La España desigual


Los liberales corremos el riesgo de amar tanto la libertad, aunque una buena mayoría se dediquen simplemente a decirlo, que nos olvidemos de que no toda desigualdad es tolerable. Es obvio, por ejemplo, que la desigualdad ante la ley merece el repudio de cualquier liberal, y el de cualquier persona decente, pero hay más desigualdades intolerables que nada tiene que ver con la envidia sino con esa igualdad esencial, y con la condena de las formas que se ingenian para burlarla. Con las desigualdades económicas muchos tienden peligrosamente a decir aquello de que cada cual haga con su dinero lo que le de la gana, sentencia con la que estoy completamente de acuerdo, aunque el problema, me temo, es la excesiva ligereza con la que se concede a mucha gente ciertas especies espureas de derecho a lo propio.
Viene esto a cuento del rechazo que merecen las actuaciones, de auténtico juanpalomismo, las descritas con aquello de “yo  me lo guiso y yo me lo como”, en aquellas situaciones en que, por ejemplo, los políticos suavizan, sin apenas sonrojo, las condiciones para disfrutar de una pensión espléndida, al tiempo que endurecen esas mismas condiciones para el común. Esa desigualdad es realmente intolerable, obscena, y es un buen índice de cómo están las cosas entre nosotros. 
Si vamos al mundo de la empresa, considero que es realmente inadmisible que, por ejemplo, los consejeros de Iberdrola se adjudiquen una millonada en comisiones, cincuenta y cinco millones de euros, cuando estamos pagando todos la luz a un precio que me parece abusivamente alto, y cuando no hay nada que se parezca ni lejanamente a un mercado libre de energía, es decir cuando Iberdrola obtiene sus beneficios, en muy buena medida, de su capacidad de presionar al ejecutivo para la fijación de unas tarifas muy favorables a su gigantesco beneficio. Otra noticia muy similar me parece igualmente repulsiva, resulta que Vasile, el genio de la lámpara de Telecinco, ese manantial inagotable de cultura y bienestar propiedad del ejemplar Berlusconi, se sube el sueldo un 25 por ciento, simplemente  porque le parece oportuno.
Se me puede decir que no entiendo nada de todo este asunto y les diré que, en efecto, entiendo muy poco, pero creo tener alguna razón para decir que el abuso me parece que nada tiene que ver con la libertad, y que en una democracia que se precie, claro que no es el caso, esta clase de conductas deberían estar perseguidas por las leyes. No creo, además, que eso perjudicase en lo más mínimo ni la competencia, ni la libertad económica, simplemente aumentaría un poco nuestra decencia colectiva, que anda muy mal parada. 


Google lo hace bien y trata de hacerlo mejor

Todo por la pasta

Cualquier Estado que se desarrolle de manera descontrolada, esto es, sin patrón de crecimiento reconocible, de modo acelerado y sin que puedan describirse con claridad los beneficios inmediatos de su evolución, se comporta de manera enteramente similar a la de los cánceres en los organismos biológicos. Los efectos del cáncer y de sus metástasis son conocidos y muy difíciles de combatir, de manera que, aunque no sea exactamente así, la sabiduría popular ha identificado en su imaginario el cáncer con la muerte misma. Las sociedades, sin embargo, son, a su modo, inmortales, pero pueden experimentar largas y profundas agonías, que es palabra con la que también podríamos denominar a lo que llamamos crisis, una situación a la que no se le conoce salida y en la que gobernantes necios no conocen otra solución que la huída enloquecida hacia no se sabe dónde, con la esperanza de que la cosa escampe… porque, hasta ahora, siempre ha sido así.

En una de esas estamos, una crisis galopante y un crecimiento incontrolado, pero deliberado, de los servicios públicos, de manera que a la mayoría de las administraciones y al gobierno de ZP ni se le pasa por la cabeza una contención seria del gasto. Este año hemos batido la cifra de empleados dependientes del erario público que ha alcanzado una cifra superior a los 3,7 millones de personas, con un crecimiento de más de 156.000 empleados públicos en el último año. Los españoles deberíamos ser conscientes de que todo esto significa vivir por encima de nuestras posibilidades y gastar el dinero de que disponemos una manera poco inteligente. Una prueba muy simple de ello es que la relación entre el número de funcionarios y el número de ciudadanos a los que supuestamente sirven. Una administración, que difícilmente podría tildarse de liberal, como es la Generalidad de Cataluña, utiliza un 9,8% de ciudadanos en los empleos públicos, mientras que Extremadura ocupa cerca del 29%. Si la ratio catalana se extrapolase al conjunto de España nos podríamos ahorrar cerca de un millón de funcionarios: ¡a saber qué estarán haciendo!

Cuando no se está dispuesto a poner orden en los distintos cortijos administrativos (y sindicales) que viven alegremente del esfuerzo ajeno, lo lógico, aunque sea canallesco, es agarrarse al bolsillo del trabajador autónomo, del empresario y del asalariado corriente y moliente para que pague más, y más deprisa.

Según un estudio reciente del BBVA, la experiencia demuestra que las políticas de contención del déficit público inspiradas en reducciones del gasto obtienen un éxito mayor que las que se apoyan en incrementos de la carga fiscal, pero la aplicación de esa receta implicaría que el gobierno de ZP tuviese que reducir en 50.000 millones de euros el gasto público para llegar a un déficit del 3% en 2012, de acuerdo con su propios planes. ¿Alguien cree que se disponga a hacerlo?

A cambio de virtudes del ahorro, veremos excesos de verbo, y de generosidad, a cargo del bolsillo ajeno. Los impuestos indirectos, al alcohol, a las gasolinas, a los bienes de consumo, crecerán de manera desmedida con la bizarra disculpa de que siempre existirá algún lugar en el que se hallen más altos que aquí, y los impuestos directos crecerán porque, como es lógico, los más ricos deberán pagar más.

El gobierno podría aumentar sus ingresos fácilmente si cobrase al menos una parte de los costes a sus beneficiarios directos, pero entonces se descubriría parte del tinglado y la gente empezaría a pensar por su cuenta, lo que es muy desaconsejable para el buen fin del socialismo. Es toda una lección de filosofía política caer en la cuenta de que el gobierno prefiera castigarnos a cobrar el coste de sus servicios, esos que se consideran gratuitos. Sería insoportable la presión liberal de unos ciudadanos a los que se cobrase lo que de verdad vale una plaza universitaria o una cama en un hospital, cuando pudiesen pagarlo. Muchos dejarían de ser tolerantes con los males endémicos de tantos servicios públicos, con su mala calidad, con su maltrato al público. Si la gente supiese lo que de verdad paga porque le salgan gratis el colegio, la universidad o las autovías, se podría montar una marimorena, de manera que es mejor que el velo de la ignorancia cubra piadosamente los diversos desmanes de las administraciones, la cara dura de los extremeños, por ejemplo, por emplear tres veces más funcionarios en unos servicios seguramente peores que los catalanes.

A cambio se convierte en delincuente al infractor de tráfico, se muele a impuestos al que produce con su esfuerzo, y se coloca a más inútiles en cualquiera de los numerosos puestecillos que la desbocada imaginación de los administradores es capaz de establecer, aunque, eso sí, con la papeleta de voto en la boca, para que no se despisten. Más multas, más arbitrariedades, más enchufes, más impuestos. Ese es el programa que ZP pretende vendernos con el nombre de contención del déficit: es todo lo que se le ocurre.


[Publicado en El confidencial]