Autor: JLGQ

El siniestro carnaval de Bildu


Desde que Bildu ha accedido al poder en diversas instituciones vascas y navarras, no ha cesado un solo día en su empeño de burlar la ley para establecer un régimen político al margen de cualquier control que no sea el de ETA, y someter, empleando toda clase de recursos, a una férrea dictadura cultural y simbólica a las poblaciones en las que gobierna para desgracia de la libertad política y escarnio de cualquier atisbo de pluralismo y libertad personal.

El aberrante teatrillo escenificado días atrás en la localidad Navarra de Alsasua no puede considerarse simplemente como un divertimento de mal gusto, que lo es, porque es, también y clarísimamente,  un paso más en esa tarea de deslegitimación del Estado que, tras la infausta legalización de Bildu, se está llevando a cabo usando los medios y los caudales que el mismo Estado les proporciona.
 
Quienes siempre hemos sostenido que la legalización de este grupo constituyó un error político de enorme alcance, no podemos consolarnos pensando en que tuvimos razón, porque el conjunto de actos y manifestaciones que estos sujetos están protagonizando sobrepasa en mucho lo que una sociedad que no sea masoquista puede soportar. No basta tampoco con afirmar, faltaría más, que ni uno solo de los soldados de España van a abandonar ese territorio, hay que revisar con lupa cada uno de estos actos, y aplicar diligentemente la ley. La cobardía y la aparente indiferencia de las instituciones democráticas, se puede convertir en un acicate para que estos elementos continúen en su escalada agresiva, y en una muestra desoladora de falta de dejación para cuantos tienen que soportar las actuaciones de estos payasos, metidos a políticos por la candorosa ingenuidad, si es que no ha sido algo mucho peor, de una sentencia gravemente desafortunada.

Está muy bien que el Gobierno navarro proteste de manera oficial de los actos de Alsasua, pero si se queda todo en una protesta lo que haremos es certificar que lo que hacen no nos gusta, cuando lo que hay que impedir es que, con recursos que pagamos entre todos y no solo sus militantes,  se burlen de las instituciones, de la libertad, de la democracia, de las fuerzas armadas, de las fuerzas de seguridad, de los símbolos nacionales y de la persona del Rey. No se trata de que no nos guste, sino de que no se puede consentir que instituciones públicas apadrinen y promuevan tratamientos vejatorios, y no podemos ponernos un velo en los ojos para dejar de advertir que todo eso, como la quema de la bandera nacional y de un retrato del Rey en la Díada catalana,   constituyen agresiones programadas a las que hay que poner freno para que los españoles podamos seguir viviendo en libertad.

Los hechos de Alsasua dejan la  evidencia de que Bildu está desarrollando un plan de agitación, bajo la batuta de ETA, al que hay que poner coto. Para ello, lo primero que debiera de pasar es que no se cometiese error sobre error  legalizando a Sortu, pero eso tampoco basta. Es necesario que el gobierno establezca un plan de acción que garantice el pleno respeto a los símbolos e instituciones de la democracia y de la patria, y a la persona del Rey, en todo el territorio nacional, y no hay excusa para hacerlo cuanto antes. Junto a la crisis económica, este desafío constituye una gravísima amenaza a nuestro futuro, y hay que actuar sin falsas excusas. El gobierno que no ha dudado en reformar la Constitución por necesidades económicas, no puede contentarse con mirar para otra parte,  porque, tampoco en este caso, sus previsiones sobre el escenario no están siendo las que imaginaron.


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Un escenario político enrarecido


