Este Gobierno no parece saber contentarse con los asuntos propios, en los que es notoriamente ineficiente, y no cesa en su empeño de ampliar los campos en que poder dejar huella de su torpeza, de su escaso respeto al pluralismo, a las libertades y de su afán de entrometerse en asuntos que le deberían ser completamente ajenos, tal como el de los medios de comunicación. Tomando como pobre excusa la mala calidad de un buen número de programas de televisión, producidos precisamente por muchos de sus amigos, por los beneficiarios directos de sus arbitrarios y mortíferos hachazos a los restos de la televisión pública a su alcance, se acoge ahora a la piadosa monserga de la calidad de los contenidos para tratar de justificar una iniciativa que sólo pretende ampliar su capacidad de censura, su poder de intimidación, su predisposición al sectarismo y a la arbitrariedad.
No es la primera vez que deseos de apariencia inobjetable y meliflua se emplean para legitimar lo injustificable, que se dicen medias verdades para ocultar auténticas tropelías, un procedimiento cuya retórica cree dominar esta Gobierno intervencionista, desnortado e ineficaz. La ley Fraga también proclamaba su deseo de promover el respeto a la verdad objetiva, pero lo que de verdad buscaba era manos libres para controlar los escasos periódicos que parecían medianamente díscolos. Con la creación del Consejo Estatal de Medios, se pretende, en el fondo, poder ir más allá, tener siempre a mano el recurso a la mordaza, poder atentar a la libertad de expresión mirando al tendido y mientras se pone cara de proteger la cultura, la infancia y un buen montón de palabras de apariencia igualmente respetable.
Esto, que es absolutamente obvio, para cualquiera que conozca mínimamente el funcionamiento de los medios en una sociedad libre, se nos propone, además, cuando ya hemos tenido ocasión de comprobar cómo funcionan esta clase de organismos sicarios en aquellas regiones, como Cataluña y Andalucía, que han tenido la desvergüenza de crearlos. En ambos casos, los Consejos de apariencia tan desinteresada han servido para proporcionar una torpe cobertura ética a los deseos de silenciar a sus críticos, para cerrar emisoras, para evitar que los ciudadanos vean, oigan o lean cosas que no resulten agradables a los delicados oídos de su gobernantes.
Resulta especialmente lamentable la pasividad con la que se está recibiendo esta infausta iniciativa por la Asociación de la Prensa, la sumisión que, una vez más, está mostrando el señor González Urbaneja, más preocupado, a lo que parece, por caer bien a los poderosos que por cumplir con su funciones y defender con gallardía el oficio de los periodistas y su libertad, sin la que quedan convertidos en meros voceros de los poderosos.
Este Gobierno no cesa de acosar a los medios libres, porque su afán de control es irrefrenable en todo aquello que no le incumbe, seguramente para compensar su escandalosa incompetencia en lo que le es exigible, además de para satisfacer ese gen totalitario que guía cada uno de sus actos. Dos ejemplos muy recientes lo atestiguan: la multa que el señor Sebastián ha impuesto a este grupo con una excusa realmente peregrina, y la declaración de la ministra Pajín, tan activa en la propagación de las necedades más variadas, reclamando que su departamento revise la información que publican los medios sobre Sanidad. Maestros en la prohibición, y a la busca de coartada, este Gobierno es una amenaza que no cesa para la libertad de todos.