Magia potagia

Para los que no estamos en el secreto, todas las explicaciones sobre el «banco malo», «poner fuera del balance», «sanear los activos», et sic de caeteris, que escuchamos estos días a propósito de «reformar el sistema financiero» no dejan de ser verdaderos abracadabras; estoy seguro de que, para los que están en el ajo, también lo son, formas de engaño, de misericordia, no con los ajenos y/o las víctimas, sino con los responsables. La única disculpa es que, en esta ocasión, todos hemos sido un poco culpables del disparate colectivo de creer que se podían seguir vendiendo burras como si fueran ejemplares jerezanos y sin que el proceso fuera a tener fin. Pero más responsables que de eso, al fin y al cabo el pobre siempre sueña con que le toque el gordo y no se le puede culpar por ello, lo somos de mantener un sistema político tan débil, tan irresponsable, porque esa y no otra es la clave del cordero, una democracia a la que le faltan muchos herbores y en la que medran los sinvergüenzas y se premia a los ineptos, empezando por arriba.
De cajón 

La Bonafini

Reconozco que me ha hecho cierta gracia una noticia que es realmente triste. Aquí, en la República argentina, andan los jueces detrás de los allegados a la líder de las madres de la plaza de mayo, esa revolucionaria de tomo y lomo, porque, al parecer, al socaire de tanto lamento humanitario y revolucionario, de tanto castrismo y tanto apoyo a la causa de los abertzales, había yates, cuentas extrañas y toda suerte de lujos. A mi no me ha extrañado gran cosa, lo que me extraña es que sean tantos los que todavía creen a pies juntillas en gente que no lo merece, que tantos hipócritas puedan vivir a base de tanta simpleza. 
Feria del libro en Buenos Aires

Delitos y faltas

Woody Allen dedicó Crimes and misdemeanors, Delitos y faltas en español, una de sus mejores películas, aunque sobre esto siempre haya disputas, a analizar los sentimientos que afligen a alguien que tras cometer fríamente un asesinato, consigue vivir felizmente beneficiándose de la situación creada con el crimen que tanto parecía detestar. Ante un comentario escéptico sobre la posibilidad de que se de un caso similar,  el protagonista de la película dice, más o menos: “las cosas son así, quien quiera justicia que vea una película de Hollywood”. Tal es la frase que me ha venido a la cabeza al leer ayer en este periódico la noticia del indulto que el gobierno ha concedido a un dirigente de CiU y a un colaborador suyo que fueron condenados en 2009 por prevaricación y malversación de caudales públicos.
La gracia puede haber pasado inadvertida en medio de las desgracias sin cuento que nos afligen en esta crisis, en medio de las broncas rutinarias de los partidos, de la protesta impostada de los sindicatos, de cuanto pasa, en suma, pero el hecho de que todo un gobierno de por bueno el indulto a unos individuos condenados por trinque sistemático es de un mal gusto que atufa, y desmoraliza a cualquiera. La política no solo es oficio proclive al enriquecimiento ilícito, sino que se está convirtiendo, con noticias como ésta, en el paraguas perfecto contra los pasos en falso que pueda dar cualquier juez ingenuo que se crea lo de que todos somos iguales. El indulto subraya que la igualdad entre los políticos y los ciudadanos es de tipo orwelliano, es decir, que ellos son más iguales que nosotros.
Pero el indulto no es todo. Más grave todavía es que el resto de las fuerzas políticas, hoy por ti, mañana por mi, no hayan abierto la boca ante semejante atropello a la decencia, ante un ejemplo eminente de que la vida política se parece cada vez más a un pacto mafioso entre personajes que fingen atacarse, y bien que gritan, pero que, a la hora de la verdad, saben proteger sus intereses de la manera mas efectiva. El hecho de que nuestros diputados hayan endurecido las condiciones en que el común de los mortales va a disfrutar, por decir algo, de su pensión, al tiempo que mejoraban las suyas fue otro ejemplo estruendoso del abismo político que separa la retórica de la realidad.
Lo más grave en relación con esta vergonzosa decisión  es que sirve para poner de manifiesto que el gobierno no piensa hacer nada de lo que debería hacer para acabar con las verdaderas razones del gasto publico desmelenado, de la ineficiencia administrativa, de la lentitud e inanidad de la Justicia, y de tantos males que hasta los políticos son capaces de reconocer en un gesto de hipocresía y de cinismo muy habitual.  Resulta evidente que detrás de cada forma ineficiente, oscurantista e irracional de gastar el dinero hay un nutrido grupo de políticos que disfrutan de la situación, y parece impensable que nadie vaya a hacer nada por acabar con esos chiringuitos. ¿Quién va  a acabar con una selva que resulta tan nutritiva y en la que es tan fácil cometer un desliz, sobre todo desde que existe la garantía de que no habrá condena capaz de intimidar a un gobierno dispuesto a ejercer la generosa gracia del indulto con todos los  bien relacionados? Hay quien se pregunta a cambio de qué habrá cometido el gobierno semejante desmán, pero ésta es una pregunta muy desorientada. No hace falta que el gobierno haya obtenido una ayuda de los nacionalistas catalanes, que, por lo demás, no debiera necesitar. En realidad, el indulto concreta una solidaridad más básica, el acuerdo sobre que las cosas de los políticos deben quedar entre ellos para evitar el escándalo de los pusilánimes.  El gobierno anterior se despidió indultando a un notorio banquero que había sido condenado con toda razón, y por un delito nada menor, dando muestra de que, a estos efectos, los banqueros de cierto nivel pueden considerarse también al abrigo de las ocurrencias de los jueces. Imagino que el trámite de este indulto se inició asimismo con el anterior gobierno, buena muestra del carácter masoquista de los llamados partidos nacionales, siempre tan generosos con las minorías nacionalistas.
Algo marcha mal, muy mal, cuando esta noticia nos deja casi indiferentes. Alguno podrá pensar que es un signo de madurez, que ya va siendo hora de que aprendamos a no creer, ni en los Reyes Magos, ni en las películas de final feliz. No estoy nada seguro, sin embargo, de que sea bueno que seamos capaces de digerir como si tal cosa una dosis tan alta de cinismo y de realismo sucio. Este caso no es un hecho aislado, sino una muestra del abismo que separa la política de la vida común. Es verdad que en la vida civil abundan también las chorizadas, las estafas, y las mentiras de todo género, pero si alguien había pensado que de la clase política pudiera venir una cierta redención, un impulso de nobleza, de ejemplaridad, de mera racionalidad, que lo vaya olvidando.

