las formas se las pasen por salva sea la parte?  


El éxito de Samsung

Un paraíso fiscal

Como todo el mundo sabe, son razones fundamentalmente prácticas las que explican la propensión de los llamados paraísos fiscales a establecerse en territorios insulares. Las Baleares no gozaban, hasta la fecha, de esa sospechosa fama paradisíaca, pero vistas las informaciones que está arracimado La Gaceta, pronto habrá que cambiar de idea. Baleares está siendo un paraíso fiscal para su personal judicial, una modalidad nueva de paraíso, pero una de las más seguras y, en teoría, más al abrigo de la suspicacia de las leyes, pues quienes las aplican se encargan de que nadie investigue a los fiscales y/o jueces que agreden los intereses del común, del fisco que dicen y debieran defender. Nada menos que tres fiscales de Baleares, Pedro Horrach, Juan Carrau y Adrián Salazar, son titulares de patrimonios sospechosos en la medida en que recurrieron a una conducta absolutamente impropia cual es la de consignar en documento público un valor para su predios muy por debajo de su valor de mercado. Una conducta enteramente similar ha sido uno de los motivos por los que estos mismos señores empapelaron de manera inequívoca al señor Matas que, para su desgracia, no ostentaba la condición de fiscal.

Ante la pública evidencia de estas irregularidades, un presunto delito fiscal, faltas tipificadas como graves en el estatuto profesional, el fiscal jefe de Baleares, Bartolomeu Barceló, ha tenido la ocurrencia de argumentar que no piensa llevar a cabo ningún tipo de actuación porque, a su sospechosos entender, las astucias fiscales de sus colegas constituyen únicamente “una cuestión privada y personal”. Con doctrinas como esa es como se consolida la fama paradisíaca de las Islas: basta con ser fiscal para que nadie te moleste por birlar 3.966 euros a la hacienda pública cuando te compras un ático en Palma, como hizo el fiscal jefe anticorrupción, Juan Carrau, el hombre adecuado en el lugar preciso, o por aplicar un bajonazo de apenas un millón de euros el valor declarado por un chaletito en Calviá, como hizo Adrián Salazar, fiscal antidroga.

¿Qué hará Pumpido ante un asunto tan incómodo? ¿Se consolará comprobando la fidelidad y la astucia de sus fiscales o les aplicará la ley común? Ya sabemos, por las noticias del caso Malaya, que al fiscal general le preocupa la buena fama de los fiscales, empezando por la suya propia, de manera que es muy probable que decida no ampliar el escándalo dejando que se impute a individuos tan solícitos, pero que no se confunda pensando que este caso vaya a caer pronto en el olvido, porque hay materia suficiente como para que, en algún momento, un juez decente acabe por tomar cartas en un asunto tan desagradable y que ensucia la buena fama de la justicia balear, y, más aún, después de haberse sabido, como publicó recientemente La Gaceta, que también el juez que instruyó el caso contra Matas obtuvo en el Banco una tasación que multiplicaba por dos el valor declarado de la por su casa. En interés de la justicia habría que depurar con la máxima rapidez este estatuto de exención de las obligaciones con la hacienda pública que parece afectar a un sector muy específico del personal judicial de Baleares.

¿Qué hace mientras tanto el PP balear? Nada. Afectado, al parecer, por la conducta poco ejemplar de Matas, parece estarse olvidando de que combatir la corrupción, pues no se trata de otra cosa, es una obligación inexcusable de cualquier partido que pretenda ser decente, sin miedo alguno a lo que se pueda decir, y sin olvidar que el silencio es una forma muy precisa y cobarde de complicidad.