Es frecuente acudir a la comparación entre las circunstancias políticas del cambio de gobierno de  1996, el fin del largo período felipista, y las que se adivinan ahora frente al presumible triunfo del Partido Popular. Se trata, sin embargo, de una analogía bastante poco ajustada. Es verdad que el PP heredó una crisis económica muy grave, pero todo indica que lo de ahora es bastante peor, también en el plano puramente político. La posibilidad de incorporarnos al euro, como coronación de nuestra integración en Europa, iluminaba en 1996 el difícil escenario económico con matices favorables al esfuerzo por alcanzar unos objetivos tan ambiciosos; ahora, por el contrario, el sentimiento predominante es el del miedo, sin apenas espacio para la ilusión colectiva. Cuando se sabe que nuestra economía, y algo más, está intervenida, y no hay certeza de que se pueda llegar a la fecha electoral con un mínimo de normalidad, es muy difícil encandilarse con metas de cualquier tipo.
Desde el punto de vista político, a la pujanza del PP de 1996 se contraponía un PSOE desgastado, pero sin fisuras importantes, y todo lo demás estaba en su sitio. Ahora, el PP puede alcanzar la victoria,  pero el escenario político que le espera ofrece numerosos signos inquietantes. El PSOE no se encuentra, simplemente, desconcertado por una bicefalia asimétrica y estrafalaria, sino que se halla, realmente, frente a una amenaza de naufragio, frente a un revés de proporciones históricas. Los optimistas tendemos a pensar que esa pudiera ser una ocasión inmejorable para que se produzca una auténtica transformación de la izquierda, pero no hay signo alguno que haga verosímil una eventualidad semejante. Un PSOE que, al margen de los ataques de pánico del presidente que le han llevado a hacer cosas tan precipitadas y extrañas como la modificación urgente de la Constitución, es capaz de votar una propuesta de los nacionalistas más radicales para tocar las narices al poder judicial, no ofrece el más leve signo de que pueda reformarse de manera inmediata, aunque las derrotas son muy pedagógicas.
Los nacionalistas, por su parte, además de no renunciar ni al último segundo para sacar tajada, parecen haberse echado al monte, aunque muchos vuelvan a casa por la noche a dormir con comodidad. No es necesario dar muchos más detalles, pero bastará con recordar que el ex secretario general del PP, y presidente de Asturias, señor Álvarez Cascos, presenta un lista rival del PP por Madrid para darse cuenta de que el escenario político está profundamente alterado.
Así las cosas, el panorama con el que se va a  encontrar Mariano Rajoy, si, en efecto, gana las elecciones, probablemente con muy baja participación y con amplia mayoría, será bastante más complicado que el de 1996, y va a exigir algo más que unas políticas de ajuste eficaces, rápidas y creíbles. Un factor determinante será la solidez de su grupo parlamentario, que se habrá de enfrentar con amenazas y situaciones inéditas, y otro su capacidad de establecer una alianza de fondo con el PSOE para afrontar una reforma política y constitucional que permita poner el orden y la austeridad imprescindibles para que la recuperación económica pueda ser sólida y duradera. Es obvio que lo que quede del PSOE para esa fecha podrá sentir la tentación de negarse a colaborar, pero, al menos a mi entender, eso sería clavar el último clavo en su propio ataúd político, y no será fácil que Rubalcaba, si sobrevive, se preste a ello. 
Me parece, sin embargo, que en este panorama tan poco halagüeño, va a existir un factor con el que se suele contar poco, y que convendría tener muy presente, la hartura de un altísimo número de españoles frente a tanto disparate, su convencimiento de que nuestra situación económica exige cambios drásticos, y su escasa disposición a seguir las presumibles consignas revolucionarias de sindicatos, indignados y desplazados de los beneficios de un sistema tan dadivoso como insostenible. Creo que una amplísima mayoría de españoles se pondrá detrás de un gobierno decente y razonable, que acometa sin dilaciones las reformas necesarias, y que se proponga poner coto a la infinita variedad de disparates políticos y económicos que, poco a poco pero sin pausa, hemos ido conociendo en los últimos meses y que han desangrado las arcas públicas hasta extremos lamentables. Es evidente que una nueva política va a exigir un tono moral muy distinto, y es lógico que algunos puedan sentir temor a las resistencia, pero la confianza de los ciudadanos se gana con determinación y con coherencia. Habrá que hacer una poda bastante radical, y eso va a resultar molesto para algunos, pero no  para cuantos saben que no se puede seguir viviendo del cuento, ni de las subvenciones hasta para pedirlas. Claro es que si Rajoy quiere triunfar ante esta difícil tarea, habrá de empezar predicando con el ejemplo, disciplinando a los suyos, y ni siquiera eso será fácil.

