Blanco y en botella

Si, finalmente, el ministro de Fomento consiguiese convencernos de que está siendo objeto de una campaña de difamación, habría conseguido, además, que no se confirmase, en su caso, la pesimista sabiduría del refranero: “dime de que presumes, y te diré de qué careces”. Porque, de momento, lo que es absolutamente evidente es que Blanco, y el PSOE entero detrás de él, se están comportando en este asunto con una actitud diametralmente opuesta a la que emplearon en el caso Gürtel, muy en especial en su campaña contra Camps. Y esto es muy grave, sin duda alguna, porque demuestra que lo que les importa no es la justicia, sino el acoso al adversario, no es la corrupción, sino la desgracia del contrario, no es la equidad y la limpieza en el desempeño de los asuntos públicos,  sino el tener a mano un arma agresiva para que no se perciba con entera nitidez su desnudez de buenas razones.
El ministro de Fomento podrá sentirse reconfortado por el hecho de que Rubalcaba crea en él, de manera desinteresada, por supuesto, ya que ha certificado ante los padres del ministro, la honradez de su hijo. Imaginamos el suspiro de alivio que han debido exhalar los atribulados padres de don José Blanco al ver cómo una persona de tan arraigado buen criterio y recto proceder, alguien que nunca se ha desdicho, les confirmaba los íntimos deseos de su corazón, pese a las horrorosas apariencias del caso.
Blanco, que se ha comportado en el caso Gürtel como alguien más allá de toda sospecha, como un adalid de la ética pública y de la transparencia, está ahora en un serio aprieto, porque, aunque se demostrare con toda evidencia su perfecta rectitud y honradez, nadie podrá negar su falta de tacto para escoger los lugares de reunión, ni, lo que es más importante, su doble moral, con un exigente rasero para juzgar a los demás y una enorme amplitud de manga cuando se trata de los asuntos propios. La Gaceta publicó recientemente  un reportaje que recogía parte de las enormidades que el señor Blanco ha ido soltando a propósito de los enredos de la trama Gürtel; cualquiera con un mínimo de objetividad reconocerá que esos criterios resultan demoledores para la credibilidad del señor Blanco, para sus intentos de hacer como si nada pasase, para su intención de convertirse en acusador en lugar de responder adecuadamente a las imputaciones que se le atribuyen. Es posible que para los socialistas sea mucho más creíble un sastre que un empresario,  pero seguro que no es esa la impresión que tienen los ciudadanos independientes y la opinión pública.  El señor Blanco ha caído en una trampa para osos que él mismo ha ido preparando con enorme exigencia y dedicación, y no podrá salir de este asunto sacudiéndose el polvo de su traje ministerial, como si nada. La figura del cazador cazado es bastante ridícula, y así es como no hay otro remedio que ver al señor Blanco, porque no se trata de su derecho a la presunción de inocencia, que nadie le niega, aunque él pasó ampliamente de esa exigencia cuando le convino, sino de que, de momento, no se le ve con ánimos para salir con bien de la peripecia en que se ha visto metido. La tentación de convertir la acusación en un ataque al PSOE es de una pobreza intelectual lamentable, entre otras razones porque nadie necesita atacar a quien se ha desgraciado por completo gracias a sus habilidades políticas y a los éxitos de su gobierno. Va siendo hora que quienes tanto predican la igualdad la apliquen en los casos  más obvios, aunque es evidente que el PSOE no ha tomado nota de la ironía de Orwell y sigue creyendo que es verdad aquello de que “unos somos más iguales otros”.  