Urdangarín ante la Justicia

Con la declaración del Duque de Palma ante el Juez que instruye el proceso en  que se ha visto afectado, el mal llamado caso Urdangarín debería entrar en una vía de normalidad, lejos de la propensión a la justicia espectacular y a las penas de telediario a las que nos ha acostumbrado un funcionamiento habitualmente lento y deficiente de la justicia ordinaria. La conversión de la justicia en un espectáculo es un fracaso en sí mismo, como lo demuestra el hecho de que habitualmente se pierda de vista el sentido  último de los procesos, olvidando, por ejemplo, que, en este caso, no se está juzgando directamente al señor Urdangarín, sino que su presencia ante el Juez se produce a consecuencia de una de las múltiples derivadas de una compleja trama de corrupción política en la Comunidad Balear. El hecho de que el señor Duque de Palma haya aparecido en medio de una investigación tan escandalosa no debiera convertirle en el blanco principal del proceso, que está muy en otra parte, y, en concreto, en quienes usaron de manera absolutamente irresponsable y delictiva los fondos públicos con la disculpa de la eficacia, la celeridad o la urgencia, y lo hicieron perjudicando notablemente a los contribuyentes y enriqueciéndose de manera escandalosa.
Ya es penoso que un miembro de la familia del Rey haya aparecido implicado en artes tan escasamente ejemplares, y es claro que eso ha merecido ya una justificada condena moral que no debiera confundirse con la sustancia legal del proceso ni con la pena que le pueda caber a cada cual, cosa que deberá estar, exclusivamente, en manos del Juez, quien, por cierto, hará bien en esmerarse muy especialmente dadas las connotaciones gravemente escandalosas que ha ido adquiriendo este proceso.
El señor Urdangarín está todavía a tiempo de rectificar y de colaborar con la justicia; para empezar, su actitud con los medios de comunicación ha sido todo lo correcta que cabía esperar, y es ese precisamente la conducta que más le conviene, si es que quiere restaurar cuanto antes su prestigio  personal, para dejar de manchar con su actuación al Rey y a la Monarquía. El Duque de Palma está ahora frente a un juez y eso no debiera ser inquietante para nadie que esté en condiciones de acreditar convincentemente el alcance de sus actividades, y, en el caso presente,  de separar con toda nitidez sus extraños negocios del ámbito de la Casa Real. Para empezar, el señor Urdangarín ha reconocido paladinamente ante el Juez que se le advirtió  hace ya bastantes años de la inoportunidad de sus actividades, y de que debería dedicarse, exclusivamente, a ejercer los cargos, nada desdeñables, que ostenta en función de su matrimonio y absteniéndose, por tanto, de operaciones extrañas.
Más allá de la responsabilidad que se le pueda atribuir al señor Duque en este escandaloso proceso, es evidente que su mera presencia en el estrado ha causado un daño a la buena imagen de una Institución que cuenta con el reconocimiento y el aprecio de una gran mayoría de españoles, pero que está muy especialmente obligada a comportarse de manera excepcionalmente rigurosa y ejemplar, y a mantenerse absolutamente ajena a las chapucerías y los mercadeos de influencias que siempre acaban por perjudicar al sufrido contribuyente. Hay que esperar que este asunto se resuelva con claridad y con el respeto más estricto a la ley, para que resplandezca la Justicia a la que, como dijo el Rey, nadie puede permanecer ajeno.  