A vueltas con el patrimonio

Todo lo relativo a la reintroducción del impuesto sobre el patrimonio ha sido penoso y refleja la falta de respeto que los políticos, al menos alguno, y Rubalcaba a la cabeza, sienten por la inteligencia media de los votantes.  Cuesta trabajo creer que Rubalcaba pueda hacer algo de cierto fuste al frente de la oposición, cuando se empeña en batallas tan demagógicas como la de este impuesto. 
El drama del PSOE es que parece haber perdido completamente su capacidad de analizar la realidad social en función de criterios relevantes, y se conforma con agitar superficialmente las aguas al estar bastante seguro del apoyo de sus incondicionales. Esto se traduce en que mientras no mejore mucho la capacidad de análisis de un gran número de electores, los dirigentes del PSOE van a seguir cediendo a la tentación de hablar de temas irrelevantes, como si fueran decisivos, y no tocar los temas decisivos, los que deberían caracterizar a una izquierda moderna, por considerarlos irrelevantes para sus intereses. Mal asunto, porque tampoco cabe esperar que esas cuestiones las plantee la derecha española. 
Algo se mueve

Ya han empezado

Unos miles de personas se han manifestado en Madrid contra las medidas educativas de la Comunidad en Enseñanza secundaria. Dejando aparte que la forma de proceder del gobierno madrileño no ha sido un ejemplo de habilidad suma, lo que es evidente es que la manifestación y la huelga, si llega a haberla, responde a los intereses de la izquierda desencantada y, ahora mismo, perdedora. Que sujetos que no dijeron nada cuando ha habido una bajada histórica de sueldos vengan ahora con protestas y en defensa de lo que llaman escuela pública de calidad es bastante sonrojante, pero habrá que acostumbrarse porque, hasta que se cansen, nos queda mucho por ver de este estilo,aunque  nada tenga que ver ni con la calidad ni con el profesorado, por supuesto. Es cosa de su oficio: o en la pomada o armando lío.
¡Se van a enterar!

Llamazares y el circo

Los amantes del circo se quejan de la decadencia del espectáculo, pero es que ven poco la televisión, y no me refiero a los programas más obvios de lucha de fieras por una gilipollez cualquiera, que son muy abundantes, lo que, desde luego, dice poco y mal de los espectadores, sino a los informativos políticos. Ayer, por ejemplo, vi a Llamazares en 24 horas y hacía tiempo que no me reía tanto. Su número tratando de contraponer los derechos de los acreedores (en este caso, germánicos y calvinistas según el astro) y los derechos sociales de la clase obrera (en este caso, griega) fue digno de cualquiera de los grandes payasos de la historia, a lo que ayudaba no poco su cuidada barba blanca que el daba un cierto aire de clown enharinado y listo, y, por supuesto, serio. 
Es muy sabido que el número de los tontos tiende a infinito, lo que no se sabe tanto es que hay determinadas tonterías que son resistentes a cualquier tratamiento. Es posible  que aumenten los votantes asturianos de Llamazares tras verle en el cenit de su gloria, admirados, seguramente, de que su inmensa cultura, no sea incompatible con su enorme gracia: un tipo que sabe decir calvinista, no puede ser ningún necio.   