Entre Blanco y Bono hay diferencias llamativas

Las graves acusaciones de corrupción realizadas contra el Ministro de Fomento, vertidas por un empresario procesado, colocan a José Blanco ante una situación que exige aclaraciones rotundas, inequívocas e inmediatas. Naturalmente, le acoge al político gallego la presunción de inocencia, pero no debiera olvidar el alto nivel de exigencia moral, jurídica y política que él, siendo secretario de organización del PSOE,  estableció contra los que aparecían implicados en el sumario de la trama Gürtel. El señor Blanco ha hecho bien en dirigirse a un juez para presentar una querella contra quien le acusa, y ha obrado rectamente también no acudiendo al Fiscal como hicieron en su día, y vanamente, la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el presidente del Congreso, José Bono, que ha hecho toda clase de aspavientos y protestas pero no se ha atrevido a acudir a un juez para querellarse contra la supuesta falsedad de las abundantes pruebas que se han aducido de su sorprendente enriquecimiento personal. Acudir a un juez es una muestra de limpieza procesal que no supieron dar esos dos otros altos cargos socialistas. Pero Blanco ha puesto muy alto el listón y, además, los otros dos políticos implicados en las acusaciones del empresario gallego, uno del BNGa, y otro del PP, han dimitido de sus puestos para afrontar a cuerpo limpio el trámite judicial: esto es precisamente lo que debiera hacer el Ministro de Fomento para defender su inocencia y, a no dudar que esa actitud perjudicará menos a su candidatura al parlamento y a su partido, que el intento de seguir en el Consejo de ministros como si no hubiese pasado nunca nada, como si no hubiese tratado de ocultar una conversación con su actual acusador citándose con él en una gasolinera, un episodio que ha de aclarar con toda clase de explicaciones si no quiere ser víctima de una sospecha irrefrenable sobre la escasa limpieza de sus relaciones con el personaje procesado.
Conviene a su interés y al de la Justicia que dé ejemplo y se defienda de las maledicencias que le acusan como lo haría un ciudadano corriente, sin privilegio procesal alguno. No puedo aducir como excusa el daño que haría a un Gobierno que estará en funciones en escasos días y al que no le va a suponer ninguna crisis importante su renuncia. Tampoco le benefician nada las sospechosas desapariciones de valiosos documentos relacionados con la causa en que se ha visto implicado y tras lo que  algunos quieren ver la larga mano de los servicios de inteligencia.
Nos encontramos en plena refriega electoral y eso tal vez explique que el Partido Popular haya elevado el tono de sus demandas frente a las acusaciones a José Blanco, pero resulta llamativo que, en casos muy similares, no haya hecho gesto alguno para aclarar la sorprendente eficacia económica del presidente del Congreso. Sería muy conveniente que los partidos estableciesen un patrón de conducta homogéneo aunque no sea más que para evitar las sospechas de connivencia en materia de intereses que muchas personas alimentan contra los partidos mismos. El hecho de que en Galicia aparezcan implicados políticos de tres formaciones en una misma trama no hace sino extender esa clase de temores. El PP puede exigir lo que le parezca oportuno respecto al señor Blanco, pero debería tener en cuenta que la coherencia es un valor que aprecian los ciudadanos,  y que no está bien tener dos varas de medir según quién sea el implicado.

