El viejo corporativismo

Es bastante asombroso que aceptemos como si tal cosa que la legislación laboral deba ser pactada entre empresarios y sindicatos. Si se aplicase el principio al resto de las actividades se vería lo absurdo que resulta. Por fortuna, la cerrazón corporativa va a obligar al gobierno a enviar al parlamento una legislación laboral que hay que esperar no sea timorata y pueda servir para cambiar algo el panorama de la contratación y del empleo. Esto que se considera excepcional es lo que debería ser normal, lo contrario es un resto absurdo de corporativismo o, si se prefiere, de franquismo.
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Lo que Botín no dice

Con gran aparato, digno de su significado, se ha reunido el todavía presidente Zapatero con los cuarenta grandes empresarios del país, designados por Moncloa, en un acto que, a los que peinamos canas,  nos recuerda, inevitablemente, los saraos del franquismo y, muy en especial, a esos cuarenta de Ayete que el dictador designaba directamente durante su veraneo en San Sebastián, para que defendiesen con denuedo los intereses generales de los españoles, es decir, lo mismo que habrá hecho cualquiera de estos cuarenta que se haya  atrevido a alzar su desinteresada voz ante un cónclave tan selecto.
Según la prensa, el señor Botín, presidente del Banco de Santander, le sugirió al señor presidente del gobierno que se dejase de embelecos sucesorios, que agotase la legislatura y que siguiese el calendario de reformas. Es difícil que un hombre tan importante como es el banquero cántabro se vaya a meter en berenjenales sin tener muy claro lo que está en juego. Lo que ya no está tan claro, es que los españoles alcancen a comprender con nitidez lo que significa esta clase de aquelarres, un síntoma más, y particularmente elocuente, de que en nuestra Monarquía constitucional la democracia está muy embarrancada.
¿Se pueden sentir los españoles representados por el señor Botín o por cualquiera de los muy ilustres capitanes que compartieron la mesa de reuniones con Zapatero, Rubalcaba y Salgado? No parece. ¿Es razonable pensar que lo que allí se sugiera al presidente suponga un beneficio general, especialmente si estuviere en abierta contradicción con los complejos intereses allí arracimados? Tampoco es razonable suponerlo.
¿Qué imagen trasmite una reunión de ese porte? Muy sencillamente, la de que en España todo se cuece al margen del Parlamento, y ello, sobre todo, porque lo que, según este gobierno tan singular, está en juego, es el marco de estabilidad de las grandes empresas, y, muy en especial de la Banca, que hay que mantener a todo trance, y ello aunque se masacre a los pensionistas, se rebaje el sueldo a los funcionarios, se suban los impuestos de manera inmisericorde y se aumenten sin contemplación alguna los gastos y tarifas con que se benefician ese selecto grupo de empresarios, la luz, los teléfonos, el gas, los negocios de los constructores, o los márgenes bancarios.
Técnicamente, esa reunión es la viva imagen de la plutocracia que gobierna España, mejor dicho de cómo esa plutocracia está dispuesta a lo que sea, incluso a mantener a un gobierno notoriamente incompetente, con tal de que se le asegure la obtención de las ventajas que necesitan para mantener en píe negocios no siempre bien gestionados pero admirablemente cobijados bajo el paraguas protector del poder político, en especial cuando, como es el caso, ese poder tiene bien sujeto al movimiento sindical.
Esa es la realidad que explica que en España se aplique sistemáticamente la más desconsiderada ley del embudo para defender los intereses de las grandes empresas, mientras se aplican políticas financieras y fiscales muy lesivas para las medianas y pequeñas, para los autónomos y para toda clase de personas dependientes de un empleo. Que un Banco, por poner un ejemplo del día, pueda indemnizar a un directivo por supuesto despido con millones de euros, y que ese mismo directivo llegue a otro Banco para reducir de manera brutal su plantilla, sin ninguna clase de indemnizaciones, es algo inconcebible en una sociedad mínimamente acostumbrada a aplicar las leyes de manera equitativa, pero aquí todo es harina para los grandes y poderosos, y todo es mohína para los más indefensos. Este es el calendario de reformas que, con toda razón, defiende Botín, porque sabe muy bien lo que  le interesa a su Banco, una institución que puede ganar miles de millones mientras España se arruina, o lo que interesa a Telefónica, o casi a cualquiera de esos cuarenta principales.
Lo que no dijo Botín, porque no le interesaba, es que esa reunión fue un acto obsceno de ostentación de poder y de desprecio a las instituciones, pero fue obsceno no tanto por los empresarios, de los que hay poco que esperar, sino por los políticos que parecían presidir el pretencioso evento, naturalmente sin prensa ni taquígrafos. Es un auténtico misterio que haya quienes piensen que se puede seguir votando a tales sujetos sin tener un interés personal a cambio; solo se comprende, a medias, si se hacen ejercicios de política comparada, pero ni con esas, la verdad.
El lema político de esa reunión bien podría haber sido algo así como “a Dios rogando y con el mazo dando”, el señor Zapatero ofreciéndose como gestor de los intereses de los grandes de España, no confundir con los grandes intereses de España, y dispuesto a seguir atizando estopa a los que no se enteran, a los que no irán nunca a esos salones, a la carne de cañón que quiere seguir creyendo que sólo un tipo tan versátil como Zapatero les puede defender de la codicia de los poderosos.