Reservas

El proceso en el que anda implicado el señor Urdangarín suscita toda clase de reservas, y puede acabar convirtiéndose, en cualquier caso, en un experimentum crucis de la democracia española, de la voluntad de acabar con la corrupción política. El Gobierno puede pensar que tiene demasiados frentes abiertos como para meterse en éste, pero no se puede seguir sin un estatuto sobre las actividades y servicios de la Casa Real y del propio Rey, salvo que se pretenda que el grado de cinismo del público informado llegue a ser tan grande como el grado de inopia del público desinformado, que es lo que me parece entender pretenden los socialistas, a quienes se les entiende todo. 
WMC y Barcelona

Peces Barba y el Rey

Pocas escenas son tan iluminadoras sobre lo que ocurre en España como la del profesor Peces Barba, explicando al agresivo reportero de la Sexta lo muy inocente que es el Rey en cuanto concierne al caso Urdangarin, y lo perverso que ha sido este sujeto que no ha tenido a bien escuchar las paternales advertencias de su suegro. Según el profesor, líder moral de toda una izquierda que se tiene por incorruptible, lo que el buen Rey le decía a su yerno le entraba por una oreja y la salía por otra: ¡qué cosas! Peces Barba se cree tan listo que nos toma por tontos, y lo más sangrante es que muchos le aplauden por ser tan crítico. Este profesor es un portento porque no tiene empacho en definirse como   amigo del Rey, teniendo en cuenta el listado habitual,  gente muy propensa a visitar los juzgados, naturalmente sin mayores consecuencias.
Chrome y Android