Mi bella lavandería

Las lavanderías forman parte esencial del imaginario fílmico siempre que se trate de gánsteres. Una asociación inevitable entre el lavado de la ropa y el blanqueamiento del dinero sucio ha hecho de estos establecimientos lugares privilegiados en el desarrollo imaginario de las tramas delictivas. No deja de ser, pues, una infausta y sorprendente coincidencia que, según informa La Gaceta, haya aparecido una lavandería en el abigarrado escenario de los bienes de fortuna que atesora el señor presidente del Congreso. No produce sino asombro la capacidad del señor Bono para ir engarzando pequeñas perlas en el collar de sus posesiones, de manera discreta, tacita a tacita.
Es claro que esta noticia tendría que inquietar a nuestros concienzudos fiscales, si es que se decidieran a investigar un enriquecimiento que nada tiene de modélico y cuyas causas han de ser, por fuerza, completamente ajenas a los empleos, públicos y escasamente remunerados, del señor Bono.
La lavandería que ahora ha salido a la luz no es, precisamente, una empresa pequeña y, como en casi todo lo que tiene que ver con el político manchego convertido en plutócrata, guarda sospechosas relaciones con las instituciones y con los constructores amigos de Bono. Curiosamente, el señor Santamaría, presidente de Reyal, al que no se le conoce en el ramo de la limpieza, ha sido titular de la explotación hasta el momento en que esta pasó a las manos de sus actuales propietarios, uno de cuyos familiares ha explicado de manera paladina que actúan, en realidad, como meros testaferros del auténtico propietario que no es otro que Bono. Se trata de afirmaciones graves que la Fiscalía debería investigar porque además servirían para explicar algunas de las sorprendentes noticias que se refieren a la vida y milagros de la portentosa lavandería, como la escasez de su factura de agua o las caprichosas subvenciones que ha recibido.
Al parecer, los empleados, los vecinos y los conocedores de las intimidades de la empresa dan también por hecho que la verdadera propiedad de la lavandería está en manos de alguien distinto a quien la administra de manera nominal. Visto lo visto, no es extraño que una buena mayoría de manchegos piense que cualquier cosa pueda ser propiedad del albaceteño, dada la habilidad que no hay otro remedio que reconocerle para irse haciendo una fortuna. Habría, sin embargo, que despejar esta sospecha para evitar que el público se acostumbre a la idea de que los políticos puedan eludir la presión de la justicia y las indagaciones de la opinión pública, que tiene derecho a conocer cómo se las gastan quienes le piden el voto, con el simple procedimiento de inscribir sus pertenecías a nombre de quienes se prestasen alegremente a desempeñar ese papel, al servicio del todopoderoso y por el bien de la región.
La Fiscalía puede seguir poniéndose de perfil, y agarrándose a criterios tan discutibles como el de que no se pueda investigar los orígenes de las fortunas, lo que constituye una manera patente e hipócrita de escurrir el bulto cuando se trate de empleados públicos que de ningún modo hubieran podido amasar honradamente el pastizal que se les reconoce, y del que gozan sin demasiados disimulos.
Una hípica, un imperio inmobiliario, una lavandería… no son propiedades de las que puedan presumir los políticos honrados que acceden a su oficio sin bienes de fortuna previos, como ha sido el caso de Bono. Que a la Fiscalía no le merezca dudas es algo más que sospechoso, es una evidencia de que la Justicia quiere quitarse la venda de sus ojos y colocárnosla a nosotros, pero no lo consentiremos.
[Editorial de La Gaceta]

