Existe una gran diferencia entre prevaricar y llevar a cabo una decisión política, de modo que el ministro del Interior no puede pretender que se le crea cuando afirma que la decisión, de todo punto difícil de comprender, de excarcelar a Uribetxeberría Bolinaga, ha sido tomada, dura lex sed lex, para no prevaricar. El ministro olvida que las leyes pueden ser consultadas, y que hay que estar muy aturdido para pretender que todo el mundo entienda que cuando la ley dice que “el gobierno podrá”, se tenga que leer que el “gobierno tendrá que”. Es bastante probable que el ministro no mienta, y que haya hecho lo que se le ha ordenado, pero no por la ley. Estamos pues ante una chapuza que, claramente, pretende ocultar una claudicación o una pirueta política incomprensible, de tal modo que hasta el propio PP vasco, que parece decidido a llevar la fidelidad a Rajoy hasta el límite de su posible extinción, ha tenido que admitir que Jorge Fernández Díaz ha sido poco hábil, aunque no haya explicado exactamente en qué.
Como es inevitable, esta sorprendente actitud del Gobierno, ejecutada, además, mediante esos inconsistentes vaivenes que alguna vez creímos que se podrían relegar al olvido, ha suscitado en el interior del PP todo menos entusiasmo. Jaime Mayor Oreja, al que una propaganda tontorrona pretende hacer pasar como autor de la norma que obliga a esta decisión tan execrable, ha subrayado que la medida fortalece a ETA, y Esperanza Aguirre, tras reconocer que el Gobierno ha actuado conforme a la ley, faltaría más, ha expresado claramente que no está conforme con la medida. Es natural que los líderes del PP sean prudentes al enjuiciar acciones del Gobierno que se ha formado con el apoyo de su mayoría parlamentaria, pero los electores del PP no tienen por qué mantener esas cautelas, y así han menudeado los pronunciamientos muy contrarios a esa medida supuestamente humanitaria y piadosa, pero que no sirve más que para exaltar la fuerza política de un criminal que, sin renuncia a las armas y sin ninguna forma de autocrítica, pretende convertirse en persona respetable con el auxilio del Gobierno elegido por los españoles, entre otras cosas, porque creían que así podrían evitar esa fácil y rápida metamorfosis de auténticos criminales en padres de la patria. Las asociaciones de víctimas del terrorismo no salen de su asombro ante lo que consideran una traición del PP ante los intereses políticos de la banda. Tampoco resulta fácil comprender cómo está dispuesto este Gobierno a afrontar un más que posible desafío soberanista que el PP vasco todavía proclama como su principal objetivo.
Es muy posible que el Gobierno se vea tentado al sostenella y no enmendalla, pero debería de considerar que todo tiene un límite y que, de hacerlo, podría poner seriamente en riesgo la unidad del PP, cosa que no conseguirá evitar recurriendo al tópico de echar la culpa de las críticas al sector durodel partido, porque no hay duda alguna de que si hay una característica que el PP, y sus electores, han mantenido con constancia, es una constante y valiente oposición a los objetivos de ETA, y no se ve razón respetable para que esa política se pueda cambiar de la noche a la mañana, sin claridad ni taquígrafos, con solo la oscura complacencia de quienes fueron sus iniciadores, y que, por esas razones, entre otras, perdieron las elecciones de manera estruendosa hace menos de un año. Patentes y mercados