Lo que la verdad esconde, a propósito de Urdangarín

El proceso en el que se ha visto implicado Iñaki Urdangarin está mostrando aspectos muy poco recomendables en la conducta del yerno del Rey, y esa circunstancia familiar tan especial, que ha provocado una serie de alarmas, puede servir para ocultar  un buen rimero de circunstancias que no son menos descorazonadoras que la presunta ambición y la falta de escrúpulos del antiguo deportista. Para empezar, no es del todo desdeñable que el caso haya saltado a la opinión como pantalla de otros asuntos, aunque esto sería lo de menos, porque no  por eso la peripecia del marido de la infanta Cristina resultaría menos escandalosa. Hay que fijarse muy bien en el contexto político que lo envuelve para valorar adecuadamente la importancia de este episodio tan poco edificante, y, sobre todo, para extraer conclusiones y enseñanzas que puedan permitirnos mejorar nuestra ética pública, que sean capaces de generar una nueva atmósfera de confianza en torno, no solo a la Casa Real, sino a los políticos y empresarios que se han visto envueltos en las andanzas que retrata el sumario.
Parece evidente que la responsabilidad de cuanto ha ocurrido recaerá, principal, pero no únicamente, en la persona de Iñaki Urdangarín, como es de esperar que establezca la Justicia. Si este personaje ha podido cometer las fechorías que se le atribuyen, sin embargo, no se debe a ninguna rara habilidad suya, sino al clima de ficción y a la prodigalidad en el manejo de los fondos públicos que explican que España se encuentre en la desastrosa situación económica en la que nos hallamos. Con Urdangarín han colaborado de manera entusiástica una serie de políticos que estaban jugando a hacer magia con la imagen, mientras no hacían otra cosa que acrecentar el agujero de las cuentas públicas, creyendo que gastaban pólvora del rey, una metáfora especialmente aplicable al caso, cuando lo que estaban haciendo era fabricar las condiciones que acabarían por obligar a subir los impuestos a un gobierno ideológicamente opuesto a ello. Sin un gasto irresponsable, y sin un cultivo paleto y demagógico de las operaciones de imagen, de los fastos y los eventos, nada de lo que ha hecho Urdangarín hubiera sido posible. Su proceso es, por tanto, también el proceso a una forma irresponsable y cateta de ejercer los poderes públicos, el gasto desmedido, la demagogia populista disfrazada de mecenazgo, la boba creencia de que una imagen bien trabajada pueda acabar modificando la realidad que en verdad cuenta. Se acabó la fiesta y ahora hay que pagar. ¿Sabremos sacar las enseñanzas que razonablemente nos ofrece este episodio en el que la vieja picardía se ha puesto al servido de la hodierna adoración de lo banal? Por supuesto que habrá habido casos de personas valientes y decentes que han parado los píes al atrevido, pero no se puede exigir a todo el mundo el grado de virtud y de heroicidad como para decir que no a la sugerencia de quien parecía hablar en nombre de lo más alto.
En resumidas cuentas, hay dos cosas que se deberían evitar en relación con este escándalo, la primera convertir a Urdangarín en un chivo expiatorio de delitos de los que no es, ni muchísimo menos, el único culpable, o, lo que aún sería peor, encontrar en algún subalterno el monigote sobre el que descargar las iras que ha provocado el yerno real. La segunda cosa que habría que evitar, y ahí la responsabilidad del nuevo gobierno es bastante grande, es dejar pasar el caso sin tomar las medidas para que no pueda volver a ocurrir nada similar,  para que se clarifiquen de la manera más nítida los límites y los controles en el gasto de las administraciones públicas en esta clase de operaciones de imagen, pero también para que quede claro cuál es el papel de los miembros de la familia del Rey y del propio Rey en esta suerte de actividades de patrocinio, promoción, mecenazgo y apoyo a los negocios españoles, a las que supuestamente se dedicaba Urdangarín, que, ejercidas con el debido control, y con plena transparencia, pueden resultar beneficiosas para España y para todos los españoles. Hay que clarificar, por tanto, las reglas a las que deben sujetarse las actividades del Rey y de los suyos, evitando esa zona de sombra en la que han sido posibles los disparates de Urdangarín, insuficientemente advertido de lo que le era lícito y lo que no, y acogido con entusiasmo vergonzoso por políticos que no han dudado en aumentar la deuda y el desprestigio del país a costa de unas fantasmagóricas operaciones de relaciones públicas. Es muy satisfactorio que el Rey haya recordado que la Justicia se ha de aplicar a todo el mundo, pero para poder sacar algún beneficio de este esperpento, y evitar que pueda repetirse en el futuro, hace falta que se establezcan con claridad cuáles son las normas que se le deben aplicar a él y a los de su Casa. 
El dominio de los demonios

La corrupción oculta

El caso de Casimiro Curbelo, actual secretario general del PSOE en La Gomera, podría ser tomado como un ejemplo típico de la corrupción que encubren los sistemas jurídicos de protección de Diputados y Senadores que, pensados muy con otros fines, prestan amparo, de hecho,  a posibles  actividades ilegales, cuando no claramente delictivas.
El nombre de Curbelo, un personaje todopoderoso en su isla, pero desconocido para la opinión pública nacional, saltó a los periódicos tras una bochornosa actuación en una sauna y en una comisaria madrileñas, cuando pretendió ampararse en su condición de miembro del Senado para abusar de sus privilegios parlamentarios y evitar su detención, tras agredir a miembros de la policía, que es lo que, lógicamente,  le habría pasado a cualquier ciudadano que participase en los altercados que él protagonizó. A raíz de la publicación de hechos tan vergonzosos, el PSOE se vio obligado a  impedir su continuidad en el Senado. Una vez que este cacique insular perdiese  su condición de aforado, se han podido llevar a cabo investigaciones sobre sus actividades en la isla de La Gomera, un lugar que Curbelo debía de considerar algo así como su cortijo, tanto por parte de la policía como de la fiscalía de las que da cuenta La Gaceta en su edición de ayer domingo. 
No cabe duda alguna de que la actividad política de diputados y senadores debe estar jurídicamente protegida, de manera que estos puedan ejercer sin ninguna clase de cortapisas ni amenazas su papel constitucional; es un hecho, sin embargo, cosa que irrita justificadamente a los ciudadanos, que la mayoría de los diputados y senadores apenas hacen otra cosa que actuar a las órdenes de  sus respectivos partidos, de modo que resulta doblemente injustificado que no se puedan investigar sus actividades particulares cuando haya indicios de corrupción, cosa que, desgraciadamente sucede con extrema frecuencia, sin respetar  una compleja serie de cautelas que, en un gran número de casos, acaban impidiendo que una conducta gravemente lesiva y ampliamente sospechosa pueda ser puesta en manos de la Justicia. Al amparo de normas de protección que tienen un sentido muy distinto, algunos sinvergüenzas se atreven a lo que no se atreverían si hubiese un mayor nivel de trasparencia. Usan sus privilegios políticos para pisotear la decencia y las leyes comunes, y mezclan sin vergüenza ni temor alguno,  sus intereses particulares y su enriquecimiento personal, asunto del que la opinión pública conoce casos realmente escandalosos,  con las gestiones propias de su cargo y con lo que debería ser limpia gestión de los intereses comunes. Una tupida malla de supuesta respetabilidad crea, en la práctica, situaciones en las que la corrupción y los delitos más diversos, hasta las conductas chulescas,  más propias de rufianes que de representantes electos del pueblo español, como ocurrió en el caso de Curbelo, pueden quedar fuera de cualquier clase de escrutinio.
Urge que se ponga fin a esta impunidad hipócrita. Los diputados y senadores deberían ser los primeros en mostrar su interés en que no se pueda abusar de sus privilegios como representantes. En la próxima legislatura se deberían modificar las normas que permiten amparar conductas tan indignas como la de Casimiro Curbelo. La democracia no puede sobrevivir  si la corrupción se convierte en un hábito que de hecho esté protegido por las normas vigentes. Nos jugamos mucho en conseguir una mayor trasparencia y control de las actividades de los cargos públicos.