Una fiscalía de geometría variable

Si hay algo que irrite a los ciudadanos en el comportamiento de la Justicia es la mera apariencia de iniquidad, el trato desigual para las conductas iguales, la desproporción en el juicio, defectos que, si aparecen muchas veces, siempre lo hacen en relación con el poder, con la posibilidad de torcer en beneficio propio la vara de la justicia.
El caso Bono nos está proporcionando ejemplos realmente sorprendentes de la facilidad con que la Fiscalía hace un uso alternativo de la ley y de las cautelas procesales dependiendo de quién sea el afectado. Es rigurosamente incomprensible que el presidente de la Comunidad Valenciana haya de vivir pendiente de los tribunales por la supuesta aceptación de unos trajes, y que el señor presidente del Congreso de los Diputados, antiguo ex ministro de Defensa y ex presidente de la Comunidad de Castilla la Mancha, sea puesto al abrigo de cualquier sospecha por más que sea evidente el inexplicable incremento de su patrimonio, y por mayores pruebas que existan de aceptación de regalos y de inauditas permutas, siempre en su beneficio, con empresarios que tenían excelentes motivos para ganarse su benevolencia.
Al parecer, cuando se trata de Bono, cualquier posible sospecha carece completamente de fundamento. Hay que preguntarse qué habría de hacer un político socialista para que a los subordinados de Conde Pumpido se les ocurra que merezca la pena investigar el tema a fondo, lo que, entre otras cosas, tal vez pudiere eliminar de una vez por todas la sombra de falta de honorabilidad que se cierne sobre la tercera autoridad del Estado. Como beneficio adicional, se podría dar lugar a nuevas doctrinas jurídicas que ampliasen notablemente el panorama de lo permisible, lo que incrementaría la tranquilidad y el relajo con el que los políticos podrían dedicarse a incrementar su patrimonio, como tan sabiamente ha hecho el señor Bono. Pues bien, la Fiscalía se niega a que un tribunal independiente juzgue sobre el fondo de estos asuntos y nos condena a mantenernos en un estado de perplejidad insalvable.
Por otra parte, los argumentos que formula la Fiscalía en el escrito de recusación no dejan de ser surrealistas. Sostiene el Fiscal que en una permuta en que el sospechoso ha obtenido un beneficio económico de, al menos, 549.460 euros, se han cumplido los criterios de igualdad económica, de manera que no haya lugar para suponer que la permuta sea un favor encubierto. Ignoramos cuál sea la experiencia del Fiscal en permutas, y si ha tenido la suerte de beneficiarse de momios similares, pero podemos asegurarle que, digan lo que digan los legajos, esa operación levanta toda clase de sospechas. No menos sorprendentes son los restantes argumentos sobre el aspecto económico de las operaciones objeto de la querella. Es directamente ridículo que la fiscalía pretenda hacer pasar como el regalo normal de una madrina de bautizo la lujosa decoración de una vivienda puesta a nombre de la amadrinada. El universo económico que dibujan las operaciones de Bono pertenece por derecho propio al reino de la literatura fantástica, pero, desgraciadamente, nos recuerda también al universo orwelliano, ese mundo en el que se predica que todos son iguales, pero en el que, efectivamente, unos son más iguales que otros. Que la justicia contribuya con sus argucias procesales a que no se sustancie este asunto es una burla contra el más elemental sentido de la equidad, y una muestra evidente de que nos queda mucho para gozar de una justicia independiente, sin la cual nuestra democracia no deja de ser una triste caricatura de lo que debiera ser.
[Editorial de La Gaceta]

Equilibrios en el alambre

El día de hoy no es como para andar con bromas, ni con matices, pero me parece que precisamente en días en que la actualidad parece cegadora, puede ser interesante dedicarse a hablar de cosas ligeramente más sutiles.
Les voy a pintar un panorama de equilibrios entre la política, la justicia y la fama. Visto que el TS va a empapelar a Garzón, si no es que los justicieros internacionales se lo llevan en volandas y a tiempo, estaba cantado que el señor de los trajes, volvería al estrado. Los jueces tienen que ser justos, pero no están obligados a ser heroicos, y visto lo que les había caído a cuenta de don Baltasar, era muy improbable que se pasasen de generosos con el señor Camps.
Si hay un político en cuya defensa no gastaría una línea, es el presidente de la Comunidad de Valencia; creo que es casi imposible ser más torpe de lo que él ha sido, y creo que ha hecho, y parece que seguirá haciendo, un grave daño a su partido, y a España. Si no es un corrupto, que no lo sé, no cabe duda de que se ha conducido de la manera más idiota, ridícula y risible que se pueda imaginar, y solo por eso, en un país medianamente serio, no debería permanecer un minuto más en su puesto. Resulta sorprendente, sin embargo, que se pueda empapelar a alguien por meros trajes, mientras que al señor de los caballos, los dúplex y los variadísimos regalos de sus amistades inmobiliarias, no hay fiscal que le tosa.
Cuando se piensa en la democracia española es inevitable caer en la cuenta de que aquí, el poder, el verdadero poder, sigue siendo intocable.Nuestra tradición de oscurantismo, disimulo, retórica, mentira e irresponsabilidad, sigue intacta. Queda mucho para que podamos gozar de una democracia decente, pero no echemos la culpa a nadie, solo a nosotros mismos que lo consentimos con una mezcla absurda de pasividad, picardía y cinismo.

