Sindicatos

Ahora que comienza a haber líos en la calle, aunque espero que no duren, es bueno pensar un poco sobre los Sindicatos. 
Que la democracia española ha heredado un sistema que no lo fue, es cosa bien sabida.  Que cierta izquierda haya llegado a ver en ese origen una lacra original, ha sido moda reciente y, por cierto, enormemente hipócrita, porque lo más curioso de esa moda es que no ha subrayado una de las características más notables de nuestro sistema político, a saber el lugar de privilegio que ocupan los sindicatos.  No es posible negar que el papel político que desempeñan los sindicatos españoles, su forma de financiarse y su incrustación en muy diversas instituciones, constituye una de las más evidentes formas de pervivencia del franquismo, la continuación de una especie de estado corporativo que resiste a la democracia a través de muchas instituciones y reglas de juego que se han incrustado en el nuevo orden constitucional.
No es razonable discutir ni la existencia de los sindicatos ni su derecho a discrepar, ni siquiera ese derecho a la ceguera que les lleva a identificar las políticas de izquierdas como las más convenientes  para quienes se supone defienden. Es lógico que haya un poder sindical y sería muy conveniente que se desarrollase al margen e independientemente de la dinámica política ordinaria, pero eso no es lo que sucede en España. Con muy escasas excepciones, nuestros sindicatos son unas corporaciones burocratizadas que viven exclusivamente de los caudales públicos, que los administran con un opacidad que no presagia nada bueno ni decente, y que actúan conforme a una lógica política enteramente ajena a los intereses reales de los trabajadores, aunque muy coherente con los intereses corporativos de la cúpulas directivas, un grupo bien nutrido e impermeable de dirigentes que se perpetúan en sus puestos al tiempo que reciben suculentos ingresos de los órganos corporativos en que se han enquistado.
Solo un país ciego se negaría a establecer la evidente relación que existe entre este tipo de instituciones sindicales, la rigidez de nuestro mercado laboral y el terrible azote del paro que está a punto de colocar a la economía española al borde del abismo. Solo una hipocresía redomada sería capaz de ocultar la anormalidad que supone que la legislación laboral pueda estar secuestrada de modo que sea materia vedada a los órganos que representan la soberanía, salvo que el Parlamento y las fuerzas políticas obtengan previamente un visto bueno de una cúpulas sindicales, un grupo de personajes que no se representan más que a sí mismas y a sus abundantes privilegios. Un corolario inaudito de todo esto es que los sindicatos se crean legitimados para discutir en la calle, mediante el alboroto y la violencia disimulada, los cambios, tal vez más tímidos que prudentes, que pretende introducir un gobierno que acaba de obtener una notoria mayoría absoluta y un mandato político bastante explícito a este respecto.
El poder sindical ha conseguido mediante el amedrentamiento y la complacencia de la izquierda, que no tengamos todavía una Ley de huelga, un instrumento absolutamente esencial para frenar el aventurerismo de los más radicales y para garantizar que los derechos de los trabajadores no se ejerzan pisoteando los derechos comunes del resto de los ciudadanos, trabajadores también, aunque con un derecho innegable a librarse del sometimiento a la dictadura sindical.
El gobierno de Rajoy tendrá que actuar con prudencia y es seguro que lo hará, pero perderá una oportunidad histórica de normalizar el marco político español si evita la revisión indispensable de los privilegios sindicales, si no saca adelante una ley razonable de huelga y si no acaba con la presencia de las burocracias sindicales en órganos perfectamente inútiles e incongruentes con cualquier democracia. La izquierda, naturalmente, se opondrá a estas reformas, porque sabe que siempre puede contar con los sindicatos para disimular sus errores o para incrementar su control social. Zapatero, el mayor destructor de la economía y el empleo de toda nuestra historia reciente, ha tenido a los sindicatos a sus órdenes. Que estos señores que no han movido un dedo frente a la irresponsabilidad política del anterior gobierno pretendan impedir ahora que el nuevo gobierno arregle los disparates económicos y corrija el mercado laboral es un índice inequívoco de cuáles son los intereses que les guían.
El inmovilismo sindical es un auténtico cáncer de la economía española, un tumor que o se ataja o irá a más. Hay instituciones, como las Universidades, lo que constituye un caso casi único en el panorama internacional, en las que el poder sindical ha adquirido un protagonismo desmedido que explica, en buena medida, el abismo de mediocridad en el que se están hundiendo nuestras universidades, cada vez más lejos de los modelos de excelencia que se abren paso en los países razonables. A medio y largo plazo, nuestra economía no tendrá remedio si hemos de seguir pagando tributo a nuestro peculiar, endogámico, ineficaz y egoísta poder sindical.