Amazon rompe moldes

Victimismo nacionalista

Como cada año, los partidos nacionalistas catalanes, con la inseparable comparsa del PSC de Montilla y Chacón, auténticos malabaristas de la simulación y el doble juego, han encontrado la oportunidad para convertir la festividad catalanista del 11 de septiembre en un memorial de agravios, en una serie confusa de lamentos y amenazas  contra gigantes que son molinos de viento, aunque puede que esta comparación quijotesca resulte ofensiva a sus castos oídos nacionalistas.
El alcalde de Barcelona, que va por la vida de moderado, ha cargado contra quienes no les dejan, a su entender, ser como son. Hace falta ser muy miope para ver en la sentencia de sus lamentos un intento de recortar los derechos de los catalanes o el rango de su autogobierno. Hace ya mucho que es evidente que el catalanismo político es esencialmente reactivo, y que si no encuentra motivos de agravio, los inventa, simple y llanamente, a no ser que, por alguna razón incomprensible para cualquier espectador ajeno, Cataluña sea el único y orwelliano lugar del mundo en el que los derechos iguales se aplican de manera desigual, según convenga a  la minoría política que rige los destinos de esa Comunidad, y que, al parecer, lo hace  con tanto acierto que no puede celebrar la así llamada fiesta nacional sin establecer un cordón de seguridad de centenares de metros que evite que los catalanes de la calle les saquen los colores, o les muestren de cerca el entusiasmo que provoca en los ciudadanos esa dedicación a batallas que, en realidad, sólo les interesan a ellos.
El presidente Artur Mas, cuyas capacidades para la exageración y el discurso rimbombante nadie ignora, tras asegurar que la reforma constitucional ha roto los consensos de la transición, esos que el proyecto de Estatuto tenía, al parecer, tan presentes, afirmó, contra toda evidencia que “en las mentes de la gente de Catalunya cala un sentimiento de mayor soberanía y libertad”, tratando de convertir la ley vigente en un peldaño para sus confusas, contradictorias y voluntaristas aspiraciones de independencia política, un propósito que sin duda cumpliría de no darse la molesta circunstancia de que los ciudadanos catalanes, en una mayoría sólida y de buen sentido, no quieren saber nada de esa clase de aventurerismos.
Jordi Pujol ha insistido desde Igualada en las metáforas catastrofistas, en este caso “una ruptura de puentes”, para  asegurar que el cumplimiento de la sentencia llevaría a Cataluña a la irrelevancia, sin que se haya molestado en explicar las razones. Su hijo y heredero Oriol Pujol, al frente de su partido, y seguramente destinado al sitial que fue de su padre, y que, de manera interina ocupa Mas, se despachó a su gusto con metáforas militaristas para asegurar que la Generalidad no va a rectificar su defensa a la inmersión lingüística. Tal vez la mejor imagen para reflejar el espíritu victimista de esta celebración, que conmemora lo que los nacionalistas entienden como una derrota, sea la aportación cultural a cargo de uno de los escritores en nómina que, para que no hubiera dudas sobre el carácter de la cuestión, y tras sumergirse en metáforas pedestres a partir de la idea de inmersión, culminó su discurso con un palíndromo, “Català a l’atac”, lo que no deja de ser toda una confesión freudiana de que el victimismo es la cara equívoca de un proyecto de imposición que choca, inevitablemente,  con los derechos individuales que, también en Cataluña, defiende la Constitución, pese a los afanes agresivos de quienes confunden el respeto a la ley con imaginarias agresiones a su quimérica soberanía. 