La melodía de la victoria


El Partido Popular lleva meses frotándose los ojos ante su inminente  victoria en las elecciones generales, muy próximas, en cualquier caso. El PP está atravesando un período de gracia en el que puede llegar a parecer que todo le sale bien, como ha ocurrido recientemente con el caso Camps. Ante este giro tan favorable de la Fortuna, a quien nunca conviene tener en poca cosa, algunos se aflojan y dan rienda suelta a su exultación, mostrando una alegría sospechosa pero enteramente ajena al paisanaje, que vive en su mundo y que lo está pasando mal, realmente mal.  Otro género de flojera que aflige a muchos es el ditirámbico, la loa excesiva al líder, convertido de repente en un dechado de virtudes y de aciertos. Ese tipo de manifestaciones de ebriedad política ha estado muy presente en el episodio valenciano cuando algunos han tratado de convertir al presidente dimisionario en una especie de héroe civil, víctima inocente de todas las maledicencias e injusticias concebibles. De este modo, lo que no ha pasado de ser una salida discreta a una situación insostenible, se ha pretendido convertir en una apoteosis de la virtud pública, lo que implica un notable desconocimiento de los riesgos del ridículo, una amenaza siempre muy peligrosa y omnipresente en las plazas españolas.
El PP va a ganar, pero es que el PSOE se ha empeñado en cometer todos los errores a la vez, y en hacerlo de mala manera. Los políticos harían bien en ver que toda victoria en democracia es precaria, y los políticos de más fuste deberían empeñarse en que esa carencia de fundamento se aminore, en que crezca la cultura política que sustente las posiciones propias, que haga posible que la victoria política llegue a convertirse en un éxito de todos. Al PP le queda mucho camino por recorrer en este terreno. Bastará recordar cómo pasó en cuatro años de la mayoría absoluta a perder el poder, y, por obvias que sean las circunstancias del caso, lo relevante es que eso podría volver a repetirse, y con un ciclo todavía más corto, dadas las tremendas dificultades con  las que se va a enfrentar el Gobierno de Mariano Rajoy.
Todo lo que no sea empeñarse en sumar adhesiones, en ser persuasivo, en aparecer razonable y comedido puede llegar a ser inútil. Ahora, con los fastos de las victorias recientes, el PP está mostrando de nuevo la cara amable del buen administrador, del gobernante austero, y eso, que está bien, puede no ser suficiente sino se hace algo más, si no se acierta a componer un discurso capaz de suscitar algo más que el entusiasmo de los que aplaudirían aunque se sugiriese el mayor disparate. El PP debe dejar de ser oposición y abandonar el empeño freudiano en las comparaciones con los socialistas para empezar a ofrecer un discurso positivo, capaz de ilusionar, realista, esforzado, duro cuando sea necesario, pero que haga que los españoles perciban que el PP no está meramente en una perpetúa pelea con el PSOE, ya se encargará Rubalcaba de eso, sino en tratar de que este país que ahora está descarriado recupere una marcha briosa, una esperanza ahora perdida en que los españoles podamos llegar a ser  una nación próspera y competitiva, haciendo una España que nos guste y que pueda ser admirada. Es precisamente en eso en lo que hay que trabajar, dejando a un lado lo que tantos ven, sobre todo, como rifirrafes entre políticos.
¿Alguien cree que el PP pueda arañar nuevos votos insistiendo en que Rubalcaba deba retirarse? El caso es tanto más curioso si se piensa que Rubalcaba no ha ganado nunca nada, y que sus dotes para el liderazgo son algo menos que conjeturales. ¿Quién duda de que al PP no le gustan gran cosa los terroristas, y considera de muy mal gusto todo lo que ha ocurrido en torno a un establecimiento muy cercano al Bidasoa? Se podrían multiplicar las preguntas de este tipo sin que se llegue a aclarar, ni poco ni mucho, lo que se gana insistiendo en lo obvio.
Hay, en cambio, un buen rimero de cosas esenciales que muchos españoles están deseando oír, y que no importa nada repetir porque su anuncio mueve a la esperanza. No es que el PP no las haya dicho nunca, pero no estará de más todo el énfasis que se ponga en reiterar ciertas políticas: que se va a arreglar y despolitizar la Justicia, garantizando su independencia, para lo que es necesario renunciar al compadreo con los socialistas; que se va a sostener firmemente el interés general más allá de las demandas autonómicas de los más aguerridos; que se va a escuchar a los agentes sociales, pero que se va a acabar con la subordinación a sus intereses corporativos en la dirección de la economía, que se va a liberalizar cuanto se pueda, porque no está claro que cada vez más gente trabajando para los poderes públicos nos lleve a otra cosa que a la ruina; que se va a apoyar en serio a los emprendedores, a los autónomos, a los profesores, a la gente que trabaje bien. Esa es la música que muchos echan en falta, la verdadera melodía de la victoria.

Políticos en la picota


Por una extraña ley, no sé si natural o cultural, los escándalos de conducta de los políticos siempre van a pares: que un Senador del PSOE se sobrepasa en una sauna, enseguida aparece el procesamiento de Camps para compensar. Bueno, tal vez no sea así, pero a veces lo parece.
Este fenómeno de la corrupción es bastante peculiar. Yo estoy convencido de que hay una buena mayoría de políticos decentes, luego un gran número de gente bizcochable, sin que se note, y, por último, una importante force de frappe de tipos que están en la política para lo que están. Nunca es fácil distinguir a qué tipo pertenece cualquier de los encausados, pero habría que partir de que los peores casi nunca son sorprendidos con las manos en la masa; tiene unos patrimonios sorprendentes, pero todo es magia y, si acaso, labia, o eso parecen creer los jueces y fiscales frente a los que naufraga cualquier intento de preguntarse por el origen de determinadas fortunas.
El caso de Camps, que me causa un desagrado profundo, es de los que te hacen dudar sobre las categorías aplicables, porque, si bien es cierto que parece poco probable que se haya corrompido por unos pantalones, no acaba de entenderse cómo ha llevado tan mal un asunto que podría haber resuelto de formas mucho más inteligentes, por ejemplo, admitiendo que fue un gasto comprendido en una campaña de imagen, o cualquier otra explicación. La verdad es que el argumento de que lo pagó todo de su bolsillo pone a prueba la fe de cualquiera, tanto la de los muy tontos, como la de los que  se malician algo más, la teoría de la punta del iceberg en una operación tan bien urdida. Porque Gürtel es un caso ejemplar, desde dos puntos de vista: primero como sistema cañí a la hora de forrarse, pero también como instrumento jurídico-policial, ya saben a qué me refiero, para hundir al PP en la miseria, aunque esto no parece haber funcionado, por mucho que los chicos de la izquierda tengan dificultades para comprenderlo. No me extraña, qué quieren que les diga.  
Yo tengo mayores dificultades para entender que un juez se entretenga con los trajes de Camps, y no haya otro que se sorprenda de la Hípica de Bono, pero, sin duda alguna, es un problema personal.
Movistar y el arrepentimiento