Justicia infinita

El juez Garzón ha decidido poner en la calle a uno de los líderes más significativos del entorno de ETA empleando unos procedimientos que recuerdan extraordinariamente a los afectados por las tres causas que contra él se están viendo en el Tribunal Supremo. Hay dos cosas que son obvias: la primera es que el juez Garzón será lo que sea pero no es incoherente; la segunda es que el señor juez tiene una idea bastante laxa de la relación que haya de guardar la justicia que imparte con la ley común.
El señor Diez Usabiaga ha sido liberado para que pueda asistir a su madre de acuerdo con la ley de dependencia. Sin embargo, según se ha sabido, no se han cumplido los trámites oportunos para que sea aplicable esa exención de cárcel, y se da la circunstancia, además, de que el afecto maternal del líder no ha sido lo suficientemente intenso como para pasar a saludar a su madre, más de una semana después de ser liberado, además de que el amoroso dirigente tiene dos hermanas que muy bien hubieran podido ocuparse de su señora madre. Aunque según el aforismo clásico, dura lex, la ley sea dura, ya se ve que también puede ser muy oportuna, siempre que Garzón esté por medio.
Una vez más, el juez Garzón se ha salido del camino común para aplicar una justicia sui generis, algo que en manos de cualquier otro sería considerado, probablemente, como delictivo. Garzón aplica una justicia sin tasa, sin límites, infinita. Muchos recordarán que Justicia infinita fue el nombre que, de manera notoriamente impía, adjudicó el señor Bush a una de sus operaciones bélicas en desiertos lejanos. No pretendo molestar a los numerosos admiradores de nuestro benemérito juez empleando para sus decisiones un titular tan malsonante, pero son cosas que pasan.
Garzón no reconoce límites ni quiere tenerlos a la hora de aplicar su fino instinto judicial a los complejísimos casos que le caen en suerte. Volvamos al líder del entorno etarra; cualquiera entenderá que no se trata de un preso común, sino de un recluso excepcional. ¿Es lógico que se apliquen a seres excepcionales normas tan comunes y romas? ¿Para qué pudiéramos querer un juez de la notoriedad de Garzón si no le fuere lícito interpretar la ley de acuerdo con su acendrado espíritu de Justicia? Garzón es un juez que no conoce límites ni fronteras; por ello tiembla Ben Laden, al que ha empapelado en un rasgo de valor indudable, y otros delincuentes de su porte apenas se atreven a salir a la calle.
El magistrado de las X no reconoce otros límites que los que él se imponga, y que cree que para hacer justicia no se puede andar uno con zarandajas. Recordarán ustedes cómo Garzón ha estado, en pleno ejercicio de sus derechos y sin olvidarse nunca de sus altísimas responsabilidades (otra cosa es que se le hayan pasado por alto un par de detalles burocráticos, que, en realidad, nadie debería exigir a figuras excepcionales como él), en una conocida universidad de Nueva York, y, de paso que ha ampliado su fabulosa formación jurídica, se ha empapado de la idea anglosajona de que los magistrados han de interpretar la ley, sin dejarse llevar por lecturas restrictivas del efecto benéfico de la justicia, universal, por supuesto.
Lógicamente, convencido como está de la necesidad de modernizar la justicia para salir en el telediario, ha debido pensar que ya está él ahí para decidir lo que haya que limitar, en cada caso, y lo que pueda y deba ser ilimitado para el beneficio de la justicia, universal, por supuesto. ¿Qué el expediente de Usabiaga no está completo? Ya se completará, si hiciese falta. ¿Qué el líder no tiene tiempo de atender a su mamita? Lógico, porque tendrá muchas obligaciones que atender, pero nadie debiera dudar de que la madre estará muy aliviada con su hijo por las calles, lo que satisface, sin duda alguna, la intención de fondo de la ley de dependencia, aplicada con amplitud de miras.
Los españoles podríamos ser muy injustos con Garzón si nos olvidásemos de su condición excepcional, de su costumbre de sobrevolar la legislación en beneficio de la justicia infinita. No hemos sabido ver lo que continuamente hace por todos nosotros y por nuestras instituciones, por los Gobiernos de izquierda, por los Bancos que saben ayudar a las universidades prestigiosas, por los magnates de la prensa, por los príncipes de la paz que tratan de superar el conflicto vasco, en fin por la justicia, infinita, por supuesto.
¿Cómo se puede pretender que la justicia, además de ciega, tenga las manos atadas, cuando el crimen sea tan inquietante, por ejemplo, como el de los engominados? ¿Acaso el público no comprende que, a base de garantías, se pueden acabar escapando y que se crearía un agravio con el PSOE de Filesa? ¿Es que queremos estigmatizar al más diligente de nuestros jueces que, de tanto trabajo que tiene, no acierta a quitarse el caso Faisán de encima? Pues bien, así no hay manera de hacer la justicia infinita que le gusta a Garzón, conviene que se sepa.

