Ante el descomunal castigo electoral que les ha infligido el pueblo español, los ministros del Gobierno han reaccionado con más codicia que pena, y han decidido aprovechar los últimos días de su precario mandato para quedar tan bien como puedan con sus fieles y amigos, que, aunque pocos, se enfrentan a una etapa muy dura, lejos del cariño y el afecto que les ha prestado un gobierno tan amable con los suyos. Nada habría que objetar a este cariño hacia lo propio, si no fuera que se paga con el dinero de todos, y ante una duradera época de vacas flacas. El gobierno piensa llevar su solidaridad hasta el mismísimo día de la investidura, seguramente consciente de que van a tardar mucho tiempo en verse ante una oportunidad como la que han tenido y han acabado por malbaratar por su insolvencia y su sectarismo. Llama poderosamente la atención la enorme suma de dinero, de un dinero que, en realidad, no tenemos, que el Gobierno está dispensando en estos últimos días a sindicatos, fundaciones y organizaciones afines, a entidades cuyas siglas no se molestan ni en disimular su carácter de iniciativas oportunistas y aprovechadas.
El gobierno sigue erre que erre con la memoria histórica, dando estupendas ayudas a unas asociaciones de baratillo que le han hecho la ola durante estos años, por cierto que sin ningún beneficio político visible, a precios de auténtico escándalo. Produce sonrojo la lectura de los títulos que exhiben esas asociaciones para quedarse con nuestro dinero, es un puro disparate y un auténtico descaro este reparto de sopa boba a entidades que no son otra cosa que listillos dispuestos a firmar unos recibos, y a gastarlo en lo que mejor les venga, aunque sea en comilonas como la viguesa para agasajar la presencia del ministro de las gasolineras.
El frente internacional tampoco se priva de las dádivas de la alianza de civilizaciones: Exteriores ha dejado caer un maná de nada menos que 100 millones de euros sobre las más insólitas iniciativas de los escasos personajes que les hacen algún caso, aunque con esas ayudas bien podrían convertir a Zapatero en un auténtico mito de los oprimidos del mundo. Estas acciones no solo significan tirar el dinero de nuestros impuestos, sino que comprometen la continuidad de la ayuda de España en el próximo futuro, es decir que estos socialistas no solo quieren gastarse lo que no tienen, sino lo que tampoco tendrá el próximo Gobierno.
Un gobierno en funciones debería suspender de manera inmediata este rosario de adjudicaciones, y, si no se siente inclinado a hacerlo por respeto a la mera decencia, debería pararse a pensar en los recortes que ha debido hacer, a costa de funcionarios y de pobres pensionistas. Solo alguien dotado de un imperturbable sentido del cinismo puede sostener que el pago de esas ayudas constituya una obligación del Estado. Parece mentira que haya socialistas que no comprendan que ha sido precisamente esa insolidaridad real con los españoles que pagan sus impuestos, y apechugan con la crisis que el Gobierno y el PSOE negaron primero, y agravaron después, lo que ha privado al partido de unos cuantos millones de votos. Poca perdida es si se mira a la luz de las desvergüenzas que siguen perpetrando.
El PP debería exigir que cesen estas fechorías, que a la vista de los sacrificios que habremos de soportar todos, se acabe con esta feria del reparto, con el indecente saqueo de unas arcas que se han vaciado con su incompetencia y que pretenden seguir explotando hasta el último minuto, como si la cosa no fuese con ellos.