José Bono lo deja todo atado y bien atado


José Bono es un hombre de recursos y que no duda en inspirarse en toda clase de fuentes cuando se trata de conseguir lo esencial. Ahora, al imponer un abrupto final en la comisión parlamentaria que lleva las relaciones con el Tribunal de Cuentas se habrá inspirado, sin duda, en lo conveniente que resulta dejarlo todo atado y bien atado, conforme a las enseñanzas recibidas en sus años mozos.
Al dar este carpetazo, ha impedido que los diputados ahonden en un tema que él conoce bien, y en el que está seguro de que no hay nada que, saliendo a la luz, vaya a redundar en su bien ganado prestigio de hombre hacendoso y capaz de construir, tacita a tacita, un envidiable patrimonio.  Pretende enterrar así  un asunto que podría traerle algunos quebraderos de cabeza con quienes no acaban de estar convencidos que las lecciones de economía doméstica de Bono, indudablemente exitosas, puedan servir de texto en cualquier escuela de negocios.
El informe en el que se trabaja, afecta de manera muy directa  a la fiscalización de su etapa como presidente al frente de la Junta de Castilla-La Mancha, y en particular a lo que se conoce como “caso Seseña”, un asunto que nada tuvo que ver, seguramente, con los afectuosos detalles que el constructor de esa ciudad, ha tenido con Bono y su parentela más inmediata, como el Porsche Cayenne que le regalo a la entonces esposa del avispado político, que fue, además, uno de los grandes benefactores de la Hípica que  Bono levantó sacrificadamente para satisfacer las querencias ecuestres de uno de sus vástagos. El presidente de las Cortes ha debido pensar, en un arranque de humildad, que no pretende que le vitoreen, y que ya es sobradamente conocido lo mucho que él ha hecho siempre que ha podido por facilitar viviendas dignas a sus paisanos.
El “caso Seseña” constituye, sin embargo, uno de los casos más irregulares y sorprendentes en la poco ejemplar historia del urbanismo nacional.  Al constructor Francisco Hernando (conocido como “El Pocero”) se le concedieron toda clase de facilidades para llevar a cabo una operación urbanística que afectaba a 1,8 millones de metros cuadrados, y que acabó en la construcción de una urbanización que puede ponerse como ejemplo señero de la cultura del ladrillo. Construir unos miles de viviendas en unos terrenos que poco antes habían sido terreno rústico, y apenas nada valían, es hazaña reservada a muy pocos.
Ahora, la diligencia de Bono en dar carpetazo a un caso que le afecta, trata de evitar que el informe pueda quedar pendiente hasta la próxima legislatura en la que, presumiblemente, ya no podrá controlar con tanta autoridad los ritmos de la investigación y el alcance de sus conclusiones. Los socialistas han hecho causa común con los interese de Bono, muy lejos de cualquier intención de esclarecer definitivamente las cosas y han impuesto, contra la costumbre de aprobar los diversos trámites de este tipo de informes por unanimidad, su ritmo acelerado para terminar cuanto antes la faena.
Aunque el recorrido parlamentario del caso llegue a su fin por el empeño de los afectados, subsistirá la vía jurisdiccional que se sigue en el Tribunal de Cuentas para depurar responsabilidades que están en la raíz de las irregularidades y modificaciones del planteamiento no justificadas en el interés general que se han detectado. Bono se esfuerza en lo contrario, pero la democracia exige que se sepa de una buena vez lo que causó tantos atropellos al interés general, y que se enjuicie a quienes se hayan beneficiado ilícitamente de semejantes artimañas.