Siempre ha habido clases, y Bono nunca ha sido sospechoso

La reciente y súbita detención de Teddy Bautista puede servir de contrapunto para estimar la enorme suerte que siempre ha acompañado a José Bono en las abundantes peripecias judiciales en las que ha ido a parar debido al estrafalario tamaño de su patrimonio.  Las riquezas de José Bono han crecido muy por encima de cualquier índice normal de progreso económico, de manera inexplicable e inexplicada, pero el político ha tenido la suerte de que los fiscales, actuando muy sumisamente a las órdenes del gobierno, nunca hayan destinado la menor atención a los orígenes de una fortuna tan notoria. En este caso, muy al revés que en el de Teddy Bautista, los fiscales no han sentido ninguna necesidad de investigar, dejando que la opinión pública se haga una imagen fabulosa de la astucia y la pericia del manchego para, tacita a tacita, acumular un patrimonio inmobiliario y mercantil tan considerable, y que excede con mucho al que pueda arracimar cualquier servidor público mínimamente decente. Es una pena que no se le den a José Bono las posibilidades de explicarse que, sin duda, merece, porque los españoles creceríamos enormemente en nuestra cultura empresarial y financiera, y aprenderíamos a crear un imperio a partir de los sueldecitos y pequeños negocios que puede tener cualquiera.
Ahora empieza a saberse que una mano amiga está tratando de echar tierra al asunto de las más de 200 irregularidades urbanísticas detectadas en Seseña, y que fueron pasadas por alto por todos los órganos competentes  de la Junta de Castilla la Mancha, en la urbanización cuyo promotor tuvo el detalle de regalar un Porsche a la entonces señora de Bono. Algo parecido le ha ocurrido a la SGAE, que sus cuentas le parecían de rechupete al Ministerio de Cultura, pero ahora resulta que no estaban tan claras, porque seguramente a Rubalcaba le puede venir bien que la justicia le meta mano a un tipo tan impopular, nada que tenga que ver con Bono cuya limpia ejecutoria seguirá siendo el espejo en el que se miren los socialistas.
No cabe esperar que el Fiscal muestre con Bono la diligencia que ha desplegado con Teddy Bautista, pero sí habría que exigir que la Comisión parlamentaria que ha de examinar los informes del Tribunal de Cuentas no se dedique a disimular las graves carencias que ha detectado un organismo que tampoco parece tener ninguna manía persecutoria hacia ningún político. Según fuentes muy cercanas al  caso es muy llamativa la extraña diligencia que está mostrando Isabel Pozuelo, la presidenta de la Comisión parlamentaria que estudia los informes del Tribunal de Cuentas. La señora Pozuelo, socialista, por más señas, nunca había mostrado el menor interés en que se analicen las abundantísimas irregularidades que el Tribunal detectó en el caso Seseña, durante el mandato de Bono en Castilla la Mancha, y con alcalde del mismo partido. La señora Pozuelo, que siempre había aplicado a este asunto la lentitud que convenía a sus intereses, está experimentando un súbito ataque de celeridad tratando de dar carpetazo al asunto. Perdido el poder para los socialistas tras las elecciones, tanto en Seseña como en Castilla la Mancha, los del PP podrían tener la tentación de investigar esos y otros asuntos, conforme a la promesa de transparencia que figura en su programa electoral y la señora Pozuelo se apresta al corte, al carpetazo. Seguro que es algo que Bono lamenta, deseoso como está de acreditar que nada tuvo que ver con esa cumbre del ladrillazo  que se alza en las inmediaciones de Seseña.  
El canon y la vergüenza

