¡Viva la Pepa!

El día de San José, se cumplieron los doscientos años de la proclamación de la primera Constitución  española. En su reunión en las Cortes de Cádiz en 1812, celebradas en un clima de enorme tribulación interna y bajo un implacable asedio militar extranjero, la Nación española supo estar por encima de los complejos y las carencias de sus autoridades para fijar un rumbo político con altura de miras. En Cádiz se afirmó con solemnidad y valentía la unidad de la Nación, su deseo de felicidad colectiva y la importancia de la libertad y la soberanía popular.  Al conmemorar esa fecha no nos referimos meramente a un hecho del pasado, sino al inicio de un proceso, a la voluntad inteligente de fortalecer los vínculos que nos unían y nos unen, lazos que la Constitución de 1978 ha revivido para fortalecer, como es obligación de cualquier español que no sea un traidor o un inconsciente.
Los españoles de 1812 supieron muy bien lo que querían y lo que estaban dispuestos a lograr. Luego, nuestra historia no ha sido siempre fiel a la grandeza generosa de ese impulso, pero lo importante es que, doscientos años después, hemos recuperado lo mejor de aquella aventurada apuesta, y que tras unas largas y afortunadas décadas, la convivencia y la libertad están mejor asentadas que nunca.
La democracia en España está firmemente establecida de modo tal que haría sonreír con orgullo y satisfacción a cualquiera de los padres de la patria gaditanos. Pero, como muy bien sabían los constituyentes, una Nación no es únicamente un legado del pasado, sino que supone un ejercicio continuo de convivencia y de civilidad, de democracia. Son todavía muchas las cosas en que podemos y debemos mejorar, y el bicentenario no debiera ser únicamente motivo de legítima satisfacción por la buena marcha de nuestra historia colectiva, sino un catalizador de las reformas que tenemos pendientes, de las soluciones que nos impiden dar lo mejor de nosotros mismos, superar nuestras limitaciones y tocar con los dedos nuestros sueños españoles. El espíritu reformista de Cádiz es una excelente medicina del espíritu, un recordatorio de que no podemos ni dormirnos en los laureles, ni dejarnos vencer por la adversidad. Nuestro pasado, por tantos motivos glorioso, es un testimonio vivo de las posibilidades de esta Nación cuando apuesta por la libertad, por la convivencia y por la democracia. No habríamos podido lograr esto sin el impulso generoso y audaz de aquellos patriotas valientes, sin su aprecio a la libertad, su reconocimiento de la tradición histórica y su apuesta por un futuro de bienestar y progreso. Que su ejemplo generoso sea guía efectiva de nuestra convivencia.
Hábitos de compra

¿Abolimos la rumbita?

Supongo que los lectores recordarán el chiste de hace ya muchos años, es decir, políticamente incorrecto, como casi cualquier buen chiste, que contaba cómo un presidente, supongo que socialdemócrata, de una república bananera proponía a su parlamento la tesis de que los males de la patria se debían a la excesiva afición a la rumbita del conjunto de la población; en consecuencia para proponer su abolición, se dirigió a la cámara preguntando con un tono musical indisimulable: “¿Abolimos la rumbita?”, a lo que los diputados, siempre bien dispuestos al baile, le respondieron de manera coral: ¡”Que sí señor!”: se acabó el debate y, con el debido jolgorio, se entregaron todos a la rumba.
He recordado el chiste, de manera inevitable, al conocer la solución del Tribunal Constitucional al asunto de la nación catalana. Se trata de una solución, por llamarla de alguna manera, literalmente de chiste. Creo que ese es el punto en el que más se percibe el sometimiento de algunos de los jueces del Tribunal a los más recónditos deseos de nuestro presidente, cuyo pensamiento político está repleto de intuiciones surrealistas. Lo terrible no es que tengamos un presidente que bien pudiera haber hecho un papel extraordinario en una velada dadá, sino que haya jueces que crean prestarle un servicio riendo sus gracias, peor aún, que crean que servir a su país, a su patria, a la nación, supone, indefectiblemente bailarle el agua a un presidente tan delicuescente. Estos jueces pertenecen, sin duda, a ese grupo tan numerosos de españoles que, encabezados por ZP, creen que la política y la lógica no tienen nada que ver, y que donde este un buen amigo que se quiten todos los razonamientos, los teoremas y las evidencias. Ya saben de aquellos que, si llegare el caso, aplicarían la legislación vigente sólo al indiferente.
La política española tiende al esperpento, lo que es muy normal en un medio cultural en el que la lógica produce sarpullidos, o parece de mala educación. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán ha necesitado cuatro largos años de gestación y, pese a parto tan tardío, reúne únicamente las condiciones necesarias para salir del paso, para hacer lo que algunos piensan que es la esencia de la política, desaparecer frente a los problemas en lugar de afrontarlos con un mínimo de gallardía. Políticamente es el último de los legados de la pesada herencia de Zapatero, un muerto todavía cuasi-viviente, pero ya con un balance muy oneroso. Sin su sombra inconcreta y absurda hubiera sido imposible el Estatuto y, desde luego, nos habríamos ahorrado el espectáculo de una sentencia tan inútil, tan equívoca y tan necia.
A la hora de escribir estas líneas no se conoce todavía el texto, y tampoco tengo autoridad profesional para juzgar sobre los detalles técnicos de la sentencia. Sin embargo creo que es de auténtica vergüenza intelectual la chapuza perpetrada con el preámbulo del texto, un discurso en el que los redactores catalanes quisieron, seguramente, dejar muestras de sutileza, pero que tan solo muestra una impotencia condescendiente y farisea. Pues bien, frente a tamaña muestra de pobreza de espíritu, los magistrados constitucionales han decidido llevar a cabo un apaño memorable. Sin el menor atisbo de autocrítica, se han decidido a elevar a doctrina constitucional una chapuza digna de los diálogos para besugos que traía el TBO, que por cierto se editaba en Barcelona. Que se hayan atrevido a tolerar el uso político, pues de lo jurídico no merece la pena ni hablar, de un término tan claramente inconstitucional como el de nación, muestra hasta qué punto carecen de autoestima intelectual. Se trata de un texto que producirá carcajadas a cualquiera que lo lea sin conocer sus claves, que no son otras que el servilismo al poder de ZP, a la necesidad de mantener, al menos de aquella manera, su palabra. Siempre he pensado que fue un error diseñar un TC en el que solo hubiese juristas y careciese de lógicos y de lingüistas, gentes que, en alguna ocasión, al menos, tienen la elegancia de rendirse a la evidencia, lo que no es el caso de los abogados, con perdón si el término pareciere despectivo. Pero no quisiera contradecirme, porque dada la contextura moral de algunos, seguramente ZP hubiera podido encontrar algún lógico dispuesto a reconocer que la razón la tiene siempre quien manda, aunque mande tan poco y tan mal.
No dejar contento a nadie viene siendo la marca de fábrica de este gobierno obligado a hacer cosas razonables pero estrictamente contrarias a su dogma y a su moral. El TC ha querido sumarse a ese panorama de general descontento, aunque haya sido al precio de renunciar a su misión, a defender la Constitución y la nación en que se funda. Para disimular, han inundado su texto de jaculatorias hipócritas, han repetido lo de la indisolubilidad de la nación española a ver si alguien se lo cree. ¿Se imaginan ustedes lo que estos sujetos podrán hacer con el término indisolubilidad visto lo que han perpetrado con nación?
[Publicado en La Gaceta]