La historia se repite


Pese a las diferencias que puedan establecer en el futuro los especialistas, la verdad es que los finales del zapaterismo y del felipismo se parecen en muchas cosas. La descomposición de un proyecto político  basado en supuestos principios altruistas y nobles nos muestra en  toda su crudeza la realidad de una lucha despiadada por el poder, por la supervivencia. Los que en un momento dado fueron todopoderosos, Guerra entonces, Blanco ahora, se ven envueltos en escándalos que desmienten buena parte de sus pretensiones ideales. Las guerras internas resplandecen y no parece haber piedad alguna para los vencidos.
El rumor insistente de la intervención de Bono en los problemas que ahora mismo afligen al actual portavoz,  encaja perfectamente en este esquema de guerra de dossieres y amenazas de tirar de la manta que fue también típico del final del felipismo; basta con recordar los casos Roldán y Perote, para  establecer algo más que analogías entre ambas situaciones.
No parece razonable sospechar que el CNI se implique ahora en la defensa de la probidad de un personaje bastante amortizado como lo es Pepe Blanco, aunque el “caso Campeón” sea muy típico de final de etapa política. Hasta ahora no se ha hablado de financiación ilegal del PSOE, pero dista de estar claro cuáles son las fronteras precisas entre ese tipo de casos y las imputaciones que ahora se hacen a José Blanco, porque no es razonable pensar en ellas sino como una especie de retórica que sirva para ocultar lo que sería, sin esa piadosa disculpa, un caso demasiado hiriente de provecho personal, que, en todo caso, se ha dado siempre, o casi siempre, que han aparecido esas operaciones de financiación ilegal. A dinero irregular, le corresponden siempre comisiones incontrolables y es normal que los que se aventuran en esos turbios asuntos procuren no quedar enteramente desprovistos de un beneficio personal sustantivo.
La relación entre Bono, un político muy amigo de tirar la piedra y esconder la mano, y notoriamente hábil para la intriga y los negocios de imposible explicación, y el actual ministro de Fomento ha sido siempre escasamente cordial, al menos desde el congreso que eligió a Zapatero. Por otra parte, el ministro Blanco, como corresponde a su cargo en el gobierno, ha manejado cifras muy cuantiosas que son las que parecen estar detrás de todo el extraño caso de la gasolinera, donde hay que estar muy escasos de imaginación para suponer que Blanco se citó para recoger un sobre con billetes morados. Las investigaciones periodísticas apuntan a asuntos de mayor calado que una supuesta comisión por unos cientos de miles de euros, y esa podría ser la información que, conforme a sus obligaciones, estuviese en manos del CNI y que, supuestamente, habría podido llegar a manos de Bono. Todo cuanto ahora se sabe no deja de resumirse en una serie de conjeturas, pero hay un sumario abierto, y muchos amagos, y eso quiere decir casi inequívocamente que algo ha fallado en un plan para obtener beneficios mutuos a cargo del contribuyente. La experiencia enseña que una vez que se rompe el hechizo de la supuesta limpieza en el manejo de cantidades multimillonarias, las noticias fluyen a borbotones, y se acaba por saber  lo sustancial, especialmente si alguien se siente perjudicado y está dispuesto a tomarse cumplida venganza, algo muy fácil en las horas crepusculares de los que fueron muy poderosos, y ya no lo son, momento en el que los falsos amigos se toman su venganza.