Categoría: solidaridad regional

El terremoto y las elecciones

Los partidos han acordado un día de suspensión en sus actividades electorales con motivo del terremoto que ha afectado a Lorca y sus inmediaciones. Era un gesto obligado, pero seguramente insuficiente, porque con su innata habilidad para llevar el agua a su molino, los partidos han convertido la ciudad afectada en el epicentro oportunista de su actividad.Un terremoto es siempre un baño de realismo, un recuerdo de que nuestras más soberbias construcciones se pueden venir abajo con un coletazo inesperado. Es también una ocasión para revisar la calidad de nuestras previsiones al respecto. ¿Alguien imagina lo que habría pasado en Murcia si el seísmo hubiera alcanzado la virulencia de los seísmos japoneses? A este respecto, estamos en algún lugar intermedio entre Haití y y Fukushima, lo que debería llevarnos a revisar nuestras previsiones antisísmicas, y no solo la seguridad nuclear, tema que inmediatamente han sacado los que quieren vivir a costa de meternos miedo.  Lo que es evidente es que en regiones bien preparadas no ocurre nada con un seísmo como el que nos acaba de afectar. Es verdad que no habitamos una zona de gran frecuencia sísmica, pero es bastante lamentable que haya habido un número de víctimas tan elevado y que la destrucción de la obra civil haya sido tan intensa. Ahora todo son carreras en pos de la foto: Rubalcaba porque coordina los servicios civiles, Chacón porque las unidades militares van a ayudar en la reconstrucción inmediata, Rajoy porque es el líder del partido con mayor implantación en la zona, y, el viernes, Zapatero tras aprobar una serie de medias ad hoc en el Consejo de ministros. No acaba de ser irreprochable que los dos candidatos al liderazgo del PSOE compitan sobre la devastación mostrando sus mejores perfiles, pero lo peor no será que aprovechen una tragedia para mejorar sus expectativas, sino que no hagan bien lo que tienen obligación de hacer, atender bien a las víctimas y tomar las decisiones precisas para que nos veamos libres de desastres como las que ahora padecen los  murcianos. Se trata de un trabajo integral, que hay que hacer sin falta para que nunca más haya víctimas en catástrofes de este nivel, que son perfectamente evitables. Los políticos deberían aprovechar esta lección brutal para incrementar su sentido de la responsabilidad; éstas son las cosas que los ciudadanos ponemos en sus manos, lo que interesa a todos, lo público, y no queremos que se dediquen únicamente a las grescas y al tú más, a hacerse estupendos despachos y a desplazarse en coches inaccesibles para el común de los mortales, sino que aprendan a competir en eficacia, en ejemplaridad, en previsión, en hacer bien las cosas, en emplear de la manera más eficiente el mucho dinero que nos sacan. La tragedia de Lorca ha pillado al Rey un poco fuera de juego, pero habría que esforzarse para que la Monarquía, que debiera ser el símbolo común por excelencia, hiciese llegar a nuestros compatriotas una solidaridad cariñosa y atenta, para lograr que las tupidas barreras burocráticas que ha levantado el sistema autonómico no nos arrebate lo que todavía es el sentimiento más común entre los españoles, que lo que ha ocurrido en Lorca nos ha pasado a todos. Tampoco estaría mal, por cierto, que otras regiones mostrasen que no han perdido el sentido de lo común ayudando, simbólicamente y de manera eficaz, a quienes ahora sufren de manera más intensa. 


¿Un Kindle transformado en Tablet?