La inmersión lingüística y la Ley


El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dado la razón a una serie de familias que recurrieron a la Justicia frente al hecho de que las autoridades educativas les negasen su derecho a escolarizar a sus hijos en español, en un auto que establece con claridad lo que solo alguien muy ofuscado por los prejuicios puede negar: que cualquier español que resida en Cataluña tiene derecho a ser educado en la que considere su lengua materna, sea el español, la lengua común que todos tenemos el derecho de utilizar y el deber de conocer, según establece la Constitución, o el catalán que es la lengua propia de esa Comunidad Autónoma. Este derecho esencial, cuyo respeto debiera ser una exigencia elemental de cualquier autoridad en una democracia, no puede ser pisoteado invocando razones puramente políticas o aludiendo al respeto debido a la lengua catalana, que nadie pone en duda.
Los nacionalistas catalanes, con la impagable ayuda de los socialistas, y con cierta tibieza del PP, han establecido un sistema que impone la inmersión lingüística como norma general; pues bien, independientemente de lo que se piense de dicho sistema, lo que establece el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es que los alumnos que así lo desearen siguen teniendo el derecho a ser escolarizados en su propia lengua, de manera que no se puede imponer por razones puramente políticas o administrativas una lengua distinta a la que el alumno y sus padres prefieran, puesto que tienen un derecho previo a cualquier ley o estatuto a ser educado en la lengua de su elección, especialmente cuando esa lengua en la que exigen ser educados es la lengua  común de todos los españoles y que, además, goza de plena vigencia y poderío en la sociedad catalana que acepta y usa el bilingüismo de manera completamente natural como, por lo demás, se viene haciendo desde época inmemorial.
Los nacionalistas catalanes tienen una muy amplia capacidad para convertir cuanto no les gusta en una agresión, en un imaginario choque de trenes. Dice mucho de su ideología que consideren una agresión la defensa de un derecho tan esencial como es el que nos ocupa. Los nacionalistas catalanes, y sus comparsas, aunque sean ministros de Defensa, tienen que respetar los derechos y tienen que cumplir las leyes como todo el mundo y, en caso de duda, someterse a los Tribunales y acatar lo que estos establecen de manera incuestionable. El auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es particularmente claro y solo quienes estén moralmente ciegos por su totalitarismo cultural y político pueden ver en él una agresión a los derechos de nadie.
Por más que lo puedan desear, el nacionalismo no puede ser una patente de corso para hacer lo que les plazca con el Estado de derecho, con la ley y con los derechos de quienes no forman parte de su comunidad imaginaria, del paraíso nacionalista en sus formas más puras. La libertad, decía Hayek, consiste en que pueda haber quienes hagan cosas que no nos gusten, y la libertad consiste en Cataluña en que quienes lo deseen puedan ser educados en la lengua materna de su elección, también cuando ésta sea el español, por mucho que les moleste a los nacionalistas catalanes.
Los que se han mostrado supuestamente tan respetuosos del consenso constitucional para rechazar la reforma reciente de la Constitución no debieran ignorar que el consenso más básico de cualquier democracia debe ser siempre el respeto a la ley y el acatamiento de las sentencias firmes. Está claro que los nacionalistas catalanes, y sus comparsas, creen que pueden sermonear a todo el mundo con una supuesta superioridad política y consideran un abuso intolerable que ellos tengan que cumplir con las exigencias básicas de cualquier democracia.
El líder del PP, en contraste llamativo con el silencio aquiescente y cobardía de los socialistas, ha advertido a Mas de lo dramático que resultaría que la Generalidad se aprestase a aplicar a la sentencia cualquier disculpa que llevase a su incumplimiento. Es razonable que recurran, aunque seguramente volverán a perder, pero sería intolerable que no cumpliesen desde ya mismo las exigencias que se derivan de los derechos vulnerados a esas familias que han acudido al amparo de los Tribunales de Justicia, lo que permite ver los importante que es que estos conserven plena independencia y que no hayan caído bajo las garras insaciables del poder político de los nacionalistas. Cuando no se acata una sentencia se liquida el Estado de Derecho, y cuando se pretende liquidar el Estado de Derecho los poderes constitucionales deben salir en su defensa haciendo uso de los abundantes recursos de los que les provee la Constitución para evitar excesos tan caprichosos como totalitarios y fuera de cualquier razón.
El estado de derecho debería ser una preocupación conjunta de todas las fuerzas políticas: desgraciadamente no lo es, porque absurdos y equívocos intereses electorales ayudan a los partidos a mirar para otra parte cuando creen que no les conviene. Es hora ya de que asumamos que el respeto a la ley no solo es una exigencia ineludible de la democracia, sino una clave maestra de la credibilidad de nuestra economía, de nuestra supervivencia. Es de esperar que las palabras de Rajoy no se queden en nada si, cosa que sería funesta, los nacionalistas catalanes llevan a efecto sus baladronadas e incumplen la sentencia.
Libros y textos