Rajoy, ten cuidado

El Congreso del PP ha sido casi una ceremonia de canonización, ¡qué se le va a hacer! Lo malo sería que estos fastos que uno mismo se organiza le sirvieran para olvidar algunas cosas elementales. Una externa: que sus rivales le van a atacar con razón y sin ella, de manera que, puestos a irritarles, no debiera andarse con medias tintas, que no le van a servir de nada. Aplíquese la fórmula, por ejemplo, a la reforma laboral.
Otra interna: por cómodo que se sienta con Cospedal en la secretaria general, se trata de un error, de una mala fórmula: un presidente de Autonomía, tal como está el patio, no debiera ser el secretario general de todo el partido. Además de que, aunque no haya que exagerar con las incompatibilidades, ninguno de los dos puestos es solo para media jornada, evidentemente. Puede haber sido cómodo para Rajoy no cambiar de segundo en este momento, pero la fórmula es mala, sean cuales fueren las virtudes de la señora Cospedal, a quien no tengo el gusto de conocer. 
Un dato asaz elocuente

El Congreso del PP en Sevilla

Mariano Rajoy y el PP se dan un baño de multitudes y parabienes, un homenaje, sin duda, merecido. El PP está a punto de alcanzar su máxima cota de poder, especialmente si se confirma lo previsible, su mayoría absoluta en Andalucía.  Si se compara la situación que actualmente vive el PP con la que caracterizó el Congreso de Valencia, algo que casi nadie querrá recordar, su mejora ha sido espectacular, como lo es la diferencia que hay entre tratar de explicar una derrota dolorosa y administrar una victoria casi apabullante. Tanto Rajoy como Cospedal pueden presentar, por tanto, una hoja de servicios que les garantice una continuidad indiscutible, y tienen toda la legitimidad del mundo para dirigir el partido en la dirección que les convenga, lo que no significa que vayan a acertar hagan lo que hagan. En política, según indica la experiencia, lo sensato es ponerse siempre en lo peor,  y, precisamente por ello, tomar las medidas oportunas cuando el viento es muy favorable, porque es obvio que esa es una tendencia que, más tarde o más temprano, se tornará contraria. El PP debe aspirar, por tanto, a fortalecerse internamente, a democratizarse, a sacar el mayor partido posible de su auténtico capital, de los millones de votantes que le han confiado nuestro destino político.  Los partidos tienen una irrefrenable tendencia a caer en manos de muy pocos, a empobrecerse, a convertir su actividad en un trámite que siempre beneficie a quienes los dirigen, pero, si se actúa así, el partido, además de incumplir su misión constitucional como cauce de participación, corre el peligro de convertirse en un selecto club de amigos a punto de perder el poder.
El PP tiene que encontrar una fórmula que le permita fortalecerse como partido a pesar del desgaste que le traerá, inevitablemente, su responsabilidad, casi universal, de gobierno en toda España. Hay muchos caminos para  hacerlo, y es responsabilidad del Congreso encontrarla. No puede haber muchas dudas, sin embargo, de que lo que no sea abrir más el partido a la participación, fomentar el debate interno para encontrar las fórmulas políticas que mejor satisfagan las aspiraciones comunes, y mejorar los sistemas de selección de liderazgo en todos los niveles son objetivos esenciales para un partido que debe afrontar enorme multitud de problemas en muy distintas situaciones, sin renunciar a un mensaje común, a una política nítida, coherente y bien defendida.
La petición de coherencia es una demanda básica de los ciudadanos frente a organizaciones que tienden a posponerla en función del interés inmediato y de tácticas incomprensibles. La lucha contra la corrupción es otra exigencia elemental en la que el partido debe evitar su lógica tendencia a la autoprotección y al cultivo de su imagen. Se trata, en resumidas cuentas, de que el PP aproveche el Congreso de Sevilla  no solo para remachar su compromiso con Andalucía, sino para fortalecer su cohesión, su democracia interna y su capacidad para servir mejor a los intereses de España y de los españoles.
Ganar el poder es el fin al que dedican sus energías todos los partidos, pero los ciudadanos no ganarían nada con esa victoria cuando los partidos no ponen su poder al servicio de los ideales ciudadanos, de las razones ideológicas, culturales y políticas que han legitimado su victoria. En otro caso, los partidos acaban defraudando a sus electores, y perdiendo el poder mucho antes de lo imaginable en momentos de gloria como los que se vivan en Sevilla. 
Un recorte que saldrá muy caro