La roja

Conforme a nuestro aprecio barroco por la palabrería, muchos españoles padecen una creencia especialmente boba, la de que las palabras cambian las cosas, como si no existiera el refrán sobre la mona y la seda. Otros, tal vez no tan ingenuos, ni tan descaminados, profesan la convicción de que si se consigue imponer un sistema de denominaciones, se impondrán las realidades que se consideren implicadas por ese lenguaje. No negaré la importancia de este tema, pero me gustaría llamar la atención sobre la cantidad de estupideces que se pueden cometer al amparo de una creencia semejante.
Ahora, algunos han puesto de moda llamar la roja a la selección española de fútbol, a la selección nacional de fútbol, al equipo de España, las tres maneras razonables y apropiadas de denominar al equipo que representa a España en el Campeonato Mundial de Fútbol, un torneo en el que compiten equipos nacionales. Como ahora tenemos un equipo que promete se trata, me parece a mí, de desvincular al máximo el equipo de lo que de hecho representa en ese torneo, de España, que es quien juega. Es más que probable que tras esa denominación estúpida se oculten los que no quieren ni oír hablar de España o de la nación. Lo que ya no encuentro tan razonable es que el resto de españoles que no sufrimos dolencias raras ni espasmos al oír esos nombres les tomemos la palabra y hablemos también de la roja. Me temo que, al tratarse de un eufemismo imbécil, pueda acabar teniendo éxito, pero no será con mi beneplácito.
Seguramente esos mismos que ahora enrojecen sus palabras dirán luego, si al equipo no le fuere bien, que España ha fracasado, eso con lo que sueñan todos los días, una tarea con la que colaboran entusiásticamente muchos que no debieran hacerlo, pero la estupidez tiene estas cosas.

A vueltas con el término nación

Según parece, el Tribunal Constitucional está embarrancado en una evidencia y no sabe cómo salir. Es fácil salir de un aprieto cuando el problema reside en un equívoco, pero cuando la solución exige provocarlo, la cosa es un poco más complicada. La Constitución afirma con toda claridad la existencia de la nación española, pero ZP y sus secuaces nacionalistas quisieron ver dos naciones donde solo puede haber una.

Los términos y las etiquetas no son inocentes, implican presunciones y requieren reglas de interpretación que, cuando no se respetan, conducen a disparates que pueden ser peligrosos. El TC puede dejarse tentar por el famoso argumento de José Luis Rodríguez Zapatero conforme al cual la idea de nación es polisémica y, por tanto, no convenía negar que Cataluña pudiese ser considerada una nación. Zapatero suponía que dada la polisemia supuestamente inextinguible del término nación, se podía considerar perfectamente razonable el absurdo de que su uso referido a Cataluña fuese admitido como conforme a la Constitución española. El sofisma de Zapatero reside en suponer que la pluralidad de significados supone la flexibilidad conveniente, con absoluta independencia del contexto, esto es, que ZP quiere ser como Humpty Dumpty y establecer con claridad quién manda. Pero las polisemias desaparecen, por definición, cuando se precisan los contextos, ya que, en caso contrario, sería absolutamente imposible hablar y entenderse. Nación podrá ser un término discutido y discutible, pero en el contexto del lenguaje político y, muy concretamente, en el texto de la Constitución española, ese término tiene un significado perfectamente preciso y definido del que algunos pretenden desentenderse para dejar claro quién manda.

Ahora bien, el TC está precisamente para evitar que nadie retuerza los principios que nos gobiernan. Hay quienes creen que el TC puede decidir que retorcer ya no significa lo que se creía, y que el mundo siga girando como si no pasase nada. Orwell los podría haber puesto de ejemplo.