La insólita alianza


El episodio de la apurada reforma de la Constitución está lleno de enseñanzas políticas. No es la menor de ellas el que se haya producido una alianza objetiva, como podría decir un marxista que creyese en este tipo de epítetos,  entre los partidos nacionalistas, de extracción típicamente burguesa, y los sindicatos de clase en contra de la reforma. No se pueden ocultar con facilidad los defectos que afean tanto a la reforma misma como a su trámite, pero vista la clase de enemigos que ha concitado habría que acabar reconociéndole alguna virtud, al menos de carácter hermenéutico. ¿Qué pueden tener en común los aplicados políticos de CiU, los coriáceos sindicalistas españoles, y muchos de los energúmenos del 15M que hace no mucho impedían la entrada en el Parlamento catalán a los atribulados convergentes? Y luego dicen que la política española escasea en sorpresas.
Hay razones de primer plano y motivos menos obvios en esta curiosa amalgama. Las primeras se refieren al factor oportunidad. Los sindicatos deberán agradecer a Zapatero, su íntimo hasta hace muy poco, el haberles dado una plataforma de desenganche tan bien mullida como la de una reforma de la Constitución a pachas con el PP. Poder decir, sin demasiado sonrojo, tontadas contra que se cuelen en la Constitución principios neoliberales, constituye un favor insigne que les permite ir tomando carrerilla para la ardua tarea de oposición que les aguarda. Por el lado de los nacionalistas catalanes, el don tampoco es chico, porque les autoriza a un buen número de baladronadas contra el PP en vísperas electorales. Los nacionalistas catalanes se quedan en nada sin su retórica y sus lamentos, aunque es posible que se estén administrando una sobredosis al unir las protestas contra la ruptura del pacto con las indignadas manifestaciones contra la  incomprensión que, al parecer, refleja el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la enseñanza. Esto de que cualquiera que lo quisiere pueda ejercitar su derecho a ser educado en español en la red pública de la enseñanza en Cataluña, es cosa que, al parecer, sobrepasa lo admisible. 
He aquí, pues, que una medida indudablemente precipitada y traumática, pero seguramente inevitable, ha permitido la afloración de efectos colaterales beneficiosos para sujetos políticos tan distintos, que cualquiera reputaría antagónicos. Pero hay más.
Independientemente de su alcance técnico, lo que indica la reforma constitucional es que, en adelante, se habrá de estar mucho más atento a las cuentas públicas, y eso es algo que quienes han hecho virtud de su habilidad para ir arrancando, en un inagotable saqueo, apetitosos bocados del presupuesto no pueden tomarse sin sofoco. Esto es lo que los sindicatos llaman neoliberalismo, que alguien les pida cuentas de cuanto se llevan, lo que, como es lógico, solivianta a cualquiera que pretenda que no le controlen, pero es que los perversos mercados están hasta el colodrillo de tener que acudir en aval de los gastos que se hacen sin ninguna clase de consulta, sin ninguna especie de límite, ese tipo de gastos sociales que entusiasman a los avezados cazadores de rentas en que han venido a parar los sindicatos españoles. ¿Ha oído alguien  que vayan a pedir ayuda a sus hermanos de clase de Alemania o Finlandia para que les amparen ante una agresión tan violenta? 
Por razones muy similares, los nacionalistas, tampoco ven con buenos ojos que se ponga límite a lo que puedan gastar ellos, aunque seguramente son muy partidarios de que se ponga coto a lo que gasten todos los demás. Hubiera sido muy notable ver a los nacionalistas enfrentarse de manera directa y rotunda con una exigencia que se deriva  de la necesidad de mantener el proyecto europeo, así que han sido discretos, y se han concentrado en los agravios interiores, en que se les haya apartado del pacto constitucional de manera tan brusca, lo que, de paso, tiende una espesa cortina de humo sobre que han hecho mangas y capirotes con el consenso constitucional siempre que les ha convenido. 
Tanto en el caso sindical, como en el de los nacionalistas, y no digamos del 15M, se trata, por lo tanto, de protestas rituales, oportunistas y previsibles. Ahora bien, en el caso del PSOE, la cosa es más interesante y grave. La gran cuestión que se cierne sobre nuestro inmediato futuro es relativamente simple: ¿será capaz Rubalcaba de contener las ansias de derribar al PP que anidarán en el corazón de los derrotados socialistas? ¿será el PSOE lo suficientemente sólido como para controlar sus deseos de revancha en aras de una reconstrucción de amplio aliento de la economía española, gestionada por el PP? El PSOE que ha acatado disciplinadamente la decisión impuesta a su líder desde el corazón de la Unión Europea, una vez liberado del peso del poder,  ¿será capaz de mantener el tipo en los duros tiempos que se avecinan, o se dejará llevar por su carácter, como el escorpión del cuento inmemorial?
        
         

Antología del disparate

Hace unos años estuvieron muy de moda los libros que recogían respuestas disparatadas de alumnos en los exámenes. Imagino las razones por las que no se hace ahora. 
Habría que hacer un libro con los disparates políticos y hoy les brindaré uno de los más notables que haya oído nunca. Resulta que el anterior gobierno de las Baleares ha comprado un tren, por la módica cifra de 26 millones de euros, que no puede circular por las vías existentes en las islas. ¡Qué mala suerte tienen algunos! Ahora, el tren está a la espera de que alguien lo compre. Tampoco sería mala idea cambiarle el ancho de vía y probar a ver si puede unir Albacete con Toledo por la vía de alta velocidad, otro enorme disparate que tiene aún peor remedio: una vía que vale miles de millones de euros por la que no circula ningún tren de pasajeros. ¿Cuál prefieren?