La izquierda es muy aficionada a revisar el pasado, pero mira para otra parte cuando ese pasado nos dice cosas que no le convienen. Los sindicatos españoles, bien nutridos y pagados, ocupan en España un papel político que no hay manera de entender sin tener en cuenta que, en realidad, son beneficiarios de un estatus ministerial heredado del franquismo. Con la legislación laboral pasa algo parecido, porque, aunque haya sido revisada en la época de UCD con el Estatuto de los trabajadores, incorpora de manera indiscutida una serie de principios que el régimen anterior impuso de forma autoritaria por su necesidad de neutralizar las tensiones laborales y sociales. Que el empleo, la colocación, como entonces se decía, fuese para toda la vida, fue uno de los principios inspiradores del régimen laboral del franquismo y ya entonces se decía que resultaba mucho más costoso un despido que un divorcio, cosa infinitamente más cierta ahora que en esas épocas cuyos principios son teóricamente vilipendiados por el personal de izquierda, pero sañudamente defendidos cuando les benefician, como es el caso.
La realidad tecnológica, industrial, comercial, empresarial y social ha variado de manera inmisericorde durante las últimas décadas, y no se puede ignorar esta clase de cambios cuando convenga a los intereses del ministerio de los sindicatos. Maestros en la propaganda, los sindicatos han logrado convencer a buena parte de la opinión pública de que hay que luchar contra lo que han dado en llamar “trabajos precarios”. La defensa de una serie de trabas legales para evitar el despido, vanamente, como se ve por el desempleo brutal que padecemos, y la presentación de esa “precariedad” como fruto de la codicia incesante y anónima de los patronos es uno de sus eslóganes predilectos. Pero lo realmente precario no es el empleo, sino el negocio y el mercado. Es suicida mantener los privilegios del conjunto de los trabajadores, tanto si son creativos, leales y eficientes, como si son consumados absentistas, ignorando las características y dificultades del entorno económico; también es completamente absurda la pretensión de que el trabajador tenga unas garantías de las que carece quien le emplea, y roza la paranoia pretender que esos derechos, y los costes que implican, aumenten con el tiempo para el trabajador, mientras disminuyen en la misma proporción para los emprendedores que los emplean. Parece obvio que, con semejantes reglas, nadie va a arriesgarse a crear puestos de trabajo que, a medio y largo plazo, puedan actuar como garantía de quiebra personal.
No es fácil entender esta situación sin caer en la cuenta del desmesurado poder de los grandes sindicatos españoles. Habrá que preguntarse de una buena vez cuál es el fundamento de ese poder, y porqué gozan de unas prerrogativas tan injustificadas. Si fuésemos realmente un régimen parlamentario y democrático, como somos nominal y constitucionalmente, no tendría ningún sentido que cuestiones de importante carácter legal y económico, como es la definición del régimen legal del trabajo, estén supeditadas a los intereses de lo que se llama patronal y de los que se llaman sindicatos. Su presencia y su poder político constituyen una muestra evidente de lo que queda en nuestro sistema político de un régimen más corporativo que democrático. Es algo con lo que habría que acabar ya.
No tiene ningún sentido que los sindicatos anuncien una movilización contra medidas legales que aprueba el órgano de la soberanía nacional. Basta con pensar en lo que diríamos si hiciesen algo parecido los militares, los jueces, o los profesores. A los sindicatos se les consiente lo que a nadie se tolera. Como fruto de esa inconsecuencia, los sindicatos se permiten recurrir de manera impune al uso de la fuerza siempre que se lo aconseje su interés. Todos sabemos que cuando se plantea una huelga general, nadie es libre de no seguirla, porque se arriesga a ser víctima de la violencia de los piquetes, de las únicas bandas de la porra que todavía pueden dar una paliza a cualquiera sin que tengan que responder ante nadie.
La forma de funcionar de los sindicatos es realmente peligrosa para la democracia. Con la disculpa de defender los derechos sociales de los trabajadores cultivan su huerto privado con mimo y primor. Va siendo hora de que analicemos en serio su papel, y de que repensemos a fondo cuál haya de ser su forma de actuar en una democracia parlamentaria, lejos de los hábitos corporativistas que les otorgan un poder tan ilegítimo como evidente. No representan un poder indiscutible, ni administran ninguna herencia sagrada. La Constitución les reconoce su papel, pero no les otorga ningún derecho a vivir de subvenciones, a saltarse a la torera el interés común, o a establecer según su conveniencia las leyes laborales y la legislación social, aunque les encante hacerlo.