Supongo que los lectores recordarán el chiste de hace ya muchos años, es decir, políticamente incorrecto, como casi cualquier buen chiste, que contaba cómo un presidente, supongo que socialdemócrata, de una república bananera proponía a su parlamento la tesis de que los males de la patria se debían a la excesiva afición a la rumbita del conjunto de la población; en consecuencia para proponer su abolición, se dirigió a la cámara preguntando con un tono musical indisimulable: “¿Abolimos la rumbita?”, a lo que los diputados, siempre bien dispuestos al baile, le respondieron de manera coral: ¡”Que sí señor!”: se acabó el debate y, con el debido jolgorio, se entregaron todos a la rumba.
He recordado el chiste, de manera inevitable, al conocer la solución del Tribunal Constitucional al asunto de la nación catalana. Se trata de una solución, por llamarla de alguna manera, literalmente de chiste. Creo que ese es el punto en el que más se percibe el sometimiento de algunos de los jueces del Tribunal a los más recónditos deseos de nuestro presidente, cuyo pensamiento político está repleto de intuiciones surrealistas. Lo terrible no es que tengamos un presidente que bien pudiera haber hecho un papel extraordinario en una velada dadá, sino que haya jueces que crean prestarle un servicio riendo sus gracias, peor aún, que crean que servir a su país, a su patria, a la nación, supone, indefectiblemente bailarle el agua a un presidente tan delicuescente. Estos jueces pertenecen, sin duda, a ese grupo tan numerosos de españoles que, encabezados por ZP, creen que la política y la lógica no tienen nada que ver, y que donde este un buen amigo que se quiten todos los razonamientos, los teoremas y las evidencias. Ya saben de aquellos que, si llegare el caso, aplicarían la legislación vigente sólo al indiferente.
La política española tiende al esperpento, lo que es muy normal en un medio cultural en el que la lógica produce sarpullidos, o parece de mala educación. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán ha necesitado cuatro largos años de gestación y, pese a parto tan tardío, reúne únicamente las condiciones necesarias para salir del paso, para hacer lo que algunos piensan que es la esencia de la política, desaparecer frente a los problemas en lugar de afrontarlos con un mínimo de gallardía. Políticamente es el último de los legados de la pesada herencia de Zapatero, un muerto todavía cuasi-viviente, pero ya con un balance muy oneroso. Sin su sombra inconcreta y absurda hubiera sido imposible el Estatuto y, desde luego, nos habríamos ahorrado el espectáculo de una sentencia tan inútil, tan equívoca y tan necia.
A la hora de escribir estas líneas no se conoce todavía el texto, y tampoco tengo autoridad profesional para juzgar sobre los detalles técnicos de la sentencia. Sin embargo creo que es de auténtica vergüenza intelectual la chapuza perpetrada con el preámbulo del texto, un discurso en el que los redactores catalanes quisieron, seguramente, dejar muestras de sutileza, pero que tan solo muestra una impotencia condescendiente y farisea. Pues bien, frente a tamaña muestra de pobreza de espíritu, los magistrados constitucionales han decidido llevar a cabo un apaño memorable. Sin el menor atisbo de autocrítica, se han decidido a elevar a doctrina constitucional una chapuza digna de los diálogos para besugos que traía el TBO, que por cierto se editaba en Barcelona. Que se hayan atrevido a tolerar el uso político, pues de lo jurídico no merece la pena ni hablar, de un término tan claramente inconstitucional como el de nación, muestra hasta qué punto carecen de autoestima intelectual. Se trata de un texto que producirá carcajadas a cualquiera que lo lea sin conocer sus claves, que no son otras que el servilismo al poder de ZP, a la necesidad de mantener, al menos de aquella manera, su palabra. Siempre he pensado que fue un error diseñar un TC en el que solo hubiese juristas y careciese de lógicos y de lingüistas, gentes que, en alguna ocasión, al menos, tienen la elegancia de rendirse a la evidencia, lo que no es el caso de los abogados, con perdón si el término pareciere despectivo. Pero no quisiera contradecirme, porque dada la contextura moral de algunos, seguramente ZP hubiera podido encontrar algún lógico dispuesto a reconocer que la razón la tiene siempre quien manda, aunque mande tan poco y tan mal.
No dejar contento a nadie viene siendo la marca de fábrica de este gobierno obligado a hacer cosas razonables pero estrictamente contrarias a su dogma y a su moral. El TC ha querido sumarse a ese panorama de general descontento, aunque haya sido al precio de renunciar a su misión, a defender la Constitución y la nación en que se funda. Para disimular, han inundado su texto de jaculatorias hipócritas, han repetido lo de la indisolubilidad de la nación española a ver si alguien se lo cree. ¿Se imaginan ustedes lo que estos sujetos podrán hacer con el término indisolubilidad visto lo que han perpetrado con nación?