El desbarajuste nuclear y el último gol de Zarra

En su carrera hacia la más delirante ceremonia de la confusión, el Gobierno acaba de dar una muestra más de su capacidad para organizar barullos haciendo como que anunciaba la decisión de que la localidad de Zarra, en la Comunidad Valenciana, hubiese sido seleccionada como el lugar que habría de acoger el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares. Este Gobierno se las arregla como nadie para convertir cualquier problema en un maldito embrollo, usando habitualmente un procedimiento, comprensible entre adolescentes en crisis, pero disparatado entre personas maduras, que consiste en decir una cosa y su contraria con el menor intervalo de tiempo posible, a ver si la confusión artificial le exime de cualquier clase de responsabilidades.
Pocos asuntos revelan como éste el absurdo entramado político y administrativo de la organización territorial española, un galimatías en el que tantas veces encalla cualquier iniciativa coherente y sensata. Una descripción de nuestro sistema podría admitir definiciones tan ilógicas como las siguientes: el todo es menos que las partes, es decir, que las partes son más que el todo; todos son acreedores, pero nadie es deudor; todos enarbolan la solidaridad, pero nadie quiere pagar ni una ronda. Desgraciadamente, lo que se ha llamado estado de las autonomías, aunque nos haya reportado algunas ventajas, ha traído consigo tal cantidad de disfunciones y duplicaciones de gasto que se ha convertido en un ejemplo de lo contrario que pretendía, en algo insostenible, insolidario e irracional. La irresponsabilidad de los políticos en estos desmanes es inmensa, y los ciudadanos deberíamos empezar a exigir que se inicie una cierta marcha atrás, la invención de un sistema razonable, sin confundirlo con el centralismo, en el que se puedan tomar de manera eficiente decisiones que afecten a todos. Con esta cuestión ocurre lo mismo que con la localización de las cárceles, que todo el mundo querría que hubiese más, pero siempre en otra parte.
Pero, además de por estos pruritos territoriales, nuestro problema energético está lastrado ideológicamente; tanto la izquierda como la derecha han contribuido a que se extiendan dos ideas absolutamente estúpidas, la de la maldad ingénita de lo nuclear, y la idea de que todo pueda conseguirse sin costes. Este planteamiento tan infantil ha sido elevado a la categoría de principio con la política de Zapatero, completamente carente de sentido nacional, hasta conseguir que se diese por buena la quimera de que todos, aunque un poco más los catalanes, tengamos derecho permanente a disfrutar de cualesquiera ventajas sin que jamás nos afecte inconveniente alguno.
Una decisión que debiera tomarse por motivos estrictamente técnicos, se ve sometida a toda clase de vaivenes políticos, de manera que resulta imposible saber si el gobierno se desdice de lo dicho por miedo a perjudicar a sus partidarios en Valencia, o por cualesquiera otra de las muy complejas razones que determinan los equilibrios de poder en la Moncloa y en Ferraz, ya que hay que descartar que se trate de una acuerdo unánime de un Gobierno prácticamente inexistente.
A nadie se le escapará que acoger un cementerio nuclear tenga ciertos inconvenientes, en especial, porque la demagogia reinante y la ignorancia supina sobre las debilidades de nuestro sistema energético, hacen invisibles las ventajas que también pueda tener.
Con su habitual falta de buen sentido, el Gobierno está politizando un asunto que habría que despolitizar al máximo. Aunque sea comprensible que lo haga porque está en su carácter, porque se trata de un gobierno que busca siempre las ventajas políticas de la confusión y del enfrentamiento, nunca debiera olvidarse del supremo interés de todos los españoles en un asunto tan delicado. Es obvio que necesitamos ese almacén para no seguir pagando abultadas cifras a Francia, y no es menos evidente que ha de estar en alguna parte. El Gobierno debería haber llevado este asunto con cierta discreción, en diálogo con las administraciones implicadas y con solidísimos argumentos para hacer que la solución adoptada fuese asumida pacíficamente por los responsables territoriales. Es obvio que no lo ha hecho así, y tal vez saque alguna ventaja del enredo, aunque no se pueda descartar la pura inepcia.
Por su parte, el Gobierno valenciano se ha apresurado a anunciar que recurrirá una decisión que ha calificado como unilateral y contraria a sus intereses. Puede que tenga sus razones, pero es triste que ciertos dirigentes del PP, que presumen de desear una España no desarticulada y razonable, se conviertan en émulos de los nacionalistas más desorejados en cuanto temen que pueda verse afectada una sola coma de sus supuestas competencias. Nada contribuye menos a fortalecer la maltrecha unidad de España que estas histéricas quejas de quienes debieran tener un mayor respeto a la solidaridad territorial que consagra el artículo 2 de nuestra Constitución.

