Hay mucho follón y griterío sobre piratas y delincuentes contra la propiedad intelectual y convendría no pasar por alto alguna que otra enormidad. El derecho de propiedad intelectual es un derecho que hay que definir con sumo cuidado porque, por definición, la propiedad intelectual, a diferencia de cualquier otro tipo de propiedad, tiene dos características fundamentales; en primer lugar no existiría si no se pudiese compartir de alguna manera el bien que supuestamente protege, de forma que el autor está siempre bordeando una especie de descapitalización cuando da a conocer su obra y, a su vez, no puede obtener nada de ella mientras no la haga pública; en segundo lugar, por tanto, la propiedad intelectual es un concepto que protege, sobre todo, la autoría moral del creador, pero que no puede extenderse sin mucho cuidado y sin que medien disposiciones legales precisas a las copias o ejemplares que reflejen el contenido de su obra porque aunque otros posean a su modo su propiedad (lean su libro, escuchen su música), eso no le priva de ella. Se trata pues de una propiedad muy sui generis.
No hay forma de establecer una norma general que regule precisamente este peculiar derecho y que sea inmediatamente aplicable a todo tipo de creaciones. Por ejemplo, sería absurdo que un pintor pretendiese cobrar una tasa a cada uno de los que ven un cuadro suyo previamente vendido, pero eso es, precisamente, lo que pretenden, y frecuentemente consiguen, los músicos y las entidades que gestionan sus derechos. La cuestión es que los músicos y los cineastas se han organizado muy bien (no así los escritores ni los pintores, por ejemplo) y ahora se encuentran con que los cambios de la era digital les privan de algunos ingresos porque está cambiando completamente el funcionamiento del mercado. Es explicable que pretendan combatir formas supuestas de abuso (las ventas de las llamadas copias pirata de sus CD o DVD, por ejemplo), pero no lo es tanto que pretendan colar esas restricciones de rondón en una ley que nada tiene que ver, ni en su enunciado ni en sus intenciones, con esa clase de derechos.
El problema es que en la red es bastante indiscernible la copia pirata que, en principio, podría ser sancionable, del préstamo entre amigos, por ejemplo, que no debiera serlo. No hay pues descargas ilegales hasta que una ley no las defina con toda nitidez y con respeto a las garantías y los derechos civiles de los usuarios. Y esa legislación habrá que hacerla con calma, y no a medida y urgencia de las cuentas corrientes de los beneficiarios.
Tratar de poner puertas al campo es siempre una política destinada al fracaso y que se entiende mal cuando se promueve por personas que no parecen estar en situación económica comprometida, aunque, como a todo el mundo, les guste ganar más. Llueve pues, sobre mojado. Los consumidores, y muchos autores de otros géneros, pagamos ya el famoso canon y estamos hartos de que los que tienen acceso a la sala de mandos pretendan apretarnos un poquito más. Si, además, amenazan con un exceso como cortar el acceso a Internet, la cosa empieza a ser intolerable. Es como si a alguien por robar en un almacén se le prohibiera conducir porque ha llegado al lugar del crimen en coche.
Que se lo piensen mejor los esforzados trabajadores de la cultura y sus expertos cobradores, porque van por el mal camino, incluso cuando pudieran tener razón.