La libertad y las burlas

Es muy frecuente que artistas y otras gentes de vida airada, sindicalistas, políticos sin mucho que ganar, etc. hagan determinadas manifestaciones que pueden ofender, y, al parecer, ofenden, a determinadas personas, o a la religión, a la patria o a cualquier otro ideal respetable, que son muchos. Me gustaría convencer a todo el mundo de que carecen por completo de sentido las reacciones represivas, los castigos, las amenazas, lo que fuere. Mientras estemos hablando de libertad de expresión, creo que lo lógico es no darse por afectado, es decir, hacer exactamente lo contrario de lo que pretenden los provocadores. Creo que la libertad consiste, como dijo Hayek de manera insuperablemente breve y clara, en que los demás puedan hacer cosas que no nos gusten, y que lo inteligente no es reaccionar haciéndose el ofendido, sino, gracianescamente, no hacer aprecio. Además, hay que tener un criterio interpretativo lo más abierto y tolerante que se  pueda, de manera que se alcance a ver que lo que pueda parecer ofensivo no siempre lo sea. Claro es que a la gente le gusta mandar, pero eso también debe moderarse cuanto se pueda.
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La educación y las clases

Hace muchos años, Ortega advirtió sobre el cúmulo de mentiras que rodeaban a la educación. La situación no ha variado: la mezcla de retórica y de intereses que se produce  en torno a cualquier cuestión educativa es muy espesa, e impide que se reconozcan deficiencias básicas de nuestro sistema. Ahora, a diferencia de hace unas décadas, disponemos de indicadores que muestran que su marcha no es precisamente esplendorosa; pese a ello, la opinión pública no se ha hecho cargo todavía del significado de esos índices, de la evidencia de que, por ejemplo, no existe correlación entre incremento del gasto y mejora de la calidad. Los españoles siguen pensando que la educación funciona como un instrumento de igualación social, sin darse cuenta de que ya no es así, y de que hace falta plantearse otras metas.
Es bastante absurdo, por ejemplo, que tengamos más de medio centenar de universidades mientras que, para citar solamente los últimos diez años, la mejor de las universidades españolas ha descendido cerca de cien puestos en los ranking internacionales de calidad, no porque las españolas hayan empeorado, sino porque están varadas, mientras que las demás se esfuerzan por escalar posiciones en el panorama internacional que es el que cuenta. Muchos se consuelan afirmando que esos ranking están mal hechos, y es verdad que no son perfectos, pero es indiscutible que indican, al menos dos cosas, que nuestras universidades no son competitivas, y que, salvo excepciones, que las hay, no promueven la excelencia.   
Es muy significativo que haya habido un cierto debate sobre el llamado proceso de Bolonia, sin advertir que todo lo que gira en torno a las titulaciones oficiales es perfectamente inane, y que el único significado realmente interesante de la autonomía universitaria debería ser que las universidades pudieran, como ocurre en el mundo anglosajón, dar títulos con libertad, seguras de que la sociedad sabría valorarlos. Cuando un título vale por su marchamo oficial, y no por el prestigio de quien lo otorga, la competencia  es un imposible.
Uno de los peores males que afecta al conjunto de la educación es su politización, lo que hace recaer sobre el funcionamiento de la enseñanza una espesa capa de burocracia perfectamente inútil y que se pretende justificar aludiendo a la necesidad de controlar. La idea de que quienes se dedican a la enseñanza han de ser controlados por castas funcionariales de mayor rango es de las cosas más tontas que afectan a la imagen pública de la educación, y carece de paralelo en cualquier otro sector. Así se ha extendido el tópico de que los profesores trabajan poco, lo que da pábulo al error de mayor bulto de cuantos afectan a la educación, la idea de que todo consista en horas de clase, en largos planes de estudios, en echarle mucho tiempo para simular que se ha hecho algo realmente difícil. Asistir a clase se convierte así en la única actividad significativa, y con ello se olvida lo  esencial, que el alumno, de cualquier nivel, tiene que estudiar y que el profesor, de cualquier nivel, tiene que ocuparse de que el alumno aprenda, y no meramente en darle clases. Controlar las horas de clase se ha convertido en un trasunto de la educación misma, y, como toda idea desquiciada, ha conducido a innumerables absurdos y disparates, además de contribuir a que se hayan acrecentado las técnicas de simulación con las que los centros educativos engañan a sus controladores haciéndoles creer que realizan una actividad que, en muchas ocasiones, es meramente nominal. Es casi indescriptible, por ejemplo, la burocratización en que se ha incurrido con el proceso de homologación de títulos y méritos a cargo de agencias pintorescas. Sin embargo, aprobar a todo el mundo y suprimir los exámenes de grado y las revalidas se han convertido en norma inexcusable, lo que explica muy bien la confianza que los centros tienen en los resultados de su trabajo.
Es muy penoso que la educación se vea sólo como un problema político, cuando nos plantea algo mucho más complejo y profundo. No nos damos cuenta de hasta qué punto estamos perdiendo oportunidades, tiempo y dinero con un sistema basado en la pura repetición y gobernado como si se tratase de un registro administrativo. Los malos hábitos en este terreno lo contaminan todo y, así, vamos cada vez peor.
Los estudiantes se olvidan de estudiar, y gastan su tiempo en asistir a clases; los profesores se olvidan de investigar, y gastan su tiempo asistiendo a clases o a reuniones sobre las clases, todo es presencial y rutinario. Afortunadamente, empieza a cobrar cuerpo la conciencia sobre lo inútil de este sistema y de las actitudes que lo nutren. Mucho tienen que cambiar las cosas para que una nueva educación se ponga en marcha, pero es una de las pocas armas con que contamos  para abrirnos paso en un mundo cada vez más complejo, más exigente y menos tolerante con la mediocridad. 
Misterios de los aparatos