Más sobre la SGAE

Una vez dicho que a los de la SGAE se les mete mano ahora por razones electorales, porque se han hecho con una considerable mala fama de ladrones por beneficiarse de sistemas de recaudación abusivos, ya Rubalcaba ya al PSOE les ha venido bien encontrar un chivo expiatorio tan apañado, convendría averiguar cuanto antes hasta qué punto son también ladrones en un sentido más preciso, quiénes, desde cuándo y cuánto han robado. Pero también es esencial aclarar las complicidades políticas de que han gozado para poder hacer lo que hayan hecho, que no deberían quedar en nada, y, sobre todo, poner las bases para que no se pueda seguir produciendo el abuso político que han podido  ejercer durante demasiado tiempo a costa de unos apoyos que, ahora más que nunca, hay que considerar sumamente sospechosos y habría que poner en claro, jueces, abogados y periodistas, sin detenerse en los que primero han tenido que poner la cara. Y, por supuesto, distinguir la presunción de inocencia, a la que hasta estos señores tienen derecho, de la poderosa corrupción política, que temo más extensa de lo que se dice, que hay en torno a este asunto tan desagradable.


Diez años pueden ser mucho, o poco

El jardín griego


Según una noticia de El Mundo, este humilde macetero ante un hospital ateniense precisa de 45 jardineros para su mantenimiento. No hace falta que la noticia sea exacta, basta con que sea aproximada para comprender los errores y los horrores de la economía griega, de un modo de vida absolutamente insostenible, por más manifestaciones y protestas que se le eche al asunto. Al conocer el caso, he recordado lo que me contó un amigo directivo de Telefónica sobre el número de médicos que tenía en plantilla la compañía argentina que compró la española para instalarse en Buenos Aires: eran  miles, lo que es enteramente surrealista, pero además, y como es lógico, se tardaba meses en conseguir un teléfono en Argentina. Imagino que ahora las cosas estarán mejor por allá, y no solo para Telefónica.
Muchas de las políticas sociales y de empleo de la izquierda, sea griega o peronista, consisten en un sueño, una pesadilla, en realidad, imposible y voluntarista, en la imaginación irresponsable de una sociedad universalmente subvencionada, una posibilidad tan absurda como la quimérica hazaña del Barón de Münchhausen que afirmaba haberse  librado de perecer ahogado en un pantano tirando de sus pelos hacia arriba. La verdad, dura pero cierta, es que si nadie produce y vende cosas que gusten a los demás no habrá nada que repartir, y, además, el mundo entero es cada vez más competitivo, de manera que es irreal contar con que se vayan a poder mantener chollos como el de los jardineros griegos, que seguramente no iban nunca a trabajar.