La disonancia moral de cierta izquierda

Cualquiera que haya reflexionado mínimamente sobre lo difícil que resulta cambiar los hábitos de conducta, reconocerá el acierto de aquella afirmación del Príncipe de Lampedusa, según la cual es preciso que todo cambie para que todo siga igual. En particular son muchos los españoles que, acostumbrados por nuestra larga tradición católica a plantear las cosas en términos teológicos, como una lucha entre el Bien y el Mal, emplean de manera bastante inconsciente esa contraposición para juzgar los acontecimientos políticos, y caen como pardillos en la trampa de promover en la práctica aquello que creen detestar en la teoría. Este fenómeno que se conoce como disonancia cognitiva, puede resultar sorprendente a los poco avisados, pero es muy fácilmente identificable para cualquiera que se dedique a los estudios sociales. Pondré un par de ejemplos muy fáciles de comprobar; un cierto porcentaje de votantes de izquierda se identifican como liberales en las encuestas del CIS, aunque, en la práctica, voten políticas explícitamente antiliberales.

Hay un ejemplo muy reciente y, dicho sea de paso, más doloroso, de esa disonancia. Apenas puede haber alguna duda de que si se preguntase a los españoles, en especial a los de izquierdas, si son partidarios de alguna clase de privilegios, contestarán con una rotunda negativa, y es incluso probable que se sintiesen agredidos por la mera pregunta. Y, sin embargo, buena parte de esos decididos enemigos, supuesta y radicalmente opuestos a cualquier privilegio, no dudan en defender determinados privilegios cuando el caso, por las razones que fuere, les pueda convenir. Piénsese, por poner un ejemplo muy obvio, en la oposición de ciertos sectores de izquierda a alguno, o a todos, los procesamientos que amenazan al juez Garzón. Nadie lo dice de manera abierta, pero tras muchos de los argumentos que se han empleado en su defensa, se esconde una doctrina absurda y contradictoria que todos ellos rechazarían si se les preguntase abiertamente por ella. La doctrina que dicen defender se podría formular del siguiente modo: “todos los españoles son iguales ante la ley”, pero lo que de hecho defienden con su oposición al procesamiento del conocido juez, es un argumento que se expresaría mejor del siguiente modo “todos los españoles son iguales ante la ley, salvo que se trate de juzgar a quienes tenemos por un héroe, por un santo o por un símbolo”. También dirían que están de acuerdo con que “todos los españoles tienen el derecho de acceder en condiciones de igualdad a la justicia”, pero en la práctica defienden con rotundidad una versión totalmente diferente del principio, a saber, “todos los españoles tienen el derecho de acceder en condiciones de igualdad a la justicia, salvo que sean de extrema derecha, o pretendan juzgar a un intocable”.

Estos supuestos izquierdistas que se dejan dirigir por argumentos de calidad intelectual enteramente impresentable, están haciendo realidad en la práctica el principio totalitario que tan brillantemente satirizó Orwell en su Rebelión en la granja: “todos los animales son iguales, aunque unos son más iguales que otros”.

La izquierda debería alarmarse de que cualquiera de los suyos emplease argumentos tan obscenamente opuestos a una igualdad esencial para cualquier demócrata, la igualdad ante la ley. El problema está en que muchos supuestos izquierdistas siguen pensando en términos teológicos, que aprendieron en la época franquista, y creen todavía que sólo la verdad tiene auténticos derechos; naturalmente no se les pasa por la cabeza ni el absurdo de esa idea, ni la estupidez de pretender que solamente ellos están en esa supuesta verdad. Para esta gente, la alternancia democrática es un invento de Satanás y, consecuentemente, dedican gran parte de sus energías a atacar a cualquiera que parezca una amenaza a sus derechos imprescriptibles a imponerse.

Pensar por cuenta propia suele ser psicológicamente muy costoso, puesto que nos señala como elementos peligrosos en el seno del clan. Muchos son incapaces de vivir a la intemperie, sin esos lazos de lealtad y sumisión, especialmente fuertes cuando se transforman en un mecanismo de retribución, en un interés material o simbólico. Por eso me parece que uno de los signos más alentadores de este momento es que haya jueces que se atrevan a ser independientes, que se rebelen frente a la sumisión a los caprichos y arbitrariedades de los políticos, que rechacen el comportamiento servil de los jueces complacientes. Desde que el PSOE destruyó el modelo judicial que establecía la Constitución, con la amable aquiescencia de ese PP que siempre confía en la herencia, los jueces han estado sometidos a una tutela casi vergonzosa. Que algunos de ellos se atrevan a desafiar los privilegios de los políticos, y a desenmascarar a quienes han confundido su función con la de instrumentos de la mayoría dominante, es una noticia extraordinaria.