Siempre tienen razón

Hoy he estado en una reunión académica, un trabajo conjunto de varios especialistas en torno a un documento de trabajo. No es la primera vez que saco esta impresión, un poco penosa, a saber, que son muchos los que se empeñan en contestar a las objeciones que se les hace dando la sensación de que nada se les escapa. Es falso, y resulta aburrido, pero el ambiente académico es así de hipócrita. Yo me di cuenta de lo que valía el que fue el mejor de mis profesores cuando ante la pregunta de un alumno contesto: no le puedo responder, por la sencilla razón de que no lo sé. 

Otra de agentes de la CIA

Ayer hube de ver, una vez más, Los tres días del Cóndor, para atender una invitación de Juan Manuel de Prada y sus Lágrimas en la lluvia, y acababa de ver Safe House, de Daniel Espinosa, que, salvando los más de treinta años de distancia, va de lo mismo. Una mera anotación histórica, en la excelente película de Pollack, el recurso a la prensa como solución final a tanto disparate, está levemente en duda, se anota un cierto escepticismo. En la pieza hodierna, bien hecha, desde luego, hay un mayor optimismo. No creo que esté justificado, la verdad. Tal vez sea inevitable creer que, en general, la prensa es más decente que las agencias, pero no conviene exagerar.
Una de turismo
El Gobierno ha dado un  paso adelante con la reforma laboral, pero también ha cedido a varias cautelas demasiado complacientes con los poderes fácticos, sindicales, por supuesto. Lo que no es fácil de saber es si el gobierno no se ha atrevido a más, o es que cree que más es peor, y, la verdad, no sé a qué carta quedarme. 

Lo siento por Garzón

Porque no le deseo mal a nadie, ni siquiera a los muy perversos. No digo yo que no se lo hiciera, porque siempre somos capaces de cualquier cosa, pero no tengo otro remedio que alegrarme de una sentencia que le pone en su sitio, como a un auténtico juez de la ley del embudo. La libertad, que no goza de tanto aprecio como a veces se cree, ha sido reforzada con la condena a un señor que se pasaba los derechos de sus investigados por salva sea la parte, esto es, que hacía lo que está prohibido hacer. Eso ha quedado muy claro. Cierta izquierda, muy abundante, pretende que las libertades consistan en que siempre se haga lo que ellos creen. Ellos son el Bien, nosotros la peste, más o menos eso dicen. Por eso me alegro de que haya habido un buen número, siete, de jueces que no se han dejado intimidar por los bandoleros del embudo y que han acordado algo que es puramente obvio, que a Garzón  la ley, cada vez que se interponía entre él y sus objetivos, le ha importado siempre un pito. 
Sobre el tamaño adecuado

Los guiñoles franceses

Muchos españoles, incluso algún ministro, han mostrado su enfado, o algo más, por la burla guiñolesca de una TV francesa respecto al éxito de nuestros deportistas. A mi no es que me haya encantado, pero me parece ridículo ponerse tan solemne como se han puesto algunos y hablar de ataque a España y tal y cual. Deberíamos tener un poco más de tolerancia y de sentido del humor, especialmente cuando el humor no sea de nuestro gusto. Se empieza por criticar al guiñol francés y al final todos quietos, que no se mueva nadie. De todas maneras ojalá fuese cierto que los franceses nos tienen envidia, sería la primera vez, y por algo se empieza. 
Google on the cloud