Segunda carta a Pablo

Me pregunta también Pablo sobre la forma de reducir el número de funcionarios, al tiempo que se interesa por las razones que hay para que los requisitos de las pensiones hayan subido para todos menos para los parlamentarios, y muestra su indignación con el hecho de que los políticos cobren varios sueldos al tiempo por hacer, en el fondo, una única cosa.
Las dos últimas cuestiones son muy simples, porque demuestran, únicamente, que los políticos, como colectivo, han perdido el respeto a los electores. Que se atrevan a aprobar leyes y prácticas tan claramente beneficiosas para su situación, al tiempo que endurecen, aunque fuere necesario hacerlo, las condiciones de todos los demás, muestra su desvergüenza, sin excepciones.
Lo de los sueldos es algo más discutible, pero me parece que roza el esperpento en muchos casos. Al comienzo de la democracia había una mayor sensibilidad para esto, pero con el paso del tiempo se han ido perdiendo las maneras y se ha hecho normal el acumular salarios con toda naturalidad. Creo que es algo que debería someterse a criterios objetivos y de ejemplaridad, pero, con todo, no alcanza el grado de sinvergonzonería de lo de las pensiones.
Lo de los empleados públicos es también sencillo de explicar y relativamente fácil de arreglar, pero los políticos tratarán de evitarlo porque más funcionarios significa para ellos, indefectiblemente, más poder y, dado que los principios constitucionales para proveer las plazas de la función pública, mérito, capacidad y libre concurrencia, se suelen olvidar por supuestas razones de urgencia, eso se traduce en la posibilidad de hacer más favores, naturalmente a los amigos y correligionarios que, aunque hayan entrado por la puerta de atrás o por la ventana de la pura recomendación, años después, se convertirán en funcionarios de carrera.
Hay que subrayar que, en los dos últimos años, el empleo en el conjunto de las Administraciones Públicas, ha crecido en cerca de 300.000 personas, al tiempo que se cerraban  casi medio millón de empresas. Es decir, que la clase política seguía gastando dinero de los impuestos que nos ahogan en gastos innecesarios y en sueldos que, en su gran mayoría, también lo son, porque no responden a nada más que a desorganización, descaro y nepotismo político.
Ayer mismo almorcé con un diplomático, que ha sido  Embajador de España, que es uno de los muchos al que el Ministerio  mantiene sin hacer nada, no tiene ni que ir a la oficina. No se trata de un caso excepcional. Los españoles armarían una revolución si pudiesen comprobar el enorme número de personas que supuestamente trabajan para ellos y que, en realidad, no hacen nada, a veces ni siquiera aparecen por el puesto de trabajo, además de que hay otros que, si van, es peor.
No sirve el consuelo de que en Europa pasa, más o menos, lo mismo, que es un argumento que se suele emplear por los que se dicen defensores de lo público. No es verdad y, en todo caso, en ningún país serio se pueden dar los casos realmente increíbles que aquí tanto abundan. Es evidente que hay funcionarios que trabajan mucho e incluso que trabajan bien, pero invito a cualquiera que tenga un amigo o un conocido funcionario a que le pregunte si en su trabajo sobra o no sobra gente (¡ojo! que no sea sindicalista, que dirá que hay que  meter a muchos más!).
A mi me parece que el caso actual de España es que sobra, como mínimo, un 30 por ciento de empleo público, y en algunos sectores bastante más. ¿Cómo se podría arreglar todo esto? Creo que habría que hacer varias cosas bastante radicales:  primero, acabar con el carácter vitalicio de la función pública salvo en casos muy especiales, como el de la inamovilidad de los jueces, por ejemplo. Se trata de una medida a largo plazo pero importante. Otra cosa que habría que hacer es facilitar la salida, incluso mediante incentivos, de todos los que, tras una auditoria bien hecha, se muestre que son innecesarios. Tercero, favorecer muy intensamente la competitividad interna de los funcionarios que hoy es prácticamente nula.
Nada de esto se puede hacer con la legislación laboral que tenemos, los jueces devolverían sus empleos a todos los despedidos con sustanciales indemnizaciones, ni con los actuales sindicatos, que son meros conservadores de privilegios laborales particulares, ni mientras los españoles sigan premiando en sus votos una cultura política estatista y de izquierdas, que también promueve, a mi modo de ver con gran irresponsabilidad, el PP cuando habla de los gastos sociales como si fuera algo intocable, que no lo es.
Como verás, soy pesimista. Puede que, de continuar el deterioro económico del país, al que, sinceramente no veo freno eficaz a corto plazo, los españoles que viven de su trabajo se den cuenta de que no pueden soportar por más tiempo el mantenimiento de unas administraciones tan costosas y tan ineficientes; también puede suceder que nos intervengan desde fuera y nos impongan, de uno u otro modo, medidas serias en este terreno. En cualquier caso, me parece que habría que impulsar una toma de conciencia de que es insostenible un crecimiento continuado del sector público en la economía, y de que es necesario mejorar nuestra ética pública, introducir la accountability, que los organismos den cuenta de lo que  hacen y de en qué emplean a sus trabajadores.
Como muestra baste un botón: Telemadrid, que es la TV autonómica más barata de toda España, tiene un share medio del 8% y se gasta en ello unos 138 millones de euros, con un déficit de explotación de unos 17 euros por madrileño al año, que, insisto, es el más bajo de todas las autonómicas, de manera que si hubiese puesto el ejemplo de cualquier otra televisión pública el caso sería más grave. Pues bien, las televisiones privadas, ganan dinero y no nos cuestan nada, en principio. Y así, en muchas otras cosas que el Estado, las Autonomías y los Ayuntamientos hacen de manera menos eficiente que las empresas privadas. La función pública debería quedar, en exclusiva, para los jueces, los militares, los inspectores de hacienda.. y poco más. Y por supuesto, cuando el inspector de Hacienda, o similar, pida excedencia para irse a ayudar a una empresa privada, debería perder su condición de funcionario público. Bueno, vale.
¿Una campaña contra Google?