El negocio socialista

Como tantas otras cosas, tras estos años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el negocio socialista amenaza bancarrota, y a muy corto plazo. Me refiero a la habilidad de los socialistas para vender una cierta imagen de unidad política cuando, en realidad, sus programas de gobierno son profundamente distintos en cada comunidad.
Para entenderlo hay que considerar unos datos muy elementales. El PSOE puede gobernar en España gracias a los diputados que obtiene en Cataluña. La habilidad de ZP ha consistido, sobre todo, en convencer a muchos votantes catalanes de que catalanismo y socialismo eran ideas no ya coherentes sino prácticamente idénticas. En las elecciones de 2008, la diferencia entre el PSOE y el PP, en el conjunto de España, fue, como se sabe, de tan solo 15 diputados, y esa diferencia se nutrió, sobre todo, del hecho de que, solo en Cataluña, el PSOE obtuviese 17 diputados más que el PP.
Lo más notable es que, con toda probabilidad, la causa de esa diferencia tan enorme en el voto catalán esté en el hecho de que el PSOE sabe vender, y el PP no sabe evitarlo, la idea de que el PP no entiende a Cataluña, lo que una buena mayoría de catalanes interpreta en el sentido de que Cataluña está siendo esquilmada económicamente y que la culpa de ese desastre debe ser atribuida al españolismo del PP. Esta idea es tan importante que el agonizante Montilla, y sus capitanes, no dejan de repetirla, estarían dispuestos a gobernar con CiU o con ERC, como hasta ahora, pero nunca con los populares: todo menos el PP, porque Cataluña es lo primero.
Ahora bien, ¿qué hay de real en el despojo fiscal de los catalanes y quién lo causa y lo explota? Aunque el asunto de las llamadas balanzas fiscales sea muy complejo desde el punto de vista técnico, apenas puede dudarse de que, efectivamente, Cataluña es una comunidad que aporta al presupuesto del Estado más de lo que el Estado invierte en ella. Esta es una situación que no afecta solo a Cataluña, y que es relativamente normal en cualquier Estado con una geografía económica muy diversa, como sucede en España. La cuestión está no tanto en esa diferencia sino en si el montante de esta diferencia es razonable, y en si existen políticas, como la que sostuvo la UE en relación con España, sin ir más lejos, que procuren atenuarla o evitarla en el futuro.
Según el Informe del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid, que acaba de publicarse, Madrid es la Comunidad que más dinero aporta, pero, en realidad, el tinglado del gasto público se sostiene, sobre todo, gracias a las aportaciones fiscales de Madrid, Catalunya y, en menor medida, de Baleares y Valencia. Pues bien ese dinero de más, por decirlo así que se obtiene de las regiones prósperas lo administra el PSOE, gracias a su mayoría política generada en Cataluña, pero no en beneficio de los catalanes o de los madrileños, sino de otras comunidades en que, casualmente, gobierna el PSOE sin haber hecho nada en más de treinta años para que la situación de desequilibrio regional deje de producirse.
El cabreo del catalán medio deriva de que, mientras se dedica a esforzarse y a trabajar, contempla como hay regiones en las que la gente vive de manera bastante grata sin un gran nivel de esfuerzo laboral, a base de subsidios públicos que el catalán interpreta, y no le falta razón, que le roban de su cartera, aunque, como ya queda dicho, no sea el único que se ve despojado para financiar gandulerías varias.
Pues bien, contra lo que pueda imaginarse el catalán emprenyat, esos dineros no vienen a Madrid, sino que van a regiones como Extremadura, Castilla la Mancha, Asturias y Andalucía que han sido, tradicionalmente, feudos socialistas. Dicho con la mayor simplicidad posible: los socialistas gobiernan España sacándole dinero a los catalanes, y haciéndoles creer que están contra esa extorsión porque le prestan una gran atención a sus símbolos, mientras se olvidan de que son sus correligionarios extremeños y andaluces los que compran los votos de muchos ciudadanos con subsidios insostenibles que se obtienen sangrando a catalanes, aunque también a madrileños.
Este negocio político es, sin duda, muy ingenioso, pero es injusto e insostenible. Los catalanes protestan más que los madrileños, pero el Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre no cesa de proclamar que el Estado le adeuda más de 16.000 millones de euros, entre cantidades directamente no ingresadas y trucos del más variado tipo para negar el hecho de que en Madrid vivan más de 1.000.000 de personas que hace nueve años. No es extraño que los madrileños, en su conjunto, se lo piensen dos veces antes de votar a los socialistas, y no es fácil averiguar qué vacuna podrían inventarse Trinidad Jiménez, o el corajudo Gómez, en su caso, para curarnos de este mal, pero lo que es asombroso es que sea tan abundante el voto socialista de los catalanes, una situación que seguramente vaya a cambiar a partir del 28 de noviembre.
[Publicado en El Confidencial]