La amplísima victoria del PP en las elecciones del domingo ha demostrado que no hay en España nadie que discuta seriamente la necesidad de afrontar una etapa política completamente nueva, de iniciar un cambio radical que sea capaz no solo de sacarnos de la crisis sino de colocarnos en una senda de estabilidad y crecimiento que no pueda interrumpirse con facilidad. No estamos ante una ocasión como la de 1996, sino ante un reto de superior dificultad que hay que afrontar con decisión y audacia para que en un período relativamente breve los ciudadanos comprendan que no se trataba simplemente de cambiar, lo que era inaplazable, sino que han acertado a escoger el buen camino. Es evidente que no será fácil, pero no es menos claro que cualquier error de rumbo tendría en un plazo muy corto consecuencias catastróficas para España.
El Gobierno de Rajoy se enfrenta a dificultades realmente graves y no va a gozar de un período de gracia especialmente largo, porque las expectativas de cambio ya están descontadas, y lo único que puede cambiar el miedo de los mercados hacia la fiabilidad de España es comprobar que nos encontramos ante un gobierno decidido, valiente, que tiene las cosas claras y que no piensa en otra cosa que en cumplir nuestros compromisos y en acabar con los defectos de fondo de nuestro sistema político y económico. No es, pues, poca ni fácil la tarea, pero, a cambio, las expectativas de éxito serán grandes si se afrontan los retos con decisión, con rigor y con generosidad.
Los españoles están, dígase lo que se diga, al cabo de la calle de los disparates cometidos, y comprenderán con facilidad que se hayan de tomar medidas muy radicales, a cambio, eso sí, de que la austeridad y los recortes se apliquen con seriedad, sin demagogias electoreras, con sentido de la justicia y, sobre todo, si se aplican también a los innumerables excesos con que se han beneficiado los políticos de manera escandalosamente poco ejemplar. No hay razón alguna que impida reducir en un altísimo porcentaje el gasto puramente político de las administraciones, y eso ha de hacerse porque no se puede imponer sacrificios a los ciudadanos si quienes los imponen siguen gozando de empleos y prebendas inasumibles.
No se trata solo de corregir los errores y disparates de estos últimos años; hay que hacer cosas que nunca se han hecho y son inaplazables, como, por ejemplo, una reforma radical y muy rápida de la legislación laboral, que es la razón última de los casi cinco millones de parados; una reforma limpia y a fondo del sistema financiero que sea capaz de encontrar una solución al problema de los ruinosos activos inmobiliarios, lo que es técnicamente factible, y que permita que, de nuevo, afluya el crédito al sector privado; una severísima limitación del gasto público corriente con supresión, reunificación y armonización de innumerables organismos administrativos paralelos e inútiles, lo que exigirá un plan muy ambicioso de reformas político-administrativas que se ha de implementar en menos de un año si queremos que nuestros acreedores, los ahorradores del mundo entero, crean seriamente en nuestra capacidad de devolver lo que nos han prestado, y vuelvan a confiar en nosotros.
No se trata solo de economía; es la política lo que está en juego. Hay que acometer reformas serias de la Justicia, que supone una rémora a nuestra productividad completamente inasumible, y de la educación, sector en el que gastamos casi más que nadie y obtenemos bastante menos que la mayoría. Hay que meter mano al control de gasto en las administraciones, por ejemplo en la Sanidad, y evitar que haya organismos que rebasan sistemáticamente en más de un diez por ciento su capítulo de gastos de personal por la exclusiva razón de un absentismo laboral escandaloso, bien protegido por los sindicatos que, aunque se llamen de clase, son auténticos guardianes de los peores intereses corporativos. También es política y no mera buena administración poner fin al despilfarro de las subvenciones, que no son sino una forma de corrupción y que evitan, interviniendo arbitrariamente en los diversos sectores, que salgan adelante con facilidad las mejores iniciativas y los mejores gestores. Si los españoles supiesen con certeza en qué han gastado el dinero de sus impuestos los Gobiernos hace ya tiempo que habrían puesto coto a estos desmanes, pero una espesa maraña de burocracia y eufemismos oculta ese espectáculo obsceno a los ojos del público; hay que acabar, a la vez, con el ocultamiento y con el despilfarro.
Si Rajoy acierta a hacer eso bien desde la primera hora, tendrá tras sí a una amplísima mayoría de españoles que sabrán atemperar su esperanza con la paciencia requerida hasta alcanzar la solución a problemas tan hondos y tan extendidos.
El PSOE tiene también por delante un trabajo nada menor. España necesita una izquierda distinta a la caricatura que ha usurpado su papel en los últimos años, una izquierda que no viva del pasado ni de un rencor impostado, doblemente falso porque muchos de esos rencorosos teatreros son herederos directos de lo peor que pretenden denunciar; necesitamos una izquierda que crea en la Nación española, como lo hizo siempre hasta su reinvención tras el franquismo, y que no crea que nacer en distintos lugares de píe a derechos superiores; hace falta un PSOE que combata las desigualdades reales y no las que inventen a conveniencia. No será fácil para el PSOE que ha sido desde 1978 uno de los pilares del sistema, pero tendrán que encontrar su líder y su camino en la larga travesía que les espera, y ojala acierten, por el bien de todos.