El político vocacional, si es que existe

El político vocacional es, constitutivamente, una especie de iluso, porque profesa la creencia de que hay cosas esenciales que pueden ser cambiadas o mejoradas, y, además, está convencido de que esa será y tendrá que ser la voluntad de sus conciudadanos. El político comienza, por lo tanto, por creer en tres entidades de las que se mofan frecuentemente los escépticos, los supuestos maquiavelos, y los hombres con sentido práctico: la perfectibilidad de la ciudad, la virtud de los ciudadanos, y la libertad humana. Hay, naturalmente, muchas otras formas de hacer lo que aparentemente hace el político, pero lo que constituye la sustancia de la actuación política propiamente dicha, es la triple creencia en la existencia de un Bien común, por decirlo a la manera clásica, en la relevancia de los imperativos morales, y en la inviolabilidad de la conciencia de las personas.  Es obvio que esas tres son las cosas que olvida de manera sistemática el corrupto,  el que no hace política sino que se consagra, exclusiva o preferentemente, a su beneficio personal, sea en términos de poder, sea en términos de recompensa económica, o, lo que es más frecuente, en función de ambas.

Android es el mejor

Ingeniería de la corrupción

Durante un tiempo pudo parecer que el PSOE de Zapatero era mucho menos proclive a la corrupción que el de González, pero ahora sabemos que tal análisis es engañoso, y que la aparente inactividad de los primeros años ocultaba una intensa dedicación al I+D de la corrupción para poder ir mucho más allá que con el procedimiento que se podría llamar tipo Interior, simplemente, meter la mano en la caja,  del cual Roldán fue, acaso, el practicante más excelso. Los ERE perpetrados en Andalucía dan muestra de una cultura de la corrupción mucho más sofisticada, del surgimiento de una auténtica ingeniería del trinque. No se le puede negar creatividad, imaginación y audacia a un fraude tan extendido y tan capilarizado como el de los ERE de los socialistas andaluces. La noticia que hoy publicamos muestra a las claras que, ya puestos, tampoco desecharon procedimientos más tradicionales como los de pagar suculentas comisiones por gestiones y trabajos rigurosamente inexistentes, y también da fe de cómo un exceso de confianza puede acabar con los mejores planes, porque se necesita bemoles para dar por escrito una orden tan inaudita como la que firmó Francisco Javier Guerrero Benítez indicando a la compañía de seguros depositaria de los fondos, que mostró su asombro exigiendo orden por escrito, el pago de “lo que les indique el citado mediador”.
Lo que esta conducta pone de manifiesto es que un fraude como el de los ERE ha debido ser conocido por miles de personas que no se sintieron en la obligación de denunciar el fraude y, muy probablemente, dedicaron sus energías a asegurarse lo suyo. Es literalmente asombroso que los responsables políticos de toda esta vergonzosa cadena delictiva pretendan ahora que son ellos los que se están dedicando a descubrir la trama creada por unos supuestos e innominados desaprensivos que, a nada que nos descuidemos, habrán muerto para cuando la Justicia estime que es el momento de actuar. Se trata de un cinismo de la misma especie que el que llevó a un consejero de la Junta a afirmar recientemente que esa clase de irregularidades sólo había afectado, según él, al 2,77% de los casos. Ya es asombroso que los presentes en la sala en la que emitió esa cínica explicación no le hayan afeado su cara dura, o no le hayan arrojado algún objeto contundente: ¿se imaginan a un general del aire, por ejemplo, explicando que le han robado aviones, pero que solo han  desaparecido, de momento, el 2,77% de los aparatos?
Todo indica que estamos asistiendo a una cínica y obscena operación de imagen para convertir a la Junta en una supuesta víctima de esas vergonzosas actuaciones, enteramente inimaginables en un país medianamente decente. Lo peor de todo esto, es que buena parte de socialistas andaluces toma a sus electores por idiotas incurables, salvo que piensen que puede acabar comprándolos a todos; tal vez los vergonzosos ERE que estamos conociendo, y sus numerosas corruptelas anejas, hayan sido solo un ensayo general para ir amarrando la voluntad de cada vez más andaluces, porque son tantos los implicados y los beneficiados que se hace  inevitable analizar las cosas por este lado.
El embrollo y el disimulo serán posibles sólo si la Justicia permite que se juegue con ella para hacer opaco un caso que muestra un hiriente evidencia de fraude políticamente dirigido. Poco cabe esperar de los Fiscales, entretenidos en otras cosas por las diligentes instrucciones del Gobierno: ¿Cabe esperar que todavía queden jueces en Andalucía?