La derrota política de ETA en todos los terrenos, no ha resultado equivalente, por desgracia, a una completa desaparición de los sectores sociales del País Vasco que han venido dando amparo y cobertura a los crímenes etarras, a los fines que éstos han proclamado, y, aunque con menor intensidad, a los medios criminales de que se han servido. Grandes sectores de la sociedad vasca han sido pasmosamente insensibles, al dolor de las víctimas, a la injusticia de las acciones, al terror de los procedimientos que ha empleado ETA.
Cuando la violencia parece acercarse a su final se debería procurar que esos sectores no se crezcan en sus demandas, como sin duda lo habrían hecho, de haber obtenido alguna clase de victoria. Su actuación trata, precisamente, de simular el éxito que no han logrado, pero si las fuerzas democráticas se dejan engañar, sería posible que acabasen consiguiendo alguna de las cosas que pretendieron arrancar violentamente. El Estado está obligado, en este punto, a ser ejemplar, a demostrar que la violencia no puede obtener premio alguno, a sostener con toda firmeza que las condenas emitidas por tribunales independientes y con plenitud de garantías procesales se deben cumplir, y a no consentir que sectores próximos a los aparatos políticos de ETA hagan pasar como actividad política ordinaria lo que no sería sino una nueva forma de delinquir, el enaltecimiento del terrorismo.
Para el próximo sábado está convocada, como ya sucedió el año pasado, una manifestación de apoyo a los presos de ETA, una manifestación que, en pura lógica política, debería ser declarada ilegal por los tribunales, como lo fue hace un año, aunque diversas fuerzas cercanas a los terroristas consiguieran finalmente que se celebrase haciendo uso de variopintas argucias. Una serie de asociaciones cívicas como Voces contra el Terrorismo, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), y Dignidad y Justicia se han dirigido ya al juez de guardia para obtener la suspensión legal de la marcha prevista.
La habilidad de los sectores cercanos a ETA para encontrar resquicios que les permitan burlarse de la democracia tiene, con todo, un aspecto positivo, a saber, que hace patente cómo la democracia cuida las formas, pero tiene también consecuencias muy dolorosas, como lo son, sin duda, que los partidarios de los asesinos puedan pisotear al aire libre el dolor y el recuerdo de las víctimas que los terroristas han sacrificado de la manera más insensible y cruel. Hay que poner fin a esta clase de martingalas que pueden llegar a crear algo más grave que la confusión y el escarnio, a abrir una puerta falsa pero efectiva a los objetivos políticos de los terroristas. No se trata ya de que haya una sanción social contra quienes muestran tan escasa capacidad de distinguir entre víctimas y verdugos, sino de que existan instrumentos legales que permitan evitar estas parodias, que traten de impedir que los secuaces de los etarras manipulen a la opinión y progresen en su propaganda implicando a figuras que deberían saber mantenerse al margen, como esos jugadores de la Real Sociedad que se han unido a los convocantes. Los totalitarios nunca han tenido respeto ninguno ni por la libertad ni por la autonomía y la independencia de las instituciones, y no van a cambiar ahora. Pero, puesto que les conocemos bien, tendríamos que imaginar formas de evitar que sigan celebrando en la calle actos que solo merecen la repulsa y el dolor de todas las personas de bien.